La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz rechazó mediante un pronunciamiento, las agresiones a defensores y defensoras de los derechos humanos en Venezuela y exigieron que los hechos sean investigados.
A continuación el texto:
La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, organización que lleva treinta años dedicándose a la defensa y promoción de los derechos humanos en el país rechaza cualquier posible acto de hostigamiento, intimidación, persecución y desprestigio en los que se han visto involucrados defensoras y defensores de derechos humanos en Venezuela y el mundo, así como, la agresión de la que fue víctima el Defensor del Pueblo Tarek William Saab, por parte de la Oficina de Estados Unidos de la Organización Internacional de Policía Criminal Interpol y por las autoridades migratorias mexicanas durante su asistencia a la 12º Conferencia Internacional de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos organizada por el Comité Internacional de Coordinación de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos (CIC), adscrito a la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Exigimos a las autoridades internacionales que se investiguen los hechos denunciados por la Defensoría del Pueblo del Estado Venezolano ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (Cancillería) de los Estados Unidos Mexicanos.
Además, exhortamos a los organismos internacionales de Derechos Humanos entre ellos, a la Organización Naciones Unidas a estar alerta ante atropellos como estos a cualquier defensor y/o defensora de derechos humanos.
De igual forma, como organización de la sociedad civil venezolana exigimos el cese de las prácticas de descalificación y criminalización en distintos medios de comunicación en contra de algunos defensores y defensoras que se dedican a trabajar a favor de la defensa de los derechos humanos en el país.
Asimismo, reiteramos nuestra preocupación por las recientes agresiones sufridas por Marino Alvarado, ex coordinador de la organización de derechos humanos, Provea y su menor hijo, solicitando al Ministerio Público y a las instituciones del Estado a realizar una investigación profunda de tan lamentable situación.
Debemos señalar la importancia que tienen las organizaciones de la sociedad civil en la promoción y defensa de los derechos humanos y su contribución con la consolidación de la democracia y una cultura de paz como lo refleja la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 132, que dice que “Toda persona tiene el deber de cumplir con sus responsabilidades sociales y de participar solidariamente en la vida política, civil y comunitaria del país, promoviendo y defendiendo los derechos humanos, como fundamento de la convivencia democrática y de la paz social”.
Finalmente, instamos a los Estados partes a respetar y aplicar la resolución A/RES/53/144 de la Asamblea General de las Naciones Unidas que dice que tienen el deber de proteger, promover y hacer efectivos todos los derechos humanos, garantizar que toda persona sometida a su jurisdicción pueda disfrutar en la práctica de todos los derechos y libertades sociales, económicos, políticos y de otra índole, promover la comprensión pública de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, garantizar y apoyar la creación y el desarrollo de instituciones nacionales independientes encargadas de promover y proteger los derechos humanos.La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, organización que lleva treinta años dedicándose a la defensa y promoción de los derechos humanos en el país rechaza cualquier posible acto de hostigamiento, intimidación, persecución y desprestigio en los que se han visto involucrados defensoras y defensores de derechos humanos en Venezuela y el mundo, así como, la agresión de la que fue víctima el Defensor del Pueblo Tarek William Saab, por parte de la Oficina de Estados Unidos de la Organización Internacional de Policía Criminal Interpol y por las autoridades migratorias mexicanas durante su asistencia a la 12º Conferencia Internacional de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos organizada por el Comité Internacional de Coordinación de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos (CIC), adscrito a la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Exigimos a las autoridades internacionales que se investiguen los hechos denunciados por la Defensoría del Pueblo del Estado Venezolano ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (Cancillería) de los Estados Unidos Mexicanos. Además, exhortamos a los organismos internacionales de Derechos Humanos entre ellos, a la Organización Naciones Unidas a estar alerta ante atropellos como estos a cualquier defensor y/o defensora de derechos humanos.
De igual forma, como organización de la sociedad civil venezolana exigimos el cese de las prácticas de descalificación y criminalización en distintos medios de comunicación en contra de algunos defensores y defensoras que se dedican a trabajar a favor de la defensa de los derechos humanos en el país.
Asimismo, reiteramos nuestra preocupación por las recientes agresiones sufridas por Marino Alvarado, ex coordinador de la organización de derechos humanos, Provea y su menor hijo, solicitando al Ministerio Público y a las instituciones del Estado a realizar una investigación profunda de tan lamentable situación.
Debemos señalar la importancia que tienen las organizaciones de la sociedad civil en la promoción y defensa de los derechos humanos y su contribución con la consolidación de la democracia y una cultura de paz como lo refleja la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 132, que dice que “Toda persona tiene el deber de cumplir con sus responsabilidades sociales y de participar solidariamente en la vida política, civil y comunitaria del país, promoviendo y defendiendo los derechos humanos, como fundamento de la convivencia democrática y de la paz social”.
Finalmente, instamos a los Estados partes a respetar y aplicar la resolución A/RES/53/144 de la Asamblea General de las Naciones Unidas que dice que tienen el deber de proteger, promover y hacer efectivos todos los derechos humanos, garantizar que toda persona sometida a su jurisdicción pueda disfrutar en la práctica de todos los derechos y libertades sociales, económicos, políticos y de otra índole, promover la comprensión pública de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, garantizar y apoyar la creación y el desarrollo de instituciones nacionales independientes encargadas de promover y proteger los derechos humanos.