Venezuela impera un sistema socialista; en tal sistema el Estado debe organizar a la sociedad a través de mandatos coercitivos y decisiones centralizadas, procurando el control y manejo esencial de los medios de producción.
En el ejercicio del poder y la lucha por el dominio este sistema encuentra con frecuencia en la empresa privada a un enemigo formidable. En primera instancia porque lleva a cabo una labor que es incluso capaz de generar mayor bienestar del que el propio Estado, también porque lo hace persiguiendo claramente fines e intereses económicos. A través de la empresa privada se llevan a cabo la transformación de recursos y materias primas en bienes para el disfrute y satisfacción de las necesidades de la sociedad. Es capaz de generar crecimiento y rentas que llegan a los trabajadores en forma de salarios, se crea y promueve investigación y desarrollo que apalancan la innovación y el mejoramiento de la calidad de vida.
La empresa privada siempre busca generar beneficios, en este ejercicio se descartan procesos erróneos, se abandonan proyectos no rentables para emprender ideas que traigan consigo beneficios y mejoras. Ejerciendo la empresarialidad se adentra en un conjunto de procesos desconocidos que se transforman en conocidos en la medida que aprenden de los errores y se adecuan a la utilización de herramientas y métodos (medios) que le permitan alcanzar el éxito (fin). La Empresa privada es capaz de crear bienestar sin perseguirlo como fin primordial, satisfacer necesidades y crear mejoras y desarrollo.
La labor de la empresa privada se ha visto cada vez más comprometida por las acciones del Estado, el socialismo no ve a la empresa como un aliado natural, sino como una amenaza, una competencia en el dominio del poder. Es sometida con regularidad y cada vez mayor frecuencia a expropiaciones, confiscaciones de bienes, infraestructura, inventarios, materia prima entre otras acciones. Se dice que su acción y comportamiento afecta de manera negativa el bienestar del pueblo.
Al empresario le ha tocado lidiar con controles de todo tipo, de cambio que incide en la adquisición de materia prima y producción, de costos que limita la adecuación de la estructura de la empresa a la realidad de la economía, de precios que impide la fijación de precios libres y somete a un precio justo fijado arbitrariamente por el Estado y laboral que contempla la inamovilidad limitando el despido y ajuste del factor trabajo, obligado también a soportar incrementos salariales continuos y desproporcionados que solo buscan compensar los males que el propio Estado crea, como el de la inflación. La empresa privada es sometida a todo un entramado burocrático que complica cada vez más el ejercicio de la función empresarial, limitando la producción, comercialización y venta final. El Estado tiene cada vez más control de cada pequeña acción que pueda generar cualquier empresa.
A pesar de los controles y esquemas burocráticos a los que son sometidos aún quedan empresarios que sobreviven a los embates de la política socialista.
Se ha construido todo un sistema de corrupción y burocracia que termina perjudicando arduamente el ejercicio de la empresa privada y como consecuencia a la satisfacción de las necesidades de los venezolanos. Muchas empresas han tomado la decisión de cerrar puertas e irse del país, en el mejor de los casos lo pudieron hacer las grandes empresas, en el peor la pequeña y mediana empresa ha sufrido el colapso y eventual quiebra.
Hacer empresa en Venezuela es una labor titánica y hasta criminal, lo último porque pareciera ser un delito preocuparse por llevar un bien o servicio al mercado, crear empleo, generar desarrollo y promover la satisfacción de las necesidades de la población, buscando a cambio una rentabilidad por los recursos invertidos en el proceso empresarial.
En gran medida los parques industriales se han transformado en terrenos vacíos, sin industrias, sin empresas ni producción. Como resultado la población padece una escasez generalizada, la oferta nacional es incapaz de abastecer la demanda de bienes y servicios del país. Pero, esto no es casualidad, es el resultado de una política orientada hacia la destrucción y criminalización del sector empresarial del país.
La coyuntura de los precios del petróleo ha hecho que merme la estrategia de importación subsidiada que se tapaba el agujero de la industria nacional. La usencia de dólares para importar y la debilidad del aparato industrial domestico para abastecer el país han hecho que la crisis se complique aún más, la agudización de los controles no deja espacio a respiro, por el contrario asfixian aún más. La conjunción de un control cambiario insostenible y un control de precios agobiante ha hecho que ser empresario en el país sea un reto de vida o muerte.
Los esfuerzos de la empresa privada por mantenerse en pie de lucha no son recompensados, por el contrario desde el Estado se ha apostado a una criminalización del ejercicio de la actividad empresarial; es decir, ser empresario es un delito y producir pese a las adversidades constantes ataques es un crimen.
No se puede ser productivo, emprendedor, innovador, no pueden las empresas perseguir sanamente fines económicos, no, deben ser siervos al servicio del socialismo que cada vez destruye más empresas y puestos de trabajo, pareciendo mutar en formas distintas en cada oportunidad. En Venezuela son cada vez menos las empresas que producen, pero fruto de la política imperante los revendedores –bachaqueros- cada día son más. Con menos empresas produciendo y más revendedores pescando renta, no solo es una acción injusta para el empresario que verdaderamente invierte en llevar ese bien al mercado, sino que producto de esta distorsión el precio final del bien termina siendo muy elevado.
Preocuparse por el funcionamiento de la economía del país, por levantar empresa, llevar un producto al mercado o simplemente mantenerse en pie pese a los embates es una acción delictiva y criminal.