Mientras las promesas de un posible retorno a Venezuela son discutidas, no hago más que pensar en esas familias que han sido separadas y si algún día lograrán encontrarse. Desde luego sus casas ya están destruidas, a muchos los robaron y quién sabe si podrán superar el terror de todo lo vivido y que continúa pasando.
Por Yeidy Sanmartín (@amnistia)
El miércoles 26 de agosto, en La Parada, lugar de llegada al cruzar el Río Táchira de Venezuela a Colombia, llegó una señora de 52 años, sola y con intenciones de pasar el río para ir a su casa por algunas cosas y ropa.
“Soy de Bucaramanga. Llegué de 15 años a Venezuela y ahora tengo 52, me casé con un venezolano, tengo dos hijas venezolanas.”
Al preguntarle si tenía cédula venezolana respondió: “No tengo, yo soy de Santander, de un pueblo por allá muy lejos y cuando intenté hacer los papeles estaba embarazada de mi segunda hija, entonces me pedían el registro civil autenticado y cuando eso no lo daban por notaría sino que tenía que ir a allá. Yo por allá ni conozco, yo nací pero no conozco ese pueblo, eso es lejísimos, entonces ahí me quedé y no pude hacer la diligencia para la cédula.”
Dice que aunque es casada con un venezolano y mostró su partida de matrimonio, esto no le valió de nada cuando por sorpresa el sábado 22 de agosto a las 7 de la mañana llegó la guardia venezolana a su casa en el barrio Ezequiel Zamora.
“Pues yo nunca me imaginé una cosa de esas, llegaron y me pidieron los papeles, pues yo saqué mis papeles colombianos pero les dije que mi esposo era venezolano, tengo 25 años de casada y dos hijas.”
“Señora vaya pa´ la cancha que allá va haber una reunión de indocumentados”, le dijo el guardia.
“Entonces lo engañaron a uno así, yo jamás me imaginé, y resulta que allá estábamos custodiados de pura guardia y empezaron a llegar en puros batallones de guerra y marcaron las casas con una D grande o una R, entonces yo dije ¿Dios mío esto qué es? Ahí pasamos todo el día aguantando hambre.”
Agregó que después que reunieron a muchos vecinos, les quitaron la cédula y como a las 4 de la tarde los llevaron al comando policial. “No señora usted no tiene sus papeles en regla entonces no podemos hacer nada”, le respondieron los funcionarios.
“Como a las 9 nos sacaron (de Venezuela) en un bus. Fue un día difícil para nosotros”, contó la señora, que hasta el momento se está quedando con una hermana de su madre. Mantiene el contacto con sus hijas por celular.
“Mi hija la menor está muy triste, se la pasa llorando, ella tiene 18 años, la mayor tiene 24 y es casada”.
La señora quiere reunirse con su familia más adelante porque quedaron divididos.
“Es más, yo quiero hablar con mi esposo a ver si a él también me lo puedo traer, aunque él le ha metido mucho trabajo y mucha plata a la casita, a parte del problema pulmonar que sufre, él es muy trabajador.”
Familias destruidas
En el albergue Senderos de Paz un hombre estaba solo en una carpa, un poco tímido, pero reveló que está solo en Colombia, fue deportado después de vivir 12 años en Venezuela. Su esposa y dos hijos (de 5 años y 10 meses), como son venezolanos se quedaron en el estado Mérida.
“Yo trabajaba haciendo esculturas en un caserío entre Tovar y Bailadores, y más o menos el 13 de agosto llegó la guardia; me sacaron de mi trabajo y me trajeron hasta San Antonio del Táchira. Me pidieron los papeles, les entregué mi pasaporte colombiano y entonces me golpearon, me quitaron 800 mil pesos y 500 mil bolívares, que era mi sueldo de trabajo”, indicó.
Aseguró que estuvo detenido durante 6 días antes de que cerraran la frontera, entonces su esposa pudo acercarse a saludarlo junto con sus hijos, hizo el intento de regresarse a Venezuela y lo detuvieron por segunda vez, así que le tocó huir por el río para entrar a Colombia.
Informó que presuntamente los guardias venezolanos les ponen drogas y armas en la maleta a los colombianos que deportan para hacerlos pasar como narcotraficantes.
“Yo no entiendo por qué ellos llegan así y ensucian a una persona con el objetivo de dar resultados para el gobierno venezolano”.
Por el lado de su familia, dijo que no quiere poner en su posición a su esposa e hijos pequeños, así que va a esperar a estabilizarse económicamente para reunirse con ellos. “No es fácil esto, solo hay que dejárselo a Dios”.
