La deriva antidemocrática de Venezuela, el debate sobre impunidad y guerrilla en Colombia o el dramático récord en derechos humanos de México, son algunas de las cuestiones que marcan la agenda del chileno José Miguel Vivanco, director de la división de las Américas de Human Rights Watch (HRW), que este jueves intervino en la Casa de América, publica ABC de España.
-Si el Gobierno de Nicolás Maduro no permite la presencia de observadores internacionales en las legislativas del 6 de diciembre ¿estará en duda la limpieza de los comicios?
-El Gobierno ha dejado claro que no permite observadores electorales, que en el mejor de los casos permitiría una delegación de lo que ellos llaman acompañantes, pero no se sabe cuál es su misión. Está claro que la OEA y la UE no podrán participar, lo cual genera serias sospechas, pero aún existe la posibilidad de que Unasur pueda enviar una misión. Ojalá tenga atribuciones, funciones claras y demuestre independencia. No son unas elecciones más, son muy importantes para Venezuela y hay que preservar la credibilidad e integridad del proceso. Por eso la necesidad de garantizar la presencia lo antes posible de estos observadores internacionales que puedan incluso realizar un recuento paralelo.
-¿Venezuela recurre a conflictos como el fronterizo con Colombia para ocultar las malas perspectivas del chavismo en las legislativas, según los sondeos?
-No se cuáles son las motivaciones, pero no cabe duda de que fue una crisis fabricada en Caracas. En la frontera entre Venezuela y Colombia hay serios problemas desde hace décadas, con presencia del crimen organizado, guerrillas y paramilitares. Sin embargo ese problema no se puede abordar mediante la deportación sin el debido proceso de ciudadanos colombianos e incluso venezolanos. Da la impresión de que ha sido para distraer la atención interna. Pero la reacción internacional ha sido clara en el sentido de no comprar el cuento que han querido vender en Venezuela.
-El Poder Judicial en Venezuela está capturado desde 2004, no cuenta con la más mínima independencia, la concentración de poder es prácticamente total. Cualquier abogado tiene la obligación ética y jurídica de agotar todas las instancias, pero esas decisiones se toman en el Palacio de Gobierno y no en el Poder Judicial. No tengo mayor esperanza en que instancias superiores del Poder Judicial puedan revertir una sentencia que constituye una arbitrariedad, a Leopoldo López se le ha condenado sin pruebas. Hemos tenido acceso a su expediente judicial y no existe evidencia alguna que justifique incluso una orden de detención.
-¿Por qué cree que el Gobierno lo mantiene aislado en un módulo de la cárcel militar de Ramo Verde, tras seis rejas?
-Es una manera más de intentar castigarlo, humillarlo, hacerlo sentir aislado. Es un ejercicio más del poder abusivo de Maduro y frente a ello lo único que cabe es ejercer presión internacional para lograr ojalá su libertad inmediata sin condiciones.
-¿Echa de menos el rechazo de países de peso en la región a la detención y condena contra el líder opositor venezolano, entre otros 78 presos políticos?
-La reacción de la opinión pública ha sido clara. La de los gobiernos, especialmente los latinoamericanos, ha sido lenta una vez más. Sin embargo, nadie ha salido a defender esa sentencia, excepto Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. No sé si ni siquiera la propia juez (Susana Barreiros), que entiendo está buscando un puesto diplomático en recompensa por esta sentencia. Los líderes regionales, al menos en privado, admiten que es un hecho arbitrario, que no tiene justificación. La sentencia ha servido para colocar ante los ojos de la opinión pública mundial el grado de arbitrariedad que existe en Venezuela.
-¿Qué le parece que la Justicia venezolana haya ordenado la búsqueda y captura de los directores de los medios opositores «Tal Cual», «El Nacional» y «La Patilla», tras reproducir la información publicada por ABC, según la cual el presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello, sería el jefe del cártel de los Soles?
-Reproducir una noticia publicada en ABC pero que dio la vuelta al mundo no puede constituir un delito. Esa es la situación de Venezuela, donde las restricciones al ejercicio de la libertad de expresión son de las más graves de América Latina. La autocensura es la norma. Como ellos cuentan con esas herramientas de represión, el Poder Judicial ad hoc, unos jueces que son verdaderos soldados de la causa, no les resulta difícil empapelar a aquellos que se convierten en objetivo del Gobierno. Espero que estas órdenes de captura o arresto no sean procesadas por Interpol.
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