El Salario Mínimo desde su creación vía el Decreto Presidencial N° 122 en 1974 por Carlos Andrés Pérez se ha convertido en un mito utilizado con frecuencia para intentar compensar los males que la inflación genera.
Con regularidad las actuaciones de los gobiernos se han orientado a solapar los males que la mala política económica genera; acuden con frecuencia a incrementos de salarios mínimos para tratar de compensar los daños de la inflación en lugar de concentrarse en el objetivo primordial que debe ser reducirla al mínimo posible, tarea que resulta difícil cuando la inflación es precisamente fuente de financiamiento para el propio gobierno.
El salario mínimo es un mecanismo de compensación ineficaz que resulta de la indexación de los salarios a la inflación producida previamente, es incapaz de resolver los problemas relacionados a la inflación esperada, es decir, mientras se producen aumentos en base a datos pasados, la inflación reciente erosiona de igual modo los saldos reales.
Es necesario resaltar el comportamiento de los salarios reales. Los incrementos de los salarios mínimos significan variaciones en términos nominales, incremento numerario de porción o cantidad del salario, sin embargo para lograr medir la variación real del salario es necesario descontar el efecto inflacionario, una vez que se descuenta el impacto inflacionario sobre las variaciones nominales de los salarios se obtiene en efecto el salario real, es este indicador el que debe ser analizado y tomado en cuenta, difícilmente será significativa una variación nominal de los salario de un 100% si la inflación en el mismo periodo es de 1000%, en tal escenario hipotético se puede observar una caída del salario real en 900%.
La solución a la pérdida de poder adquisitivo no radica en incrementos nominales de los salarios, sino por el contrario en la reducción significativa de los niveles de inflación, la causa esencial de pérdida del poder adquisitivo del dinero, no hay solución alguna en los incrementos frecuentes de los salarios si no se logra reducir los niveles de inflación.
El mecanismo de ajuste para los salarios no debe ser la compensación en base a la inflación previa, sino la indexación en base a la productividad real. El proceso de compensación inflacionaria condena al sector empleador y no toma en cuenta las complicaciones en las etapas productivas, en una economía en contracción o recesión, las empresas tienen menores rentas disponibles, es altamente difícil asumir los incrementos de salarios, tal obligación significa que a pesar de la baja productividad de la empresa ahora se debe dedicar mayor porcentaje de la renta disponible para cubrir aumento salarial, tal escenario solo complica la situación económica de las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas que cuentan con menor renta disponible para hacer frente a estas obligaciones, el riesgo que enfrentan estas empresas en un escenario de contracción o recesión es tal que cumplir con la obligación de incremento salarial puede causar reducción de la carga laboral o simplemente incapacidad para mantener la empresa en pie, causando la quiebra o fuertes presiones sobre el desempleo.
El modelo de compensación salarial en base a inflación es un sistema ineficaz que solo ratifica las necesidades de los gobiernos de financiarse hoy con inflación a costa del incremento salarial de mañana, compromete arduamente la estructura productiva y tienen incidencia negativa en las pequeñas y medianas empresas, incrementando los niveles de desempleo y comprometiendo la operatividad.
El ajuste salarial debe ser en base a la indexación de la productividad, tal mecanismo permite mejores y mayores ajustes de los salarios en función de los niveles operativos de la empresa, reduce los riesgos de despidos por balancear la carga laboral excesiva en momentos críticos –contracción, recesión- y permite a los empleados obtener mayores salarios en función de la productividad de la empresa, si la empresa es más productiva los trabajadores ganaran más, este mecanismo crea incentivos favorables. La indexación a la productividad condena al gobierno por obligación y sin excusas a bajar los niveles de inflación a mínimos y a procurar mejoras en productividad.
En Venezuela los incrementos de salarios mínimos han pasado a ser algo tradicional, así como los altos niveles de inflación y las devaluaciones de la moneda típicas del primer trimestre de cada año nuevo, semejantes políticas de ajuste solo sirven para reconocer y ratificar los fallos y la ineficacia del gobierno en el manejo de la economía, al ser incapaz de preservar la estabilidad de precios y la fortaleza de la moneda año a año tiene que compensar tales distorsiones con medidas que no traen ninguna solución.
Desde su creación en 1974 el Salario Mínimo se ha incrementado en 34 oportunidades sin lograr ningún efecto aparente, del total en 27 veces en la gestión Chávez-Maduro con igual resultado.
En 2015 el último ajuste de 30% lleva el Salario Mínimo a Bs. 9.649,00 variando en 97,35% respecto al último salario de 2014, en términos nominales parece atractivo pero la realidad es que la inflación esperada para 2015 es de 190% – 200%, en base a estimaciones del FMI, lo que prácticamente deja sin efecto cualquier incremento nominal ilusorio.
El problema es mucho más grave porque Venezuela lleva dos años en recesión con caídas en el PIB de -7% 2014; -10% 2015 y continuara con -6% 2016 según estimaciones del FMI. Tal escenario complica los ajustes de salarios para las empresas al tener menor renta disponible, sobre todo las Pequeñas y medianas con menor capacidad de absorción. El sector privado es el mayor empleador del país con 80% de la carga laboral según el Instituto Nacional de Estadística 2014. Finalmente será este sector el que deba asumir los errores en política económica y el costo del incremento salarial, con un alto riesgo de incrementar el desempleo o proceder a la quiebra. En tal sentido deberíamos preocuparnos en adelante por los efectos que tal política traerá en el desempleo y la productividad, más que en la ilusoria y mítica compensación sobre el poder adquisitivo.