El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) denunció los desalojos forzosos de cientos de familias pacíficas como resultado de las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP) realizadas por el Gobierno con el propósito de erradicar las “células del paramilitarismo”, reseñó El Tiempo
La Organización No Gubernamental (ONG) afirmó que estos procedimientos atentan contra el debido proceso y quebrantan las garantías internacionales.
El coordinador de investigación de Provea, Inti Rodríguez, explicó que los despliegues de seguridad ejecutados en Montalbán (Caracas) y en la carretera Panamericana (Miranda) no sólo se caracterizaron por el uso excesivo de la fuerza por parte de los militares y policías, sino que también dejaron un saldo importante de ciudadanos afectados que no son delincuentes.
“El gobierno derribó sin aviso más de 200 casas en asentamientos que tenían hasta 10 y 20 años en la Panamericana (…) Si allí había gente involucrada en delitos, entonces tendrían que haber sido puestos a la orden de un juez. Pero ahí no sólo vivían delincuentes, también había mujeres y niños que no tienen nada que ver”, dijo.
Rodríguez aseveró que Provea ha recibido decenas de denuncias de los vecinos del sector El Cují ubicado en los kilómetros uno, dos y tres de la carretera Panamericana, vía que comunica a Caracas con el estado Miranda. Destacó que durante la redada detuvieron cerca de 50 personas sólo por reclamar los abusos policiales.
Sin embargo, el balance presentado la noche de este lunes por el ministro de Interior y Justicia, Gustavo López, refirió que el pasado viernes 24 de julio se demolieron un total de 299 viviendas “improvisadas”, fueron aprehendidos 15 extranjeros, entre los cuales había uno solicitado por abuso sexual, y además se acabó con un sembradío de marihuana.
La OLP fue activada el pasado 13 de julio por el Gobierno, luego de una movilización realizada en la Cota 905 que dejó 15 muertos. Hasta ahora se han hecho 20 OLP, de las cuales siete se ejecutaron en el estado Miranda.
Condiciones
Para el coordinador de Provea, el hecho de que el Ejecutivo pretenda condicionar el acceso a la vivienda constituye una violación a los DDHH.
“Este es un derecho universal consagrado por la ONU. La vivienda no puede ser utilizada como un castigo o recompensa. Una familia está conformada por más de una persona y no se puede presumir que todos son malandros”, apuntó.
Rodríguez dijo que antes de concretar cualquier desalojo las autoridades deben seguir un procedimiento legal. Mencionó que en el caso de que una zona sea declarada como de alto riego, debe ser notificado a con anticipación a los afectados para buscar una solución.
El presidente Nicolás Maduro reiteró este lunes que le “quitará” los apartamentos asignados en el marco de la Gran Misión Vivienda a todo el que cometa un delito.
“Aquel que utilice su casa de la Misión Vivienda para atracar, para bachaquear o para narcotráfico ya se las voy a quitar como se las estoy quitando”, subrayó el jefe de Estado en cadena nacional.
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