La miopía política de una dirigencia agobiada por una crisis que no supo manejar, produjo dos errores garrafales para el futuro de la educación superior: 1. La dejo sin los recursos presupuestarios para su transformación y 2. Fue marginada como un sector institucional que podía contribuir a la solución del impasse histórico provocado por la situación económica.
Con el llamado “Socialismo del Siglo XXI”, la educación superior entró en una fase todavía más oscura caracterizada por la abierta destrucción del aparato educativo formal en general y en particular del sector universitario. El régimen a pesar de que en la Constitución del año 99 se consagró el derecho a la autonomía y la democracia de las universidades nacionales, en cuanto se dio cuenta de que no podían doblegarlas y ponerlas al servicio del régimen, comenzaron su trabajo de demolición.
Se comenzó un trabajo de privilegiar universidades dóciles tales como la Universidad Bolivariana o la UNEFA, entre otras, que son poco menos que ministerios, en donde más que educar se forma a un joven para serle funcional al aparato político del PSUV. Se fueron dejando sin presupuesto progresivamente a las Universidades autónomas, se les impide las elecciones democráticas de sus autoridades aun cuando todavía está vigente la Ley de Universidades, que regula esta materia.
La noción de misión se apodero de la forma de gestionar la educación superior, como se observa en el manejo de la formación de profesionales de la medicina en donde se desdeñaron los principios de la medicina científica para asumir la llamada medicina integral comunitaria sin ninguna base de conocimiento, con la que se pretendía sustituir al médico de amplia formación médica y científica. Tamaño disparate no podía resultar sino en un rotunda fracaso que hoy vive la población venezolana como una profunda tragedia.
Con el llamado “Socialismo del Siglo XXI”, la Universidad autónoma y democrática se encuentra en situación de involución abierta y franca, al borde de un virtual cierre técnico, sin recursos presupuestarios para realizar sus funciones fundamentales, por primera vez, ni siquiera para cumplir la función docente por falta de profesores, espacio físico y materiales de laboratorios y para otras actividades prácticas, por el aumento improvisado de la matricula provocado por la asignación arbitraria de los cupos universitarios sin contar con los sistemas tradicionales de admisión; además, sin recursos para realizar actividades de investigación y mucho menos de extensión.
Los profesores universitarios están soportando condiciones inadmisibles de salarios mensuales por debajo de los $100, en un ambiente ferozmente inflacionario, sólo comparables a países como Cuba o Haití; recibiendo del ejecutivo sólo respuestas autoritarias como la de la imposición de la Contratación Colectiva II, que es violatoria de derechos constitucionales porque se pierde la progresividad de las reivindicaciones, lo que lleva a un franco retroceso con relación a condiciones de trabajo anteriores, junto con la desmejora ostensible de las condiciones económicas de los profesores jubilados.
La solución verdadera a esta grave crisis supone el abandono de este modelo atrasado del socialismo y la recuperación de la democracia.
Pedro Vicente Castro Guillen @pedrovcastrog