Esa figura que contempla nuestra Constitución en su artículo 337, para decretar estados de excepción en circunstancias de orden social, económicas, políticas, natural o ecológicas “que afecten gravemente la seguridad de la Nación, de las instituciones y de los ciudadanos y ciudadanos, a cuyo respecto resultan insuficientes las facultades de las cuales se disponen para hacer frente a tales hechos…”, es irracionalmente aplicada por el régimen imperante en el país para su exclusivo provecho, o dicho de otra manera, para actuar a sus anchas e imponer su sectarismo.
Si lo vemos en su escala de aplicación, como decreto de excepción en los ámbitos que lo soportan desde hace más de dos meses, es decir en la región fronteriza de Venezuela con Colombia, sin que se cumplan los extremos mencionados en nuestra Carta Magna ni arrojen los supuestos resultados esperados por las autoridades, observemos que medidas como la prohibición expresa de multitudinarias concentraciones de personas, aplica solo para los partidos de oposición; y mientras los grupos del mal llamado Polo Patriótico disponen incluso de los recursos del Estado (dinero y equipos de movilización) para sus campañas electorales, los opositores son exceptuados, que es lo mismo que impedidos, de llegar con su mensaje a quienes en esa extensa y muy poblada región del país deberán escoger el venidero 6 de diciembre sus candidatos a la Asamblea Nacional.
Sobre esta discriminación en relación con el agrupamiento de personas en lugares específicos para manifestar sus posiciones políticas, ya existe desde el establecimiento del régimen que hoy padecemos, la práctica de establecer diferencias entre los venezolanos alineados en torno a los partidos y sus líderes gubernamentales, a los cuales se les permite tomar cualquier calle de la ciudad e interrumpir su normal desenvolvimiento, sin previo aviso, incluso entrar a la propia sede del Poder Ejecutivo, mientras que, por otro lado, se excluye o se exceptúa a lo que hoy constituye la mayoría de los ciudadanos de este país de transitar y expresar sus reclamos en forma grupal por áreas de la ciudad de la que solo pueden hacer uso los privilegiados militantes del diosdado-madrurismo.
Y si lo llevamos a otros ámbitos, nos encontramos como excepciones como las siguientes:
Se encuentran exceptuados de las divisas preferenciales, los industriales que conforman el sector productivo nacional de bienes y servicios; mientras traficantes de influencia, gente estrictamente allegada a la dirigencia gubernamental, se convierten en prósperos comerciantes que realizan negocios con la compra de productos elaborados en otros países, en circunstancia desfavorables para la economía del país y, de manera especial, para el bolsillo del venezolano. Recordemos la compra de arroz a comerciantes argentinos, donde se señaló -sin ningún tipo de desmentido oficial- a una hija del extinto presidente Chávez, a quien se pretende proteger del juicio al que debiera ser sometida, enviándola al exterior con un cargo diplomático para el cual nunca se preparó.
Igual situación se presenta con el creciente número de empresarios extranjeros, especialmente, chinos, rusos, argentinos y brasileños, aplicados en áreas de la ingeniería vinculada con la ejecución de obras habitacionales y viales, a exorbitantes costos y una pésima calidad. Y esta es una queja particularmente expresada por el gremio de la ingeniería venezolana que se resiste a aceptar, como todos a quienes nos duele el país, tal situación, negadora y reveladora de la auténtica “soberanía” que trata de imponer el régimen.
Se encuentra exceptuado cualquier venezolano que acuda ante los organismos de justicia del país. La denuncia de cualquier opositor no vale absolutamente nada: no cuenta con ningún tribunal, fiscalía ni de la presunta “Defensoría del pueblo”, para procesar debidamente cualquier señalamiento que se formule contra funcionarios del Estado. La lista de involucrados en delitos de robo a la nación y violación de derechos humanos ciudadanos, es bastante larga, y todos conocemos hacia adonde apunta el dedo acusador del pueblo.
Estamos exceptuados la mayoría de los venezolanos de acceder a la compra de un vehículo, una nevera o una lavadora china, mientras observamos en el tránsito capitalino automóviles de lujo extremo en manos de los favorecidos del régimen, especialmente de militares y gentes del partido.
Todos estamos exceptuados de viajes como los que disfruta el Presidente y sus allegados, con dólares preferenciales, en misiones que, comprobadamente, en nada contribuyen a sacar de la crisis al país
Todos estamos exceptuados también de un buen servicio de calidad en mercados, farmacias, hospitales, seguridad pública, entre otros, que perdimos en un cerrar y abrir de ojos, desde que llegó la “revolución”, pues “llegó el comandante y mandó a parar”
Pero, debemos recordar, los exceptuados formamos mayoría, y es la que debemos hacer valer el 6 de diciembre próximo. ¡Todos a votar porque Venezuela quiera cambio!
@Twitter: JJMorenoA