Diversas instituciones públicas y privadas en Venezuela se han visto atravesadas por la calamidad de ser poseídas por el poder, a veces con el propósito único de apoderarse de ellas hasta aniquilarlas. No hablemos de los poderes públicos, todos avasallados por el central. Casi no existe institucionalidad en nuestro país, porque todo depende de una orden gubernamental, incluyendo quién va preso y quién no.
La universidad, en medio de una agonía prolongada, ha sido todos estos años un foco firme de resistencia a ese avasallamiento, a ese dejarse poseer, tal vez porque tiene sólidas fuentes de donde abrevar para defenderse, principios, valores, fundamentos, hidalguía, tenacidad y una ética corajuda.
El cerco, la prisión abominable de la universidad, comienza por su asfixia presupuestaria. No le da el gobierno central sino lo mínimo para su subsistencia, la ahoga, le impide funcionar a cabalidad, la lisia.
Los sueldos
El tema actual es una nueva paralización de actividades docentes. La USB comienza la lucha al no reiniciar clases el lunes pasado, como le correspondía, por ser la primera de las universidades nacionales en volver de vacaciones, todo esto de común acuerdo con las demás instituciones universitarias, agremiadas en la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios (FAPUV).
La propuesta del gobierno es intragable y consiste en que más nada traguemos, ingiramos, o comamos, los trabajadores universitarios. Un mínimo porcentaje (cercano al 20%) podrá acercarse a la canasta alimentaria, podrá tener acceso a la comida, contraviniendo la propia Constitución, de tanta antigua jactancia gubernamental, echada ahora en el vacío de la inconstitucionalidad y la dictadura; por ende, el restante 80% no se aproxima a acceder así a los alimentos actualmente. Dice el texto, querido por Chávez, en constante boca de jarro traicionada por él y los suyos, en el artículo 91: “Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales”. Más adelante, el mismo aparte indica: “El Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras del sector público y del sector privado un salario mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica”. La básica ronda ya los Bs. 50.000. Y este gobierno mísero ofrece al universitario que más va a aganar, quién sabe desde cuándo porque aún siguen afinando en discusiones interminables el panfleto de la burla, la cantidad cómica de Bs. 36.000, oo.
Ocho meses de retraso tiene, una bicoquita, la aplicación de la II Convención Colectiva Única. Retraso impuesto por un gobierno al garete. Próximamente la aprobarán con el voto en contra de FAPUV, ahora sí con premura guerrera para tratar de acallar la manifestación de nuestra disconformidad absoluta con esos planteamientos que contribuyen a empobrecer más a los dignos universitarios.
Profesores idos
La diáspora profesoral y profesional producida por esta errada política de Maduro y los jerarquitas militaroides es irrefrenable. El problema económico no es sólo buscar contener a esos colegas que requieren con urgencia un respiro vital, usando para ello medidas importantes que permitan su mejoría socio-económica, sino la inversión cuantiosa que el país ha hecho en ellos. ¿Cuánto cuesta formar un doctor? ¿Cuán valiosa es la experiencia académica en la producción y el traslado del conocimiento a la sociedad? Eso lo saben en Colombia, Perú, Chile, Ecuador, EEUU y los países europeos que mayormente se llevan a nuestros profesores y demás profesionales.
Elecciones rectorales
Usando sus diversos brazos jurídicos perversos, este gobierno ha impedido por varios años, por demasiados años, que se hagan elecciones en las universidades para seleccionar autoridades.
La autonomía
La autonomía, así, se ha vuelto una quimera. No hay independencia financiera institucional, posibilidad de contar con los mejores docentes del país, no digamos extranjeros, por risible; no se puede elegir autoridad alguna ni seleccionar los alumnos que ahora impone, vía legal, también, el gobiernito decadente de la mediocridad más absoluta. Se recuerda con justo aprecio el decreto autonómico de cuando se inició el período democrático, aquel de Edgard Sanabria, amplio, considerado, grande y justo.
Así no puede haber clases, así es imposible que haya universidad. La universidad está presa y, como a Leopoldo y los otros presos, hay que liberarla cuanto antes de estos grillos dictatoriales que la contienen en su ser pensante hacia el desarrollo de las ideas y las acciones. Hacia el conocimiento.