Cuando cae la noche en el occidente de Venezuela, bandas de piratas armados a menudo surcan el Lago de Maracaibo para robar equipos de las plataformas petroleras, reseña Reuters.
Al otro lado del país, en el estado Monagas, cerca de 26.000 potenciales barriles de crudo se perdieron en marzo tras una paralización obligada por el robo de cables de cobre que hicieron empleados y contratistas de la petrolera estatal, Pdvsa.
En la árida península de Paraguaná, desde las barriadas más pobres, muchos socavan el muro que los divide con la mayor refinería del país, Amuay, para robar maquinaria, herramientas de construcción y cables que luego venden como chatarra.
La creciente delincuencia en Venezuela es también un dolor de cabeza para su industria petrolera, que además tiene que lidiar con la escasez de piezas y la fuga de talento en un negocio que aporta el 96 por ciento de los ingresos en divisas que recibe la nación OPEP.
Los atracos y robos en el sector petrolero van en aumento, según testimonios de unas 40 fuentes, entre trabajadores petroleros, líderes sindicales, ejecutivos extranjeros, políticos opositores, comerciantes de chatarra y habitantes de las comunidades aledañas a las instalaciones petroleras.
“Los chatarreros son incontrolables”, afirmó el teniente de la Guardia Nacional Lenin Osuna, quien ayuda a supervisar la seguridad en la refinería Amuay, donde, recordó, a veces hasta 30 personas pueden colarse en un solo instante.
“En cualquier momento alguien podría causar un daño irreparable en la refinería”, agregó mientras hojeaba una gruesa carpeta en la que documenta los incidentes de ese tipo.
La evidencia, sin embargo, es meramente anecdótica debido a la escasez de casos que se divulgan públicamente, según las fuentes, por el temor de los testigos de que los criminales tomen represalias contra ellos.
El ministerio de Petróleo y Minería reconoció el problema en su informe de 2014, pero no dio mayores detalles.
“La alta ocurrencia de eventos de inseguridad en los campos petroleros afecta la continuidad operacional en las actividades de generación y mantenimiento de la producción por hurtos y pérdidas de componentes de equipos y materiales”, dijo en su reporte anual.
PDVSA y el ministerio no respondieron a las solicitudes de más información hechas por Reuters.
A las pandillas, incluyendo aquellas que han merodeado por años las aguas del Lago de Maracaibo, las atrae una valiosa infraestructura que posee el sector petrolero, que se vuelve aún más codiciada en medio de la crisis económica que atraviesa Venezuela.
Algunos trabajadores, ejecutivos extranjeros y políticos opositores al gobierno de Nicolás Maduro alegan que por una menor supervisión al personal, en PDVSA se permitió que bandas criminales formen parte de la creciente fuerza laboral que llega a 152.000 trabajadores.
“Los trabajadores que son reclutados para ser perforadores de pozos al final terminan siendo atracadores que matan a sus propios compañeros, que los asaltan, que se roban sus equipos”, dijo Américo De Grazia, un diputado de oposición miembro de la comisión de energía de la Asamblea Nacional, que ha estado en contacto con trabajadores petroleros y líderes sindicales.
“Convierten la industria petrolera en tierra de nadie, donde nadie es capaz de ponerle orden”, añadió.
¿Sabotaje político?
PDVSA ha denunciado intentos de “sabotaje” que atribuye a enemigos políticos que buscan dañar la industria petrolera estatal para debilitar al gobierno socialista que preside Maduro.
La compañía dice estar tomando medidas, como la detención de los empleados que participaron en el robo en Monagas y un despliegue del ejército dentro de instalaciones petroleras, para demostrar que Venezuela está tomando en serio el combate al crimen en el sector.
“Estamos tratando de aumentar la seguridad”, dijo a Reuters el presidente de PDVSA, Eulogio Del Pino, durante un viaje con periodistas internacionales a la Faja Petrolífera del Orinoco, en abril.