Acompañado de sus hermanos, pero separado de su esposa e hija
En el mismo albergue, Jesús Emilio, dice que vivió 15 años en San Antonio del Táchira, lo deportaron y ahora está alejado de su hija de 10 años y de su esposa, que son venezolanas.
“Estaba tranquilo en mi casa y llegó la guardia, me agarraron y mi hija se puso a llorar. Ellos le dijeron que no llorara que su papá iba a regresar, y aquí tengo 20 días y nada. Ese mismo día nos pasaron al puente Simón Bolívar como a las 5 de la tarde, no nos dieron comida, ni agua”. Al tiempo agregó que está en el mismo albergue con tres hermanos, pero que su papá se quedó en Venezuela porque aunque es colombiano lo dejaron por tener 80 años y estar enfermo.
Jesús está esperando que le otorguen unos meses de arriendo para mudarse a la ciudad de Cúcuta y hacer una nueva vida, ojalá trabajando en el manejo de maquina plana, que es su especialidad.
Tomando en cuenta las condiciones de detención, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de conformidad con los estándares en materia de detención (Principio XI) toda persona tendrá “en todo momento a agua potable suficiente y adecuada para su consumo”. Esto no se habría cumplido.
De igual forma, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha interpretado que si una extranjero tiene fuertes vínculos familiares con la comunidad en la que reside y la medida de deportación pone en riesgo el mantenimiento de esos vínculos la medida de deportación debe ser especialmente justificada y garantizar la revisión por una autoridad independiente para verificar su compatibilidad con el derecho a la protección de la familia protegido. Igualmente, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre.
Extorsión en la frontera: “Hijos de la patria tienen que pagar para pasar a Colombia”
Colombianos que vivían con el sueño de permanecer en Venezuela, que se sentían parte de ella, laboraban y criaban hijos, ahora dejaron sus hogares abandonados porque fueron sacados a la fuerza.
Una joven de no más de 20 años, quien estaba dentro de la carpa en el Albergue del Coliseo Municipal en Cúcuta acompañada de su hija pequeña, explicó que fue sacada de Venezuela por no poseer un documento legal, aunque dice que en la frontera de San Antonio del Táchira y Cúcuta nunca pidieron eso y podía ingresar y salir sin ningún problema. Ella solo contaba con una carta de residencia, un carnet que le dio la Junta de la Acción Comunal del barrio La Invasión, un permiso para la compra del gas y el pasaporte internacional colombiano.
“Mi hija era patinadora y viajábamos dentro de Venezuela para que compitiera. Todos somos colombianos; mi esposo, mi hija y yo. Fuimos censados al llegar al barrio y en ningún momento nos dijeron que nos iban a sacar de allá o que no podíamos vivir en Venezuela”, argumentó.
Otra expulsada fue Adriana, desde el albergue Bella Vista, comentó que el 22 de agosto las tropas venezolanas llegaron al sector 1 del barrio La Invasión, en San Antonio del Táchira, y empezaron a revisar las casas que quedaban a la orilla del río Táchira.
“Cuando supimos que llegó la guardia y otros funcionarios de chaleco negro que no sabíamos quiénes eran, nos escondimos en otras casas más altas. Los hombres corrían a esconderse más lejos y algunas mujeres salían con sus hijos a ver qué pasaba y por qué se estaban llevando a los vecinos”.
Adriana dijo que tenía más de 10 años viviendo allí, sus hijos nacieron en Venezuela y no sabía por qué la iban a deportar.
“La ley aquí se llama pura plata”
“No tengo cédula venezolana porque en el estado Táchira tiene que pagarle uno a la policía, al funcionario del organismo que cedula y a otras personas más. La ley aquí se llama pura plata, al que más se mueva es al que le dan los papeles.”
Adriana agregó: “Mi esposo ya había sido deportado, así que le tocó huir de los guardias antes que le pidieran los documentos, entonces por miedo a que persiguieran y nos sacaran a la fuerza, decidimos irnos por la trocha aunque tuviéramos que pagarle a los soldados venezolanos.”
El guardia le dijo a Adriana que los colombianos no tenían derecho a tener una propiedad o una moto en Venezuela, así que les tocó dejar todas sus cosas e irse por el río hasta Colombia con toda su familia. Otro día regresó por sus cosas y lo único que vio fue cómo se llevaban sus pertenencias los mismos que la expulsaron.
Adriana cree que no va a regresar.
