Colombia aumentó este miércoles la presión sobre Venezuela con el anuncio de una visita del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, a la frontera este sábado y varias solicitudes de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Cristina García Casado / EFE
Tras el “revés” que supuso para Colombia el “no” de la OEA a convocar una reunión de cancilleres de los 34 países miembros que abordara la crisis fronteriza con Venezuela, Colombia intensificó sus acciones en el exterior y prometió llevar este conflicto a todas las instancias internacionales.
Venezuela ha dicho abiertamente, a través de su embajador ante la OEA, Roy Chaderton, que no quiere que esta crisis llegue a los organismos internacionales y que prefiere abordarla de manera bilateral, “en familia”.
Ante esta postura de Venezuela y tras la derrota sufrida en la OEA, Colombia ha redoblado su actividad en el exterior para demostrar al Gobierno venezolano que se va a hablar sí o sí de esta crisis, según explicaron a Efe fuentes diplomáticas.
Colombia tiene puestas muchas esperanzas en la visita de Almagro a la zona fronteriza este sábado día 5 de septiembre a invitación del alcalde de Cúcuta, Donamaris Ramírez Paris Lobo. En los pasillos de la OEA se hablaba hoy del poder que tendrá esa fotografía.
Almagro, que había mantenido un silencio cauto hasta ahora, emitió hoy su pronunciamiento más extenso acerca de la crisis entre Venezuela y Colombia en la nota con la que anunció su visita a la frontera.
El secretario general “hizo suyo” el comunicado que emitió la CIDH el 27 de agosto, en el que el organismo urgió a Venezuela a detener de manera inmediata “cualquier expulsión colectiva, arbitraria o sumaria” de colombianos y a “abstenerse de adoptar cualquier medida tendente a destruir” sus propiedades.
Venezuela sí aceptó, sin embargo, que el tema se aborde en una reunión de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), encuentro que ahora rechaza Colombia tras aplazarse del 3 al 8 de septiembre.
Agotadas esas instancias, la OEA y la Unasur, y al margen de la denuncia que pueda llevarse ante la Corte Penal Internacional (CPI), Colombia acudirá por medio de su canciller, María Ángela Holguín, la próxima semana ante el presidente de la CIDH y organismos de Naciones Unidas.
Ya hoy, el Defensor del Pueblo de Colombia, Jorge Armando Otálora Gómez, y el alcalde de la ciudad de Cúcuta, Donamaris Ramírez Paris Lobo, acudieron a la sede de la CIDH en Washington para pedir medidas cautelares ante la crisis fronteriza con Venezuela.
El Defensor del Pueblo quiere que la CIDH exija a Venezuela que ponga fin a “su violación sistemática de los derechos humanos de los colombianos que hoy continúan en Venezuela”, según explicó a los periodistas antes de entrar en la Comisión.
Entre esos derechos, mencionó “el derecho a la unidad familiar, a la locomoción, al trabajo o a la propiedad”.
La petición del Defensor se fundamenta en las visitas de su equipo a la zona y en más de 1.300 quejas formales presentadas ante su oficina por colombianos “irregularmente deportados, desplazados o víctimas de trato inhumano”.
El Defensor denunció, asimismo, que hay más de 70 colombianos “privados de libertad” en Venezuela que, “según el Gobierno venezolano están detenidos formalmente, pero de los que sus familias no saben nada, ni si tienen un juicio”.
Poco antes del Defensor, acudió a la CIDH el alcalde de Cúcuta, Donamaris Ramírez Paris Lobo, para pedir una investigación sobre las deportaciones de colombianos en la frontera con Venezuela y 16 medidas cautelares.
“De nada sirven las medidas cautelares si ellos no verifican, yo no estoy pidiendo que ellos tomen medidas cautelares porque yo lo digo; vayan, vayan y miren”, dijo el alcalde en declaraciones a los periodistas antes de entrar en la CIDH con una maleta de viaje cargada de pruebas para sustentar su denuncia.
Las medidas cautelares, acción que toma la CIDH cuando considera que la integridad o vida de una persona está en riesgo, afectarían en este caso a 16 grupos de individuos, entre ellos “1.512 niños que no pueden ir a la escuela” y los colombianos deportados que tienen bienes en Venezuela y no pueden ir a recogerlos.
“Tengo pruebas de personas que los han deportado por ser colombianos, personas golpeadas por los guardias, mujeres que han sufrido abusos sexuales de los guardias, 1.515 niños que viven en Venezuela y no pueden pasar a sus escuelas en Colombia”, explicó el alcalde.
El alcalde de Cúcuta también visitó hoy las oficinas de Human Rights Watch (HRW) en Washington para pedirles que sigan analizando la situación y que acudan a la zona.
La crisis entre ambos países arrancó el pasado 19 de agosto, cuando el presidente venezolano, Nicolás Maduro, ordenó el cierre de un tramo de la frontera entre Colombia y Venezuela con el argumento de combatir el contrabando y a supuestos paramilitares.
Según un informe difundido este lunes y realizado por funcionarios de organismos de las Naciones Unidas que visitaron la zona, 1.100 colombianos han sido repatriados en los últimos trece días por Venezuela y al menos otros 10.000 regresaron a su país “por miedo”.