El dirigente político venezolano Oscar Pérez, actualmente asilado en Perú, anunció que en las próximas horas consignará ante la oficina de la OEA en Lima un documento dirigido al secretario general de este bloque hemisférico, Luis Almagro, a través del cual formalmente denunciará la “ilegalidad” de las inhabilitaciones políticas a dirigentes opositores como María Corina Machado, Enzo Scarano, Daniel Ceballos, entre otros, impulsadas por la Contraloría General venezolana como antesala a los comicios parlamentarios del próximo 6D..
Pérez aseguró que las inhabilitaciones violan el artículo 23 de la Convención Americana sobre derechos humanos que establece que el ejercicio de los derechos políticos solo está limitado por una condena o un proceso penal, lo cual en su opinión no es lo que se evidencia en Venezuela “donde a través de procesos sumarísimos y de manera exprés son impedidos de participar en los venideros procesos electorales a destacados dirigentes políticos de la oposición con potencial arraigo popular en diversas regiones del país”.
“Ha quedado claramente evidenciado que el verdadero artífice de este apartheid político es el propio Nicolás Maduro, quien en una actitud cobarde y cargada de nerviosismo pretende evitar que el próximo 06D cambie radicalmente la actual composición política del país, cuando la mayoría de la Asamblea Nacional pase a manos de los sectores democráticos, para colocar estos espacios al servicio de todo el pueblo venezolano, por lo que aspiramos que nuestra solicitud denuncia sea seriamente considerada y evaluada, y que en el marco de Pactos, Tratados y Acuerdos internacionales suscritos por Venezuela y países miembros de la OEA, puedan fijar posición sobre esta aberrante forma de persecución a la disidencia, que solo es conocida en regímenes no democráticos como Irán, Bielorrusia y Zimbabwe”.
“En 2008 rechazamos la decisión de la Sala Constitucional del TSJ sobre la constitucionalidad del artículo 105 de la Ley de Contraloría, pues con ella se colocó a espalda de la Constitución Nacional y se convirtió en cómplice necesario del sistemático proceso de destrucción de la democracia, la institucionalidad y del estado de derecho que se está adelantando en nuestro país; desconociendo lo que de manera muy clara establecen los artículos 42 y 65 de la Constitución, en cuanto a que solo a través de una decisión judicial penal definitivamente firme es que se podrá limitar o suspender alguno de los derechos políticos de los venezolanos”
Finalmente Oscar Pérez enfatizó que estas desesperadas e ilegales decisiones no pueden desmotivar a los sectores democráticos del país de cara a las elecciones parlamentarias del próximo 06 de diciembre y que al contrario ahora más que nunca hay que organizarse para salir a votar masivamente y propinarle a quienes pretenden desconocer la Constitución y al pueblo, lo que denominó un “revolcón democrático”.
Nota de prensa