Las incursiones militares y policiales iniciadas en todo el país para erradicar a las bandas criminales tienen muy poco de rescate de la institucionalidad y mucho de propaganda electora.
Por Javier Ignacio Mayorca en Crímenes sin Castigo
De repente, al gobierno del presidente Nicolás Maduro le preocuparon las bandas criminales. De la noche a la mañana el tema de la inseguridad ciudadana, que apenas ocupó un discreto séptimo lugar en sus prolongadas intervenciones públicas del año 2014, ahora compite en su mapa mental con la “guerra económica” y el despojo guyanés.
Un primer intento de lo que anunciaban sus palabras fue la redada en el sector San Vicente del estado Aragua, el 13 de mayo, con un saldo de tres muertos y 836 “retenidos”. Luego quedarían solamente dieciséis, al pasar por la criba del Ministerio Público. Participaron desde policías estatales hasta soldados del Ejército y la Guardia Nacional. Todo un despliegue pomposo para un saldo que terminó diluido como sal en agua. Tanto que pocos días después fue necesario reproducir la actividad en el mismo lugar, aunque sin tanta propaganda del Sibci.
La incursión en la Cota 905, llevada a cabo un mes después, tuvo más muertos (16), menos “retenidos” (134) y mucha más proyección noticiosa pues ocurrió en el corazón del municipio Libertador. De allí que algunos analistas lo llamen el “Cotazo”, en reminiscencia de la sorpresiva jugada de Maduro contra la cadena de tiendas Daka, que en 2013 le valió un importante repunte en las encuestas (cinco puntos según Datanálisis).
Y eso es precisamente lo que Maduro busca con la llamada Operación de Liberación del Pueblo (OLP): recuperar aunque sea un pequeño porcentaje de aquellos seguidores que le dejó en herencia su “padre político” Hugo Chávez. Olvidémonos del rescate de la institucionalidad, del abatimiento de la impunidad y del retorno de la tranquilidad a las calles del país. Lo que vemos son acciones para mostrar “mano dura” frente al hampa, y ponerse así en sintonía con las encuestas que colocan a la delincuencia como la segunda preocupación de los venezolanos afectos a todas las corrientes políticas, sólo superada por el desabastecimiento unido a la inflación.
Para mostrar “mano dura” no hace falta un plan o proyecto, no hay que explicar un antes y un después. Sólo mostrar las armas, los francotiradores con pasamontañas, las tanquetas y helicópteros, patear algunas puertas y dejar que los policías salden las cuentas pendientes.
Como los problemas económicos del país parecieran insolubles para el actual régimen, se inició una campaña de acciones relámpago tipo blitzkrieg, para dar a entender que aquí por lo menos había la intención de hacer algo, para que así los electores no se la cobren tan cara al Gobierno en las elecciones parlamentarias de diciembre.
Al respecto se recoge aquí parte de unas reflexiones del criminólogo Keymer Avila, ex asesor del Consejo Nacional de Policía, a propósito de lo ocurrido en la Cota 905: “El problema de la inseguridad ciudadana (,,,) sirve como receptáculo para esconder dentro de sí otras incertidumbres: la económica (inflación y escasez), la laboral, la política, la institucional. Es más fácil ejecutar a unas cuantas personas (delincuentes o no, eso es lo de menos) que dar respuestas a través de la transformación económica y productiva del país, o despolarizar y fortalecer la institucionalidad democrática del Estado”.
Si este Gobierno estuviera comenzando, uno le daría por lo menos el beneficio de la duda. Pero en las actuales circunstancias a Maduro y su equipo le resultará muy difícil escurrir el bulto. La explosión de criminalidad que cruza a toda Venezuela, aparejada al surgimiento de las llamadas “megabandas”, es simplemente el producto de una cadena de desaciertos entre los que se cuentan (sin ser exhaustivos) la partidización de los cuerpos de seguridad y del sistema de justicia; el aislamiento internacional que hace del país territorio apetecido por las más variadas expresiones de la delincuencia organizada, propia y foránea; la desastrosa ejecución del “nuevo modelo policial”; el fortalecimiento político y económico de los colectivos armados aunado a la militarización del aparato de seguridad y, como guinda para el pastel, la puesta en marcha del programa de las “zonas de paz”, donde los grupos criminales han encontrado terreno fértil para operar con impunidad y diversificar sus áreas de acción.
En otras palabras, el Gobierno ahora pretende erigirse en la solución de una crisis generada por sus propias contradicciones y desaciertos acumulados en quince años.
Chávez podía despachar estos problemas echándole la culpa al ministro de turno. Su popularidad era tan grande que crecía a pesar de sus propios errores. Y en materia de seguridad ciudadana fueron recurrentes. La gente terminaba atribuyendo el auge de la criminalidad al matón de la esquina, al policía corrupto o la “falta de valores”. La responsabilidad se atomizaba. Incluso los chavistas se culpaban a ellos mismos por haber estado al lado de un hampón en mal lugar y peor hora. Pero con Maduro esta realidad ha cambiado. Ya desde mediados del año pasado las encuestas comenzaban a asomar un creciente descontento que le asigna directamente a él la culpa por el hampa sin freno.
En este contexto se desarrolla la OLP. No obstante, se debe tomar en cuenta que estas razzias, más propias de los tiempos en que estaba vigente la Ley de Vagos y Maleantes, impactan de manera negativa a las comunidades en las que se llevan a cabo. Muchas de ellas fueron consecuentes seguidoras del oficialismo. Basta con ver las manifestaciones frente a la Fiscalía de madres indignadas porque a sus hijos los tildaron de “paramilitares” pues tuvieron la mala suerte de estar en las calles de la Cota 905 cuando llegaron los policías.
El día en que ocurrió la toma de este sector los comercios de todos los alrededores cerraron, el transporte público no prestó servicio y nadie (salvo el líder de la megabanda del lugar, alias Coki) podía entrar ni salir. La gente común se preguntaba por qué tenían que pagar por los delitos de unos pocos. Igual ha ocurrido en los Altos Mirandinos, y seguramente en otros lugares donde las quejas han sido acalladas por la censura y la autocensura.
Luego, sobre la marcha, en el Ejecutivo se dieron cuenta de que había necesidad de improvisar algún plan para que la operación no se quedara en redada, para que la gente creyera que seguían algún modelo como el aplicado en las favelas de Río de Janeiro. Una semana después, el alcalde Jorge Rodríguez anunció que por órdenes presidenciales se instalaría “de manera definitiva” en la zona. Esto está por verse. Cabría preguntarse si esta orden presidencial será la misma en aquellos lugares donde los alcaldes o los gobernadores no estén alineados con el oficialismo.
Una última reflexión, pero no por eso menos importante. Creemos que estas operaciones están destinadas al fracaso, entre otras razones pues no parten de la legalidad. ¿Le mostraron a los residentes de la Cota 905 o de los Valles del Tuy aunque sea una orden de allanamiento debidamente expedida y razonada por un juez de control? Acciones en flagrancia no eran, pues al menos en el caso de la barriada caraqueña se sabe que tenían días planificándola. En este punto uno recuerda lo señalado por el ex juez español Baltazar Garzón: el Estado no se puede imponer desde la violación de las normas. Por el contrario, tiene que hacerlo reivindicando el cumplimiento riguroso de las leyes. Nada de esto vimos en la OLP. Y lo peor de todo es que una porción de la población directamente afectada por estas incursiones policiales y militares está dispuesta a avalar con su silencio la matanza. Por supuesto, siempre y cuando los cadáveres no sean los de su hermano o su hijo.
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