Durante las últimas horas, mientras se mediatiza el despliegue de los denominados Operativos de Liberación y Protección del Pueblo – por cierto, erróneamente enunciado bajo la sigla OLP en lugar de ‘OLPP’-, no puede obviarse que ese pretendido ataque al hampa, principalmente en beneficio de los sectores desposeídos, es consecuencia, por ironía, de la propia lenidad gubernamental en prevenir de forma sistémica e integral el fenómeno de la delincuencia.
“Desde 1999, en Venezuela se legitimó socialmente al delincuente”, afirma el abogado penalista Luis Izquiel, experto en materia criminológica, al recordar que desde la máxima figura del Poder Ejecutivo se produjo un mensaje justificador de la acción ilegal, al avalar, por ejemplo, que si una persona tenía hambre resultaba válido que cometiera un robo. “Eso causó mucho daño en la sociedad”, completó el también coordinador de Seguridad Ciudadana de la Unidad Democrática.
El pronunciamiento de este fin de semana del ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López, sobre los resultados que arrojaron en los estados Portuguesa, Aragua, Barinas y Zulia las ejecutorias señaladas, ofrece saldos interesantes como insumo de la opinión del público, referidos a la aprehensión de personas incursas en la comisión de diversos delitos, incautación de armas en posesión ilícita y recuperación de vehículos.
Inclusive, sobre la acción que se desarrolló en el municipio fronterizo Guajira, en la entidad zuliana, el titular del MRIJP manifestó que se había asestado un golpe al “bachaqueo que fomenta la guerra económica”, tras decomisarse alimentos de primera necesidad que se encontraban en manos especulativas.
OLP: Ineficientes desde su bautizo
Estas iniciativas bautizadas OLP tuvieron su emprendimiento inicial a mediados del mes de julio, cuando en planes combinados entre la Policía Nacional Bolivariana, la Guardia Nacional Bolivariana, Sebin, Cicpc y hasta el propio Ejército, penetraron sectores otrora afectos al régimen.
Aún son objeto de polémica las crónicas acerca de lo hecho en las áreas capitalinas de la Cota 905; en los primeros kilómetros de la carretera Panamericana, enfilando desde el Distrito Capital rumbo a la jurisdicción mirandina; en predios de la urbanización Montalbán; y en los edificios de las Gran Misión Vivienda Venezuela ubicados a las márgenes de la céntrica Avenida Bolívar.
“El Estado abandonó a un grupo de jóvenes entre los 15 y los 28 años, que es donde está concentrada la gran mayoría de las víctimas y los victimarios del delito en el país”, aludimos de declaraciones ofrecidas por el analista Luis Izquiel, cotejándolas con esta especie de “purga profiláctica” que busca, de acuerdo con los voceros que las promueven, reducir el azote del hampa en las comunidades, pero que, al final, derivan en ínfimas detenciones comparadas con el contingente empleado.
OLP: Elefante entrando en cristalería
“En la Cota 905 no fueron capturados los principales azotes, aunque hubo la reseña sobre la aprehensión de cientos de personas – 134 -, pero luego todo concluyó en el arresto efectivo de 7 nada más”, enfatiza Izquiel, indicando que los principales perseguidos por la justicia se encuentran libres.
“Para muestra, allí está “El Picure”, azotando al estado Guárico y al sur de Aragua, siguen funcionando las bandas de “Juvenal” y “Javierito”, así como otros elementos en las ‘zonas de paz’ declaradas en Miranda. También les ha fallado la Inteligencia: van a un sector sin la investigación previa y no son precisos en la ubicación de las personas que buscan”, complementa el declarante.
“¿A donde van a ir a parar los detenidos en los OLP?”, se pregunta el especialista, refiriendo que las cárceles se encuentran hacinadas al igual que los retenes policiales. “El día que desplegaron el OLP en la Cota 905 se escaparon 18 delincuentes del Cicpc de Quinta Crespo. Hace pocos días hicieron un OLP en Carabobo y detuvieron a cuatro delincuentes y, al día siguiente, se evadieron, 6 personas de la Policía de Guacara; es decir, que el OLP debe dos delincuentes. ¡Así no se puede!”, ironizó.
