Los gobiernos siempre deberían ser preventivos, cautos y nunca tener actuaciones extemporáneas y fuera de lugar. El pueblo venezolano, como cualquier pueblo del mundo, no quiere vivir bajo gobiernos cargados de políticas aparentes, aparatosas, tremendistas que evadan realidades mediante la difamación contra sus adversarios ni pongan en peligro a sus vidas y a sus libertades. La credibilidad, la autoridad y el respeto son, en su conjunto, el espíritu fundamental de todo régimen. Es por ello, que los gobernantes, deberían preservarlos con absoluto celo.
Ciertamente, es importante que el gobierno combata, constantemente, con efectividad y sin respiro al delito y al crimen dentro de los preceptos constitucionales. Pues para eso fue elegido presidente y es lo que piden las mayorías. Pero, el presidente Nicolás Maduro, después de haber abandonado, desamparado y sacrificado a la gente con medidas desacertadas o desproporcionadas, ahora generaliza y reprime o les endosa cualquier remoquete difamante. La verdad aunque tenga varios puntos referenciales es una sola. Generalizar es más un acto de injustica que de acierto. Indiciar a la generalidad del adversario, con crímenes de particulares, es un acto que siembra odio. ¡Dios nos ampare! Lo que nos sucede a los venezolanos es tan parecido a los precedentes que despertaron el odio y la matanza de los Hutu contra los Tutsi en Ruanda. Esto intensifica la tensión, la segregación política y viola los DDHH.
Es desagradable decirlo, pero los gobernantes de turno han sentido a la frontera como a un doloroso callo o un simple uñero. Y todo porque desconocen la psicología del ser humano de la frontera. Ciertamente, la frontera está allí, es el borde de la tierra de la sagrada patria, la que toca y se relaciona con la piel hermana; pero pareciera que dijeran, “por ahora solo serán “atendidas” las otras partes del cuerpo que se consideran principales.” Solo se sabe de ella cuando nos lastimamos, nos infectamos, sangramos y el dolor es inaguantable. Pero este gobierno, por negligencia, dejó que la frontera se infectara peligrosamente. Ahora, como pretende remediar su “autoridad” y “popularidad”, parece crear un caldo de cultivo para suspender las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre y evitar, la inminente derrota que predice el rechazo de los venezolanos contra su mal gobierno, por eso lanza el Estado de Excepción en los municipios fronterizos de Táchira. Allí, de acuerdo a lo que dicen sus moradores: “Se fundó la sucursal del infierno. Ahora Maduro capitalizó e implantó al infierno. Aquí nadie es dueño de nada ni siquiera de su propio destino; porque en los últimos años se incrementaron y diversificaron los tipos de delitos y los delincuentes”. (…) Muchas de las autoridades preventoras y represivas, encargadas de combatir al contrabando de extracción, parecen zamuros cuidando carne.” Y agregan, entre otras cosas que: “El actuar actual del gobierno es, deliberadamente excesivo y equivocado. Por tardío: es oportunista, desmedido, atribulario y desnatural. Que son políticas que lucen aparentes y sobreactuadas.” Lo peor, esta realidad, se repite a lo largo de toda la frontera colombo-venezolana.
Universalmente se cree que la justicia no puede ser aparente ni un espectáculo para esconder la verdad entre bastidores. En un país dónde la ciudadanía sea respetada y se haga respetar, un gobernante así, no merece seguir en el poder. La honorabilidad lo haría renunciar y llamaría a nuevas elecciones presidenciales. Es por ello que Venezuela necesita que los gobernantes cumplan con la Constitución y en esa dirección, urge la restitución de la Constitución de 1999, tal como lo determina su Art. 333. Y todo, porque ha sido suprimida por el I y II Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación, conocidos como Plan de la Patria, que en la realidad debilita a la economía, a los derechos humanos y a la soberanía. He aquí el paquete del fracaso. ¡Que el pueblo diga la última palabra!
Víctor Vielma Molina/Educador/victormvielmam@gmail.com