Una investigación periodística sobre la detención de Araminta González condujo a dos hombres que se hacían pasar por activistas estudiantiles y dirigentes de partidos políticos de oposición: Carlos Eduardo Trejo y José Rafael Pérez Venta. Ambos han sido señalados como “patriotas cooperantes” (informantes de cuerpos de seguridad del Estado) que infiltraron partidos políticos de oposición para entregar a estudiantes y manifestantes que participaron en las protestas de 2014.
Jesus Alberto Yajure / Runrunes
Trejo tiene dos denuncias por estafa en Valera, Trujillo; mientras que Pérez Venta también ha sido acusado del mismo delito en las redes sociales por algunas de sus víctimas.Los dos fueron detenidos entre el lunes 10 y el martes 11 de agosto por el asesinato de Liana Aixa Hergueta, quien fue hallada descuartizada el viernes 7 de agosto en Las Palmas.
Los registros de las conversaciones entre ambos, sus actividades en las redes sociales y sus testimonios ofrecidos en exclusiva a Runrunes revelan la trama de esta estructura de espionaje político y crimen:
“Yo mañana voy al Sebin y la voy a pajear durísimo, hermano”, se lee en una fotografía que muestra un diálogo telefónico entre dos personas. La comunicación ocurre por medio del servicio de mensajería de Blackberry PIN. En otra línea del mismo diálogo aparece: “Lo siento. Es mi nombre el que está en juego”.
Luego, más abajo, llega la respuesta: “Déle con furia”.
La conversación tuvo lugar al menos tres días antes de la detención de Araminta González por parte de funcionarios de la División Contra el Terrorismo del Cicpc. Los interlocutores son dos “activistas” y manifestantes a los que González dio alojamiento en su apartamento, en la urbanización Menca de Leoni, en Guarenas, Miranda, durante el mes julio de 2014.
González —graduada con título universitario en procesos químicos del Instituto Universitario de Tecnología Dr. Federico Rivera Palacios— fue apresada el 24 de julio de 2014 en las inmediaciones del Centro Comercial Lido, en Chacao, Caracas. Fue acusada de cargos de terrorismo, asociación para delinquir y elaboración ilegal de explosivos. El cargo de terrorismo fue desestimado por el Ministerio Público (MP) en los meses siguientes.
En el expediente de su causa judicial se menciona que las autoridades habían recibido una llamada de un “patriota cooperante” que había señalado a González, quien trabajaba en una empresa farmacéutica, como cómplice en una supuesta conspiración para elaborar explosivos que serían luego colocados en varios puntos de Caracas. El objetivo del plan era, según las autoridades, desestabilizar el país y volver a “encender” las protestas contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, sofocadas tras una oleada de allanamientos y detenciones masivas durante abril y mayo de 2014.
En la documentación también se reseña como supuesto cabecilla de la conspiración al politólogo Vasco Da Costa y a otros dos implicados: el técnico electrónico José Luis Santamaría y un administrador en el Banco Central de Venezuela (BCV), llamado Efraín Ortega. Todos los acusados fueron detenidos el 24 de julio y han permanecido un año encarcelados sin que se haya celebrado la audiencia preliminar, suspendida en trece ocasiones, casi una por mes. La ausencia del MP ha sido la causa de la mayoría de los diferimientos en el juicio.
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