Las comandancias o centros de reclusión permanente son calabozos construidos para tener a las personas privadas de libertad en un lapso no mayor de siete días. Por lo general son celdas de dos metros por dos, reseñó El Impulso.
Por Karina Peraza Rodríguez.
En la actualidad esos siete días en una celda de reclusión se han traducido hasta en dos y tres años, debido a que los privados de libertad no están siendo trasladados a los centros penitenciarios, porque algunos están abarrotados o porque simplemente el Ministerio de Asuntos Penitenciarios no da los cupos, pasándole por encima a los mandatos del Tribunal Supremo de Justicia.
El Observatorio Nacional de Prisiones estima indica que a finales del 2014, el 60 % de la población penal se encontraba en centros de prisión preventiva.
En Lara 1.494 privados de libertad se encuentran en comisarías y retenes, en los calabozos de Polilara tienen 826 detenidos, Cicpc 221, Policía Nacional Bolivariana (PNB) 200, Guardia Nacional 200 y Policía Municipal de Iribarren 47. Así lo dieron a conocer los miembros de los diversos cuerpos de seguridad que hacen vida en la región, en una reunión sostenida con diputados del Consejo Legislativo del estado Lara (CLEL). Edilberto León, director de Seguridad y Orden Público, manifestó que el hacinamiento en Polilara es de 140 %, mientras que en Cicpc tienen una capacidad de albergue de 52 personas, pero tienen 169 de más.
A través de trabajadores del Centro Penitenciario David Viloria, mejor conocido como Uribana, trascendió que actualmente tienen una población de 2.087 procesados, 153 femeninas, mientras que en Fénix tienen 2.220 penados, de los cuales 253 mujeres.
En David Viloria, existe espacio para que se hagan traslados de internos, trascendió que existen tres galpones que fueron construidos y adecuados para los privados de libertad, que se encuentran vacíos. Asimismo se conoció que en Fénix también tienen espacio.
Según expresaron los jefes de las diversas delegaciones del Cicpc Lara, tienen que adular al director para conseguir un traslado hacia los centros penitenciarios, a la misma vez que indican que tienen una bomba de tiempo en sus manos, colocando como ejemplo los hechos violentos que se han registrado en Caracas y Miranda, por rescate de detenidos que se encuentran en los centros de prisión preventiva.
Edilberto León comenta que desde el momento en que un Tribunal le dicta su privativa de Libertad, el detenido debe ser trasladado hasta los centros penitenciarios y son dejados en los calabozos, violando por completo sus Derechos, primero porque que las condiciones no son las recomendadas, los espacios son limitados, las visitas mínimas, no tienen espacios para recreación, han tenido que modificar baños, pasillos, para convertirlos en pabellones y así mismo en muchas ocasiones el mismo funcionario es quien debe suministrar el alimento a los detenidos, saliendo de su propio bolsillo.
Humberto Prado asegura que la solución no está en hacer más centros penitenciarios, sino tener mejores políticas preventivas, indica que la respuesta a toda está situación la tiene el Estado.
“Mientras sigan personas que no saben nada del sistema penitenciario frente al Ministerio no se avanzará”, destaca el presidente del Observatorio Nacional de Prisiones.
Desvían uniformados para custodiar presos
Para la custodia de los detenidos están desviando uniformados, más de 800 Polilara están destinados al cuidado de los detenidos, representando un 15 % de la institución.
En otros cuerpos como Cicpc, PMI, donde la cantidad efectivos es menor, es más notable la ausencia de los uniformados.
Aparte de la desviación de recurso humano, lo están haciendo con los equipos, porque tienen que destinar patrullas para aquellos detenidos que serán trasladados a tribunales, chequeos médicos.
Dicha situación está afectando al colectivo y a la ciudadanía, porque se deja de un lado el patrullaje en las calles, y las investigaciones quedan incompletas o son tardías, pues no existe el suficiente personal para atenderlas.
Respuesta de la ONU
Catorce años tenía el Estado en silencio ante el Comité de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Es el cuarto informe que presentan, tiene siete años de retraso y según Humberto Prado, Venezuela salió aplazado en dicho exámen.
Al Comité de la Organización de Naciones Unidas (ONU) le preocupan las informaciones contradictorias que ha recibido respecto a los niveles de hacinamiento y las condiciones de detención, particularmente en relación con el acceso a servicios de salud adecuados, en los lugares de privación de libertad. Asimismo, le preocupan los informes relativos al elevado número de personas que se encontrarían privadas de libertad, a veces por períodos muy prolongados, en instalaciones policiales que estarían diseñadas para albergar a las personas sólo por unos pocos días.
El Estado parte debe:
Incrementar sus esfuerzos para mejorar las condiciones de detención en todos los lugares donde haya personas privadas de libertad, entre otras cosas garantizando que no haya hacinamiento, y velar por que en todos esos lugares se respete la dignidad de los privados de libertad.
Adoptar medidas para que no haya personas privadas de libertad en instalaciones policiales por períodos prolongados de tiempo.
Redoblar sus esfuerzos para poner fin a la violencia en los centros de privación de libertad, incluyendo mediante la efectiva eliminación de la tenencia de armas, y asegurar que todos los casos de violencia sean investigados de manera pronta, exhaustiva, independiente e imparcial, y que los autores sean llevados ante la justicia y debidamente sancionados.