“Nunca en la historia republicana de Venezuela se había procedido a detener a tantas personas, en bloque, de la manera cómo se hizo el año pasado, tal cual ha ocurrido, lamentablemente, durante el gobierno del Sr. Nicolás Maduro”. NP
La expresión de tan sombría realidad, no cónsona con las garantías que ofrece un país democrático, corresponde a Gonzalo Himiob Santomé, director del Foro Penal Venezolano, al referirse tanto a los presos políticos como a quienes son sometidos a enjuiciamientos tan solo por expresar sus ideas.
“En estos momentos tenemos a 78 personas privadas de su libertad por motivos políticos, de las cuales a la mayoría se le siguen procesos, es decir, que no han sido formalmente condenadas todavía. De este número, 31 ciudadanos han sido privados de su libertad, en relación con las protestas que tuvieron lugar en el 2014”, manifestó el también docente universitario y escritor
“Además de esta cifra de privados de su libertad, sumamos a 2031 personas al día de hoy sometidas a procesos penales desde el año pasado, por haber hecho uso de su derecho a manifestar contra el poder, en este caso, contra el Gobierno”, dijo, aclarando que para julio de 2014 se mantenían encarceladas a cerca de 300 personas debido a las protestas en la vía pública.
Himiob subraya el esfuerzo que en torno a dichas causas han realizado abogados voluntarios prestados a la defensa de tales personas. “A la fecha, todavía nos quedan 78, que es un número bastante alto, bastante elevado”.
“Pero, además, quiero reiterar que lo delicado es que no solamente tenemos presos políticos, sino que tenemos a más de dos mil personas sometidas a proceso penal, a medidas cautelares, que están con esa ‘espada de Damocles’ sobre el cuello siempre, pendientes de si van a ser en algún momento arrestados por expresar críticas”, denunció el profesional del derecho.
Cuando la voz de la verdad encuentra oídos sordos
Himiob enfatizó que desde el Foro Penal Venezolano se ha propuesto tanto a la Asamblea Nacional como a la Presidencia de la República directamente, en cinco oportunidades, un proyecto de Ley de Amnistía y de Reconciliación Política, “al que lamentablemente no se le ha prestado atención”.
“La Ley de Amnistía es el mecanismo idóneo para cerrar el capítulo oscuro, triste, verdaderamente lamentable, de la persecución política, no únicamente desde el 2014 hasta acá sino desde hace más de 15 años, en los que, definitivamente, el sistema de justicia, la Fiscalía, e, incluso, los cuerpos de seguridad han sido utilizados como herramientas, como armas de la intolerancia y la persecución política”.
Sin embargo, el declarante alerta que la amnistía constituye solo un primer paso. “Una vez promulgada la amnistía, tenemos también que contar con jueces, con fiscales, con operadores de justicia que estén dispuestos a aplicarla”, indica, como alternativa para superar tan dolorosa etapa en el país.
Finalmente, al recordar un caso emblemático, el defensor de los derechos humanos menciona la detención de jóvenes estudiantes en el campamento del PNUD, en el municipio mirandino Chacao, el 8 de mayo del año pasado, cuando le tocó ejercer como abogado. “Fue la detención más grande de personas a escala nacional: en una sola madrugada, 213 personas. Solo en ese campamento, se arrestaron a 121 muchachos, todos ellos estudiantes”.
“En la audiencia, una vez que la defensa expuso sus alegatos y que la fiscalía trató de contrarrestar, uno de los que sigue detenido – quien pasó seis meses en ‘La Tumba’, ese sitio ignominioso -, de nombre Gerardo Carrero, después de escuchar a ambas partes y la manera subrrealista y bizarra en que el tribunal y la misma fiscalía se oponían a los defensores, me abrazó y me dijo: ‘hermano, yo sé que en este país, en este tribunal y en esta sala de audiencias no voy a tener justicia. Yo sé que mi libertad no está en manos de esta juez”, rememoró.
“Por muchos esfuerzos que tú hagas, yo sé que mi libertad está en manos del pueblo venezolano’ ”, terminó confiándole Carrero a Gonzalo Himiob Santomé, director del Foro Penal Venezolano, una aspiración que es común a todos los venezolanos que aspiran un cambio en el país que decrete el cese de la persecución política y donde opinar distinto no sea un delito.