El día será de estrés en el mercado y temperatura política en el Congreso: la baja de la nota de riesgo de Brasil por parte de la calificadora S&P promete derrumbar la Bolsa e impulsar la cotización del dólar, pero lo más importante es que sumará opiniones a favor del impeachment de Dilma Rousseff, afirma la columnista de Brasil/247 Tereza Cruvinel. La tesis de destitución de la presidenta había perdido fuerza política en agosto, pero ahora la oposición lanzará en la Cámara de Diputados la primera iniciativa formal, un frente multipartidario pro-impeachment. Los tiempos se acortan para Dilma y su gobierno, ya que si antes de la pérdida del grado de inversión se hablaba de un programa económico para reducir el déficit fiscal -que superaría los 8.000 millones de dólares para 2016- antes de fin de mes, ahora habrá que mostrar pruebas rápidas y convincentes de contención de gastos y algún inevitable aumento de impuestos.
Por Tereza Cruvinel | Brasil247
El gobierno tiene culpas, pero el Congreso también ayudó a cavar el foso: desfiguró las propuestas originales de ajuste fiscal (incluso creando más gastos), dejando varios esqueletos en el armario. Y el gobierno cometió el desatino de enviar al Congreso una propuesta presupuestaria con déficit. A eso hay que agregarle que el Partido del Movimiento Democrático Brasileño, PMDB, asumió el rol de enemigo del aumento de impuestos, como si nunca hubiera contribuido a la elevación de la carga tributaria a los niveles actuales. Y eso que el PMDB tuvo un papel protagónico en todos los gobiernos de 1985 a la fecha.
Ahora el Ejecutivo no tendría que preguntar al Congreso (donde su base de apoyo está dividida) si se anima a aprobar tal o cual impuesto, porque la función de las casas legislativas suele ser siempre negarse al aumento de tributos. Al gobierno le toca demostrar la necesidad de recaudar más y trabajar para conseguir los votos parlamentarios, lo que debía haber hecho antes del envío de la propuesta deficitaria el pasado día 31 de agosto. Pero ahora el gobierno deberá mostrar un sincero empeño en reducir gastos, pues su capacidad de convencer cotiza a la baja.
José Guimarães, líder del oficialismo en la Cámara baja, anunciaba antes de la noticia de Standard & Poors, que la presidente enviará al Congreso antes de fin de mes una propuesta completa de reequilibrio de las cuentas. El documento incluiría la supresión de al menos diez ministerios, corte de no menos de mil cargos de confianza; reducción de los gastos voluntarios posibles y alguna forma de aumento de la recaudación.
Pero, decía Guimaraes, no se sabía aún qué impuesto sería creado o mejorado, porque el equipo económico debía decidir tras escuchar a las fuerzas productivas, políticas y sociales.
Pero ahora el final del mes parece una eternidad, no sólo para evitar que nuevas calificadoras imiten a S&P, sino para reducir los efectos políticos de la primera pérdida del grado de inversión, conquistado por el país durante el gobierno de Lula, en el 2008. Dilma que se apure.
Con atraso, la presidenta atendió a los deseos del ministro de Hacienda Joaquim Levy, y se comprometió con la meta de superávit de 0,7% del PIB para el año próximo. Una meta que debería haber sido expresada en el presupuesto, aunque para eso hubiera sido necesario cortar algún gasto social. Después ese gasto podría haberse recompuesto cuando apareciera una fuente de ingresos.
Los gobiernos siempre diseñan la primera versión del presupuesto para cumplir formalidades. Después se va ajustando a la realidad, pues nunca se vota antes de diciembre. Pero el gobierno de Dilma, aún estando en el ojo del huracán, decidió colocar las cartas y el déficit en la mesa esperando inhibir al Congreso.
Poco antes de que llegara la noticia de la pérdida del grado de inversión, Dilma dio una entrevista al diario Valor, donde defendía un superávit de 0,7 por ciento. Ya era tarde. Pero si sigue demorando otras medidas también será tarde para evitar nuevas pérdidas.