Carlos Graffe: Utilización de sedes de gobierno para reuniones del PSUV es corrupción

Carlos Graffe: Utilización de sedes de gobierno para reuniones del PSUV es corrupción

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El dirigente juvenil carabobeño, Carlos Graffe, rechazó de manera categórica la utilización inapropiada que le está dando el gobernador de Carabobo al Capitolio de Valencia, para beneficios proselitistas y políticos del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv). “La utilización de sedes de gobierno para reuniones del Psuv es corrupción”.

Es un hecho público y notorio que el PSUV realizó una reunión partidista el pasado domingo 13 de septiembre en la sede de la Gobernación de Carabobo y eso es corrupción, -dijo Graffe-, tipificada en el artículo 13 de la Ley Contra la Corrupción que reza: “Los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de parcialidad política o económica alguna. En consecuencia, no podrán destinar el uso de los bienes públicos o los recursos que integran el patrimonio público para favorecer a partidos o proyectos políticos, o a intereses económicos”.





Recordó que el 19 de octubre de 2014 denunció cómo la utilización que el gobernador de Carabobo le dio al auditorio de la Villa Olímpica y a los buses TransCarabobo para beneficiar al partido de gobierno en sus actos y traslados a eventos. “Es evidente que esta situación es un claro acto de corrupción, en el que el gobernador de Carabobo y otros funcionarios del Ejecutivo regional y militantes del Psuv violan las leyes al utilizar los bienes públicos para actos partidistas.

El dirigente juvenil exigió al Ministerio Público y a la Contraloría General de la República que “le pongan un parado a estos actos, ya que al no investigar ninguno de estos casos de clara corrupción demuestran complicidad con su silencio. Las leyes son muy claras y deben ser aplicadas”.

Graffe citó también el artículo 68 de la Ley Contra la Corrupción que señala: “El funcionario público que abusando de sus funciones, utilice su cargo para favorecer o perjudicar electoralmente a un candidato, grupo, partido o movimiento político, será sancionado con prisión de un (1) año a tres (3) años”. Las instituciones deben actuar en base al artículo 43 de la misma ley y de conformidad con toda la legislación nacional que regula la materia, concluyó el dirigente.

Nota de prensa