Los administradores de un enorme edificio de apartamentos de lujo en Panamá que porta la marca Trump expulsaron a la empresa de Donald Trump meses atrás, entre acusaciones de mala gestión, gastos excesivos y bonificaciones no reveladas que los ejecutivos se pagaron a sí mismos. AP
El virtual golpe de Estado en el Panama City Trump Ocean Club, el edificio más grande de Centroamérica, ofrece un vistazo al funcionamiento del imperio de negocios del más prominente de los precandidatos republicanos a la presidencia de Estados Unidos y al estilo de manejar las cosas que podría esperarse si Trump llega a la Casa Blanca.
La transparencia y la atención a los gastos no son su fuerte, pero sí exprimir al máximo el lenguaje contractual.
Ya sea al hacer frente a los banqueros de Wall Street, enfrascándose en debates con sus rivales republicanos a la presidencia o dirigiendo una asociación de condominio, Trump ha promovido sus intereses aprovechando su reputación descomunal, astucia y energía.
En una entrevista, el hijo de Trump, Eric, desestimó las acusaciones de mala gestión diciendo que eran solo un intento orquestado para mancillar la reputación de los triunfos de la familia Trump. Calificó al proyecto de “un emblema increíble y, francamente, un gran testimonio de Estados Unidos”.
Construido con la forma de una vela de barco abierta por el viento, el edificio es reconocido como uno de los más bellos de Panamá. Los visitantes pueden disfrutar de bebidas en el piso 65, con todo y una piscina sin borde aparente que parece flotar en el aire, con el océano al fondo.
“Estoy orgulloso de haber desarrollado este rascacielos extraordinario”, dijo Trump en un folleto promocional de 2007, que incluía la promesa de construir “una marca histórica en América Latina y el Caribe”.
Resulta, sin embargo, que Trump no fue el desarrollador del proyecto: se limitó a rentar su marca, aunque eso tuvo un precio alto. Un prospecto de bonos en 2007 para el proyecto estimaba que acumularía 75,4 millones de dólares en pagos por el arrendamiento de licencias, aproximadamente dos tercios de la cantidad recaudada.
Agobiado por los sobrecostos y la recesión mundial, el verdadero desarrollador del complejo suspendió los pagos de sus deudas a los pocos meses de que se cortó la cinta inaugural en 2011. Trump ganó unos 20 millones de dólares en concesiones mediante un acuerdo de quiebra posterior, y probablemente fue el único participante del acuerdo original que salió ganando.
Junto con sus marcas y sus contratos de gestión hotelera, Trump firmó un tercer contrato para administrar todo el edificio. Una serie de párrafos contractuales le dieron a la empresa de Trump el derecho de voto en la junta de propietarios, en nombre de cientos de hoteles y unidades en condominio.
Los compradores se habrían enterado de que abdicaron a sus derechos de voto sólo si hubieran leído las letras pequeñas de sus contratos de venta, dijo Al Monstavicius, un médico de Nevada jubilado que compró un penthouse.
“No debería haber firmado eso”, dijo Monstavicius. “Pero no hubo nada que pudiera hacer porque mi dinero estaba comprometido”, agregó.