Entre enero y septiembre del año en curso se han registrado 15 hechos en los que fueron activados artefactos explosivos en contra de efectivos policiales, órganos de seguridad y ciudadanía, por parte de bandas organizadas que operan en la Gran Caracas, dejando como resultado 65 personas afectadas. Dos de los ataques fueron dirigidos a la Policía del Estado Miranda.
En este sentido el subdirector (e) del Instituto Autónomo de Policía del Estado Miranda, comisario Jesús Eduardo Lamas, informó que en estos actos represivos fallecieron 15 personas, cuatro de ellos eran funcionarios de otros entes de seguridad. Asimismo se reportan 50 lesionados por estos ataques, en los que 33 eran uniformados.
“La noche de este domingo nuestra sede del Centro de Coordinación Policial N° 7, ubicada en La Urbina, fue blanco de estos delincuentes, pero no se registró ningún afectado. Los hampones no lograron su cometido debido a que la sede contaba con la presencia de personal policial activo que vigilaba el lugar. Debemos estar alertas y no dejar que las bandas organizadas derrumben nuestra moral, nuestra ética, ni nuestras ganas de seguir trabajando en pro de la seguridad de los mirandinos”, dijo.
Recordó que el primer suceso que afrontó la Policía de Miranda, por el uso de este tipo de arma de guerra se suscitó el 14 de febrero, en Los Valles del Tuy, donde un efectivo que realizaba verificaciones en un punto de control en el sector San Francisco de Yare, resultó afectado en una pierna y en la región lumbar a causa de las esquirlas emanadas por una granada que arrojó un motorizado, quien minutos antes había sido retenido en dicho lugar y retornó en compañía de otros sujetos a “cobrar venganza”.
Enfatizó que de acuerdo a las leyes venezolanas los artefactos explosivos sólo deberían ser manipulados por las Fuerzas Armadas Nacionales y que los cuerpos policiales solo tienen permitido tener como única arma larga una escopeta de fricción por cada 10 funcionarios y una pistola 9 milímetros para cada agente.
Por otra parte, el comisario destacó que en la actualidad hay mucho hermetismo sobre esta nueva modalidad del crimen y no existen pronunciamientos de parte de las autoridades nacionales que justifiquen la presencia del armamento militar en manos de civiles y grupos irregulares. Añadió que es difícil hacer las averiguaciones sobre el origen de estos explosivos, ya que no poseen seriales guías para identificarlos.
“Cada espoleta hallada en una escena sigue desatando un estallido de impunidad y de muertes violentas, porque nadie explica cómo llegan las granadas a los delincuentes. Queda en evidencia que el sistema es vulnerable, bien sea porque el armamento llega por contrabando o por la carencia de controles adecuados en las fuerzas militares para vigilar su parque de armas”.
Durante el fin de semana se reportaron otros cuatro ataques con granadas a sedes de organismos de seguridad, entre ellos el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de Mariara, en el estado Carabobo, de igual forma la sede detectivesca de El Llanito (Área Metropolitana), la Policía Municipal de Guárico y PoliBaruta (Caracas). En este último hecho, 10 efectivos fueron alcanzados por las esquirlas generadas por los artefactos explosivos. Iapem Prensa / Yoselyn Sarmiento