El abogado y defensor de Derechos Humanos, Rafael Narváez, señaló que en el país existe un 98% de impunidad en cuanto a los crímenes que se cometen y que con esto “el gobierno favorece a la delincuencia al no castigar al victimario”. Con esto, Narváez le salió al paso a las declaraciones dadas por la Ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, en las que aseguró que el país es campeón en Derechos Humanos”.
Narváez señaló que, solo en el mes de octubre más de doscientos cadáveres ingresaron a la Morgue de Bello Monte como saldo fatal de hechos violentos. Recordó la aplicación fallida de planes de seguridad, incluyendo la Operación para la Liberación del Pueblo (OLP) de la cual sostuvo que a noventa días de su aplicación se trata de “un capricho mediático del Gobierno” que no ha surtido efecto en bajar índices de criminalidad.
“La Ministra Varela está equivocada” remarcó el activista de DDHH y señaló que, pese a que en la Constitución Nacional se establece la protección del individuo por parte del estado en derechos fundamentales como la seguridad ciudadana, alimentación, salud y trabajo “la realidad es que en Venezuela están vulnerados esos derechos”.
“Vemos como cada día se incrementan las colas, que tienen al menos cuatro horas de duración, colas de gente esperando por la posibilidad de llevar artículos de primera necesidad a sus hogares, los cuales no se consiguen. Por otra parte, está la ausencia de medicamentos que vulnera el derecho a la salud, el padecimiento que pasan los pacientes con enfermedades crónicas, hipertensión, enfermos renales, con cardiopatías. También se violentan los derechos económicos y jurídicos de los venezolanos” argumentó.
El defensor de DDHH aseguró que “el Estado es violador de Derechos Humanos, desprecia la vida, la justicia y fortalece la impunidad”. Agregó que no hay políticas de rectificación para garantizar los derechos fundamentales y que lo ocurrido durante la detención del ex gobernador zuliano Manuel Rosales en el Aeropuerto Internacional de Maracaibo es una muestra más. “El Sebín incauto celulares, para borrar imágenes que no le convenían al Estado, incautó información de periodistas, planteando así la censura, violentado derecho al trabajo y al libre ejercicio de periodismo. En vez de estar pendiente de los pranes, es un Estado cómplice mientras la delincuencia se arma con granadas” concluyó.