OLP: Improvisación que hasta casas tumba
Sobre la concepción y fundamentos de los Operativos de Liberación y Protección del Pueblo no se manejan datos algunos. “No sabemos muy bien en qué consiste el OLP, porque eso no tiene un desarrollo teórico, eso no está explicado en ninguna parte, al igual que otros planes desarrollados en el pasado”, puntualiza Luis Izquiel, expresando que los OLP han servido para todo, verbigracia, para demoler casas, como sucedió en la carretera Panamericana; o para amenazar a quienes incursionaron en establecimientos comerciales en el estado Bolívar.
“El problema de inseguridad que tenemos en Venezuela no lo vamos a resolver con un operativo, sea militar, sea policial. Este es un problema estructural, profundo, que pasa por el sistema de justicia. El OLP no toca el sistema de justicia, ni el tema del desastre penitenciario y tampoco lo relacionado con la prevención de delito y la recuperación de las Policías”, denuncia el criminólogo Luis Izquiel, al enumerar algunas de las falencias sobre los lineamientos correspondientes.
”Aquí hubo toda una manía armamentista, también desde el Poder: se habló de la tesis del ‘pueblo en armas’, y se equipó a grupos paramilitares con objetivos de control político, de control social. Con esa proliferación de armas terminaron muchas de ellas siendo utilizadas para cometer delitos contra los venezolanos”, dijo.
La “destrucción institucional” es otro punto de inflexión que aborda el vocero opositor. “Por aquí pasó un huracán que acabó con todas las instituciones del país, entre ellas, las que tienen que ver con la seguridad ciudadana. Aquí se destruyó todo lo que es el sistema policial en Venezuela, se politizó el sistema de justicia, el Ministerio Público, los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y todos los jueces de todas las instancias penales”, destacó.
OLP: Inútil ante la impunidad
“Eso ha causado una gran impunidad porque esos operadores de justicia están allí, en la gran mayoría de los casos, no por méritos personales sino por obsecuencia política, por pertenecer a un partido, por ser, digamos, sumisos al partido de Gobierno. Por tanto, no tienen independencia, no tienen autonomía en el ejercicio de sus funciones y eso lo paga el pueblo venezolano con esta impunidad que gozan los delincuentes”, asevera Izquiel, denunciando que actualmente ronda el 98 % el porcentaje que tienen los delincuentes de ser sancionados por el Estado.
Por supuesto que el tópico de las cárceles no falta en su dictamen. “En Venezuela, el sistema carcelario es sinónimo de escuelas de delincuentes, no se rehabilita nadie, hay un altísimo índice de reincidencia criminal una vez que las personas salen de pagar su condena; las cárceles no son dominadas por el Estado sino por pranes que hacen lo que les da la gana dentro de estos recintos penitenciarios”, reclama el profesional del Derecho.
Izquiel adjunta, asimismo, un asunto no menos importante: el abandono de la prevención social del delito. “Nosotros tenemos muchos problemas sociales que conllevan lamentablemente, sobretodo, a la juventud a incurrir en temas delictivos. Tenemos un desempleo juvenil, por ejemplo, que duplica al desempleo abierto, al promedio nacional; tenemos graves déficits en la prevención del consumo excesivo de alcohol y el consumo de drogas. Venezuela, por otra parte, está entre los líderes en la región en el tema del embarazo precoz. Hay una infraestructura del país que facilita también la comisión de delitos; el alumbrado público, es este sentido, falla en todo el territorio nacional, y sabemos que la oscuridad es un elemento que utilizan los delincuentes para cometer con mayor facilidad sus acciones”.
El abogado Luiz Izquiel, coordinador de Seguridad Ciudadana de la Unidad Democrática, sugiere, como recomendaciones, que “tiene que haber consenso en las fuerzas políticas para que las medidas sean reconocidas por todos; reconocer el problema, no desviarlo a causas que no existen – paramilitares, por ejemplo -. Y el Gobierno Nacional debe aceptar las críticas constructivas que se han endilgado en torno a estas fracasadas políticas de seguridad e, inclusive, convocar a la concertación a las fuerzas políticas para que se cuente con el respaldo de todos en materia de lucha contra el hampa”.
Nota de prensa Unidad Venezuela