Del Pino aclaró que el problema que enfrentan no es tan grave como en la vecina Colombia, por ejemplo, donde los guerrilleros vuelan oleoductos con frecuencia.
Otras naciones productoras de petróleo, como Nigeria y México, también han lidiado con la delincuencia en el sector, por años.
Un estricto control de cambios vigente desde 2003, que ha dificultado los flujos de caja de las petroleras que operan en el país y la fuga de personal capacitado, son los mayores retos para que Venezuela consiga aumentar su producción petrolera, que según cifras oficiales, se ubica en 2,85 millones de bpd.
Y el crimen añade más presión a quienes manejan la industria petrolera, porque erosiona la moral del trabajador, afecta la productividad y la instalación de nuevas tecnologías justo cuando una abrupta caída en los precios del crudo golpea las finanzas de PDVSA, dijeron entrevistados.
La poca vigilancia -debido al robo de motores y la escasez de partes- en las inmediaciones del Lago de Maracaibo también complica el combate de esos delitos.
“Nosotros volvimos a la edad de piedra por los robos”, dijo un ingeniero de PDVSA, cuando descansaba en casa de un familiar después de su turno en el sofocante lago. “Lo que tu instalas se la van a robar”.
Convoyes, rejas y más vigilancia
Los ladrones también tienen en la mira la vasta Faja del Orinoco, el depósito de crudo más grande del planeta donde Venezuela ha puesto sus esperanzas para aumentar su producción petrolera, mientras combate la disminución de los campos maduros que explota cerca de Maracaibo.
Las compañías petroleras extranjeras que operan en las empresas mixtas con PDVSA están presionando por aumentar la seguridad en las áreas petroleras y algunas han instalado rejas y sistemas de convoyes y han incrementado las labores de vigilancia, según fuentes cercanas a las empresas de capital mixto.
Rosneft, la mayor productora de petróleo de Rusia, por ejemplo, buscó que le garanticen más seguridad en sus operaciones en la Faja en recientes negociaciones con la estatal PDVSA, dijo una fuente cercana a esas discusiones.
Del Pino, un ingeniero educado en Stanford que dirige PDVSA desde septiembre, adelantó que la compañía está trabajando con el Gobierno para declarar la Faja del Orinoco como un área de seguridad nacional.
“(Eso quiere decir que) si alguien intenta algo allí, va a tener muchos problemas”, comentó Del Pino.
La seguridad en Amuay se duplicó en enero, con soldados disfrazados de trabajadores que patrullan la refinería y ya tienen algunos empleados bajo investigación, dijo el teniente Osuna.
Pero los críticos dicen que sólo es una gota en el océano.
Los criminales todavía irrumpen diariamente en Amuay, según líderes sindicales, a veces en motocicletas. Trabajadores del turno de la noche temen ser retenidos en su camino hacia el baño y se preocupan por sus autos después de una ola de robos en el estacionamiento de Amuay, este año.
“Te pueden robar allí en la refinería, ha pasado ya”, dijo un trabajador. “Lo hacían antes pero no tan depravadamente como ahora”.
Mientras tanto, los piratas atacan las plataformas petroleras hasta seis veces al mes, estima Francisco Luna, un maquinista en el Lago de Maracaibo y uno de los líderes de la federación de trabajadores petroleros de Venezuela.
“Los taladros están en zonas aisladas. Es más fácil que estar robando en la ciudad”, dijo.
Mientras que las remotas áreas y los campos petroleros en expansión en Venezuela han sufrido la delincuencia por décadas, veteranos de la industria dicen que la situación se ha agravado.
“No trabajaría en el Lago (de Maracaibo) hoy en día”, dijo un trabajador retirado de PDVSA que sólo dio su apellido “Sánchez”, mientras montaba bicicleta cerca de la orilla con un viejo overol del trabajo. “Está demasiado peligroso”.
Por Alexandra Ulmer/Reuters