El expresidente de Guatemala Otto Pérez Molina, en prisión preventiva por supuestamente liderar la red de corrupción aduanera “La Línea”, pedirá a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) que investigue la que califica como “persecución política” que hay en su contra.
EFE
Según declaró uno de sus abogados a los periodistas, el letrado Moisés Galindo, se están “violando los derechos” de su patrocinado y la CELAC tiene que “tomar nota” porque “no se pueden permitir estas injerencias” que vienen “directamente de los Estados Unidos”.
Pérez Molina se encuentra privado de libertad desde el pasado 3 de septiembre acusado de los delitos de cohecho activo, asociación ilícita y caso especial de defraudación aduanera.
Galindo y el otro abogado, César Calderón, entregaron esta mañana en la embajada de Ecuador una misiva redactada por el propio exmandatario en la que piden al presidente de ese país y presidente de la CELAC, Rafael Correa, enviar una misión a Guatemala para verificar el proceso legal en contra de Pérez Molina y emitir una sanción al respecto.
El letrado dijo que se están violando derechos como el acceso a la Justicia, la presunción de inocencia o el derecho a una defensa, y agregó que la CELAC, “como un organismo multilateral y regional”, debe velar por que se respete “el debido proceso, el derecho interno y la autodeterminación de los pueblos, como es Guatemala”.
Al ser cuestionado si esa injerencia vendría de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Galindo fue claro y aseguró que proviene de los Estados Unidos.
“La injerencia es directamente de los Estados Unidos en el caso contra él (Pérez Molina)”, porque a su juicio, en este proceso la cuestión se ha vuelto “personal” y este extremo el exfuncionario lo hace ver en la carta dirigida a Correa.
La CICIG y el MP acusan a Pérez Molina y a su ex vicepresidenta Roxana Baldetti, también en prisión, de liderar “La Línea”, una red de corrupción de defraudó millones de dólares al Estado dentro del ente recaudador de impuestos, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), en complicidad con otras 49 personas.
Las autoridades calculan que más de 1.500 contenedores con mercancías entraron en el país mediante “La Línea” evadiendo el pago de impuestos.