“A mí me duele porque todos mis planes eran en Venezuela, a veces me pregunto por qué nos cambió la vida de un momento a otro, por lo menos que nos dieran oportunidad de sacar nuestras cosas de la casa, pero todo fue de golpe. Los colombianos nos sentíamos como que éramos de allá porque teníamos viviendo mucho tiempo, trabajábamos, tuvimos hijos y conseguimos nuestras cosas. Ahora no sabemos qué va a pasar con nosotros”, expresó.
Venezuela es parte en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) donde se ha comprometido a respetar y garantizar el derecho a una vivienda adecuada y en consecuencia tiene prohibido internacionalmente realizar desalojos forzosos. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, órgano encargado de velar por el cumplimiento del PIDESC ha definido los desalojos forzosos como “el hecho de hacer salir a personas, familias y/o comunidades de los hogares y/o las tierras que ocupan, en forma permanente o provisional, sin ofrecerles medios apropiados de protección legal o de otra índole ni permitirles su acceso a ellos”. (Observación General 7/1997).
De igual forma, la Relatora de Naciones Unidas para el derecho a una vivienda adecuada, siguiendo las orientaciones del Comité DESC ha señalado que los Estados deben proteger a las personas frente a la “discriminación relacionada con cualquier motivo prohibido en cuanto al disfrute de una tenencia segura” Entre estos motivos prohibidos estarían la nacionalidad, la condición migratoria y la misma condición en la cual se está en posesión de la vivienda”.
Cobro para pasar a los niños venezolanos
En el albergue Senderos de Paz, una señora acompañada de sus dos hijas, una adolescente y otra de 3 años, tuvieron que salir de Ureña (Venezuela) por el río, y cuenta que los Guardias les salieron en el camino y le pidieron 40.000 bolívares para dejarle pasar a su hija pequeña que nació en Venezuela.
“Lo que teníamos ahorrado fue lo que nos quitaron, mi esposo y yo trabajábamos en una finca y con un dinerito construimos una casa, entonces mi esposo se retiró de la finca y se dedicó a la construcción. Yo me quedé en la casa en el momento en que llegaron las patrullas a sacar la gente de sus viviendas”, dijo.
La señora lamentó que su casa en Venezuela quedó abandonada, su esposo se encuentra en el mismo albergue y no tienen a dónde llegar en Colombia. Algunos familiares viven en otros departamentos, pero no tienen recursos para recibirla con sus hijas.
De acuerdo con el Pacto de Derechos Civiles y Políticos como la Convención de derechos del Niño, se reconoce el derecho a la protección de la familia (23.1) y la correlativa obligación de velar que “el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos”. (Principio de unidad familiar, Art. 9.1)
Los que tienen doble nacionalidad no se salvan de la deportación
Katherine Valencia, desde el Hotel La Unión en Cúcuta informó que nació en Venezuela, tiene 21 años y posee la doble nacionalidad. El 19 de julio la OLP (Operación para la Liberación del Pueblo) hizo un allanamiento en los apartamentos de la Gran Misión Vivienda Venezuela, viviendas otorgadas por el Gobierno en este caso en Caracas.
“Mi esposo no estaba en la casa en ese momento y me generaron mucho miedo, estos policías iban buscando a los colombianos para sacarlos. Entonces cuando cerraron la frontera mi esposo estaba en Colombia trabajando y yo en Caracas, así que tuve que venirme con mi mamá y mi hijo, pero me tocó pagar en varias alcabalas para que me dejaran pasar el niño, en cada parada me preguntaban qué venía a hacer a Colombia y querían quitarme la cédula venezolana. Así pasamos varios días, bajo el calor en día y la lluvia en las noches, hasta que hice el contacto para pasar por el río y allí tuve que pagar nuevamente hasta que llegamos a Colombia y nos recibieron en un refugio”.
Katherine dice que se alimentaron varios días con agua y pan, su mamá pasó con muchas dificultades en el río porque el agua le llegaba al pecho y ella también estuvo en peligro porque tenía que cargar a su hijo.
“La policía nacional nos dio la bienvenida a Colombia, nos dieron de comer y cuando llegamos a Migración nos trataron mucho mejor. La travesía empezó el sábado 29 de agosto y terminó el lunes. Ahora estamos agradecidos por toda la ayuda que hemos recibido”, expresó.
El Comité DESC ha recomendado que en aquellos casos en los que el desalojo pueda estar justificado “debería llevarse a cabo con estricto cumplimiento de las disposiciones pertinentes de las normas internacionales de derechos humanos” ello incluye el respeto al debido proceso, a la proporcionalidad y razonabilidad de la medida.