Expresión Libre, Comunicadores por la Paz y la Democracia, considera que con la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó al Estado venezolano por el cierre de Radio Caracas Televisión, se inicia el proceso de reparación a las graves afectaciones contra ese medio de comunicación y a la libertad de expresión y por tanto resulta imprescindible el acatamiento de dicha medida por el gobierno nacional. NP
El estado venezolano deberá restablecer la concesión de la frecuencia del espectro radioeléctrico correspondiente al canal 2 de televisión y deberá devolver los bienes objeto de las medidas cautelares, según el dictamen de la CIDH.
Silvia Alegrett, en nombre de la citada organización de periodistas y comunicadores, sostuvo que la decisión de la Corte Interamericana ha sido recibida con beneplácito por la sociedad civil venezolana que en el año 2007 libró una larga lucha para exigir al presidente para la época, Hugo Chávez, respetara el derecho de RCTV, el canal más antiguo y con mayor penetración en el país, a renovar su frecuencia y mantener su señal al aire.
La CIDH ha dictaminado que al impedir la renovación de la concesión para el uso del espectro radioeléctrico a RCTV, “se configuró una restricción indirecta al ejercicio del derecho a la libertad de expresión producida por la utilización de medios encaminados a impedir la comunicación y circulación de la ideas y opiniones”.
De igual manera, la Corte Interamericana, con sede en Costa Rica, determinó que el Estado venezolano violó el deber de no discriminación, el derecho al debido proceso, al de un plazo razonable en un contencioso y el derecho a ser oído de los propietarios y trabajadores de RCTV. Cerca de 3 mil trabajadores perdieron sus empleos a causa del cierre de esa empresa comunicacional.
“Con el cierre de RCTV se violó no solamente la Constitución Nacional, sino también varios artículos del Pacto Interamericano de Derechos Humanos que el Ejecutivo Nacional está obligado, antes y ahora, a darle cumplimiento como corresponde en un Estado democrático. Por nuestra parte, estaremos vigilantes y alerta para exigir que así se haga”, finalizó Alegrett.