Sorprendidos. Así se mostraron los defensores de la suspendida jueza María Lourdes Afiuni ante la noticia de que el Ministerio Público solicitó ayer al Tribunal 17 de Juicio de Caracas que le permita a su cliente “acudir ante las instancias internacionales que estime pertinentes, a objeto de formular las observaciones o denuncias que considere necesarias”, pues aseguraron que en el expediente no aparece tal petición y consiguieron un documento que certifica esto.
“Ni ayer ni en el transcurso del día de hoy ese documento figura en el expediente y lo que no está en el expediente no existe (…) Hasta las 11:30 de la mañana de hoy ese documento no existe en el expediente (…) El último documento que está en el expediente es una solicitud de la Fiscalía del 3 de julio, donde pide copias de una serie de comunicaciones enviadas por Afiuni (…) No entendemos cómo ese material llegó a los medios y las redes sociales”, afirmó el abogado José Amalio Graterol, uno de los representantes de la funcionaria, quien en conversación telefónica con este diario no dudó en calificar el contenido del mismo como una “extorsión”.
“Todo dice que ese documento que han publicado los medios y ha circulado por las redes sociales es una extorsión, porque el Ministerio Público pretende condicionar la posibilidad de que ella acuda a instancias internacionales a que se someta a una prueba grafotécnica para contrastar su firma”, explicó, al tiempo que agregó: “Afiuni debería poder viajar a donde quisiera, porque sobre ella pesa desde hace cinco años una medida de prohibición de salida del país, pese a que la Constitución solo permite que ese tipo de medidas duren dos años”.
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