Para el director y presidente de la Policía de Miranda comisario general Elisio Guzmán, la impunidad existente en Venezuela, se debe a la carencia de una seria política criminal integrada en el país y a la falta de cultura de denuncia.
En el caso específico de los procedimientos adelantados por la Policía de Miranda, la impunidad alcanza 60%, pues de 473 personas detenidas durante los primeros seis meses del año, 278 fueron puestas en libertad a través de medidas cautelares y fianzas dictadas por el sistema judicial. Sumado a ello, el 31% de los casos de los aprehendidos en flagrancia ni siquiera llegaron a juicio. “Los beneficios sin control adecuado permiten la impunidad del delincuente”.
Comenta que actualmente la impunidad se origina por múltiples factores y que habría que analizar puntos claves, en especial el “divorcio” que existe entre las policías, fiscalías, tribunales y el sistema carcelario, el cual genera un proceso largo y costoso para cada organismo, pues desde la detención del delincuente hasta el momento en que finalmente llega a su lugar de reclusión pueden pasar muchos años. Sólo el 18% de los apresados por este cuerpo de seguridad recibieron un cupo en las cárceles venezolanas
Señala además que la aplicación de las medidas que otorga el Sistema Penitenciario, como el régimen abierto que poseía el implicado en el asesinato del supervisor agregado de la Policía de Miranda, Luis Hernández, es un “beneficio para delinquir”, porque no existe un seguimiento para constatar que el favorecido cumpla con las medidas establecidas para su reinserción a la colectividad. “Nosotros nos preguntamos, ¿quién controlaba al presunto homicida de nuestro funcionario?”, enfatizó.
En este sentido, explica que los aprehendidos pudieran obtener beneficios de dos maneras: cuando se determina que han modificado su conducta y su manera de pensar y la segunda, cuando se otorga el dictamen simplemente para deshacinar las cárceles. “En los dos casos, para el detenido es un beneficio real. Para la sociedad existe un logro si se cumple el objetivo de reeducarlos. Cuando ocurre lo contrario, la comunidad continúa siendo amenazada por ese individuo, que sale a la calle sin probabilidades de integrarse a la sociedad de forma correcta y vuelve a su vida criminal”.
Enfatiza que a los individuos se les restringe su libertad, pero sin carácter retaliativo, es decir, la pena que se impone no es una venganza de la sociedad, “la idea de la pena, es darle un tiempo al Estado, para reeducar a ese hombre, en una escuela seria, donde necesariamente tenga que atender y aprender un modo de vida, un respeto a la autoridad y una capacidad de desenvolverse en el tejido social y eso no ocurre”, señaló.
De acuerdo a Guzmán, las cárceles venezolanas no están aptas estructuralmente para llevar a cabo los programas de salud, empleo, educación, recreación y deporte; a ello se le suma las innumerables fallas en el sistema judicial, pues los procesos suelen ser largos y tediosos, lo que obliga a muchos a desistir. “Y es que no existe un sistema adecuado que vaya desde la prevención hasta la reeducación del individuo implicado en hechos delictivos”.
El comisario general destaca que los detenidos en las salas de custodias de todos los cuerpos de seguridad luego pasan a un centro penitenciario a manos de un “pran”, un autogobierno perverso que hay en las cárceles, donde el recluso no aprende nada, “y lo que ocurre cuando salen, bien sea por una medida o por cumplimiento de pena, es trasladar esa violencia intracarcelaria a los barrios, por lo que se convierte en un ciclo difícil de detener”.
“Para acabar con la gran mayoría de estos problemas, el Estado debería hacer una revisión exhaustiva de los penales, también invertir en la construcción de nuevos centros de reclusión, para así realizar la clasificación de los detenidos por el tipo de delito que cometieron, acabar con la cultura del “pran” aplicando los principios básicos de capacitación, trabajo y la reeducación de cada uno de ellos para ser reinsertados en la sociedad, pues una de las funciones del sistema penitenciario es hacer cumplir la condena bajo condiciones que permitan la modificación conductual del individuo”, puntualizó Guzmán.
Nota de prensa