Revender es un delito en Venezuela. Una de las actividades comerciales más normales en el mundo entero como es comprar un bien para luego venderlo se ha tipificado como delito por la Ley Orgánica de Precios Justos (“LOPJ”). Otro disparate más de la legislación penal que criminaliza la libertad económica de disposición de los bienes y el lucro, unos de los aspectos esenciales de los derechos económicos garantizados por la Constitución de 1999 y los Tratados Internacionales en derechos Humanos.
La nueva política criminal económica venezolana ha instaurado una especie rara de Estado de Excepción no declarado bajo la excusa de una guerra económica incomprensible, inmaterial e intangible, contraria a los valores y principios del Occidente Judeo-Cristiano y de tradición jurídica Greco-Romana presentes en la Globalización de la economía mundial. Se ha satanizado el ánimo de lucro y se ha impuesto por la fuerza “el fin de ruina” al querer obligar a las empresas formales a vender con pérdidas.
Los revendedores, antes llamados buhoneros y ahora llamados “bachacos” de forma despectiva por la jerga común, los medios de comunicación y ciertos voceros, formaban parte de la actividad comercial informal más activa y próspera de Venezuela en épocas de abundancia, especialmente en Diciembre, cuando todos los venezolanos se vuelcan sobre las calles para comprar los adornos y utensilios de la época decembrina. Ahora han variado su actividad, en muchos casos, para poder revender sus productos fuera del país, donde está la verdadera ganancia, porque no hay los controles de precios legales, pero corrumpentes y retrógrados de Venezuela.
Los revendedores primero fueron elogiados y estimulados por no ser empresarios formales y considerarlos una forma revolucionaria de “emprendimiento”, luego fueron satanizados como el mal absoluto y ahora criminalizados por la legislación penal.
No cabe duda que la política criminal prevista en la LOPJ que controla los precios y los califica de “justos” se ha convertido en un factor criminógeno de primer orden: no solo no logra reducirlos o mantener estables los precios, sino que ha estimulado la reventa y el contrabando de extracción a niveles masivos e industrializados, con pérdida material de recursos en cifras incalculables y con la más descarada corrupción de funcionarios tolerantes, cómplices o asociados en el negocio. Ni hablar de la reventa dentro de las fronteras nacionales: el buhonerismo y el “resuelve” son fenómenos urbanos de la llamada economía informal, ahora criminalizados sin éxito alguno. El régimen cambiario ha tendido un peso decisivo en este drama.
Las nuevas tipologías delictivas son (i) la hormiguita, es decir, el contrabandista de pequeñas cantidades de mercancía comprada en Venezuela y llevada a cualquier punto de los 19 estados fronterizos (terrestres, marítimos, lacustres y fluviales) que han sido clasificados así en nuestro país; y el bachaco: contrabandista en masa que lleva mercancía ilícita por cualquier cantidad a través de medios más sofisticados y mejor logística (incluidos los sobornos) a todos los puntos conocidos y públicos por los que se atraviesa la geografía nacional hacia otro país. O sea, el delito de contrabando se ha convertido en un fenómeno social y un mecanismo para enriquecerse rápidamente para algunos o para sobrevivir en medio de la menesterosidad para muchos.
La afectación profunda de los derechos humanos de propiedad y de libre comercio que ha producido la LOPJ está en la raíz del problema: escasez de productos debido a la falta de producción nacional, desempleo por el cierre de empresas, inflación galopante y sin freno, pérdida del valor de la moneda nacional y un sinfín de trastornos económicos, nada más que por imponer un modelo “controlista” que no guarda relación racional con la economía social de mercado. La historia, la corrupción y las hambrunas debieron enseñarnos a no repetir los errores soviéticos y chinos y de otros países (salvo escasas excepciones que no han aprendido) que ya pasaron por esto en el siglo XX y tuvieron que volver al sendero del libre mercado.
Los controles, para que no generen oportunidades de corrupción, deben ser a posteriori, no a priori, según se demuestra día a día en las economías prósperas. La vieja Alcabala del control previo corrumpente ha sido una rémora en Venezuela desde la Colonia española hasta nuestros días.
De esta manera, el “controlismo” legal y la represión penal de la economía de mercado han producido un efecto al revés, paradojal y absurdo. Más de 80 leyes penales con más de 900 delitos (sobre todo los económicos) son datos demasiado abrumadores. La discrecionalidad ha ocasionado una gran corrupción.
Hace falta entender lo anterior y crear un mejor ambiente a los derechos humanos de tipo económico, todos ellos universales, interdependientes, indivisibles y progresivos, como reza la Constitución. Esa es la fórmula eficaz contra la reventa, el contrabando, el bachaqueo y el hormigueo. ¡Funciona muy bien en muchos otros lugares!, ¿por qué no debería funcionar en Venezuela?