Rosa Amelia Asuaje, una de las peritos que a petición del Ministerio Público (MP) analizó si los mensajes del líder opositor Leopoldo López Mendoza a sus seguidores incitaban a la violencia –y cuyo testimonio era la principal prueba de la fiscalía en su caso–, salió al paso de las declaraciones de Franklin Nieves, uno de los dos fiscales acusadores que instruyeron el expediente contra el líder de Voluntad Popular.
En el artículo “La responsabilidad y el exfiscal Nieves” publicado en el diario zuliano Panorama –en la que advierte que se pronuncia de forma voluntaria y sin coacción de ninguna de las partes– Asuaje señala que se desmarca de las opiniones emitidas por el exfiscal con respecto a su participación y la forma cómo elaboró la experticia que se le pidió.
No obstante, reconoce que “tuve discrepancias de criterios con el Ministerio Público sobre mi declaración” y en relación a su informe aclara que “el mismo fue refutado por no ser incisivo y complaciente” por el Ministerio Público.
Ahora, saliendo a la luz pública por primera vez desde que prestó sus servicios como experta en semiología, Asuaje afirma que se ha visto en la obligación moral, ética y profesional de hacer algunas aclaratorias sobre su participación en el proceso luego de que ha sido víctima de amenazas a su vida y a la de su hija y de que ha sido sometida al escarnio público por personas que, sin tener pruebas en sus manos que la incriminen y sin saber lo que realmente sucedió durante esa audiencia, la han difamado a ella y a su familia.
Señala que “Tal como lo dije en el juicio oral, sería sumamente irresponsable de mi parte que yo dijese allí que López señaló expresamente que había que incendiar la Fiscalía o que había que usar métodos de violencia física, pues ello no constaba ni en la muestra ni en el corpus del material que se me fue dado por la Fiscalía para analizar”
Añade en su artículo la Dra Asuaje que “Toda sentencia penal debe darse en función de los testimonios y pruebas, siendo estas mucho más importantes que las primeras porque son las que sustentan lo que se dice sobre algo. El hecho de que la jueza Barreiros haya puesto en su sentencia, (página 263) que yo inculpaba al ciudadano López por la quema de la sede fiscal y de los cuerpos de seguridad, es una interrogante que aún me hago, pues quien haya tenido acceso a la lectura de la sentencia y de mis declaraciones (plagada, por cierto, de numerosos errores de transcripción), jamás leerá que en mi registro de habla yo me refiriera al Ministerio Público como “sede fiscal” ni al CICPC como “cuerpo de seguridad”; además porque, y esto es lo más importante, no tenía yo pruebas para afirmar ello. Quiero pensar en la buena pro de la ciudadana jueza quien, quiso parafrasearme junto al añadido de sus propios juicios”
Lea a continuación el texto íntegro de Rosa Amelia Asuaje, profesora PHD en lingüística de la ULA
En vista de las declaraciones emitidas por el exfiscal 41, Franklin Nieves, el día 27 de octubre en la cadena de noticias internacional CNNE, me veo en la obligación moral, ética y profesional de hacer algunas aclaratorias al respecto.
A pesar de mi ponderado silencio desde los hechos relativos a mi participación, durante el mes de febrero del presente año, como experta lingüista en el caso del ciudadano Leopoldo López por los delitos que se le imputaban, he decidido de manera expresa, voluntaria, sin coacción alguna por ninguna de las partes en conflicto y haciendo uso de mi libertad de palabra como ciudadana venezolana, informar a los medios de comunicación venezolanos e internacionales, así como a la opinión pública, los siguientes aspectos:
1.- Me desmarco absolutamente de las opiniones emitidas por el exfiscal Nieves con respecto a mi participación y la forma en cómo elaboré la experticia que se me pidió desde el Ministerio Público. Ello lo argumentaré en función de una matriz que se ha impuesto, incluso desde el diario El Nacional (http://www.el-nacional.com/politica/Experta-reconoce-Leopoldo-Lopez-violencia_0_581942045.html) del día 27 de febrero de los corrientes en los que se expresa tajantemente que, en ningún momento -y durante mi declaración por más de 20 horas durante dos (2) días consecutivos en el Tribunal 28 de control- afirmo que el ciudadano López hace un llamado expreso a la violencia.
Tal como lo dije en el juicio oral, sería sumamente irresponsable de mi parte que yo dijese allí que López señaló expresamente que había que incendiar la Fiscalía o que había que usar métodos de violencia física, pues ello no constaba ni en la muestra ni en el corpus del material que se me fue dado por la Fiscalía para analizar.
Es absolutamente falso que yo haya recibido emolumento alguno por mi labor ante el Ministerio Público, prueba de ello pueden darlo mis cuentas bancarias que sólo reflejarán mi sueldo de profesora titular
Ahora bien, tal como lo destaca Nieves en sus declaraciones del día 27 de este mes en el programa de TV Conclusiones, mi experticia, dice el exfiscal, “siguió los deseos del Director de Delitos Comunes, Dr. Nelson Mejías”, quien “me obligó a hacer el informe tal como el Ministerio Público así lo requería para inculpar a López”.
Debe recordar la ciudadanía que siguió el caso que yo jamás utilicé verbos en modo indicativo y siempre empleé el modo potencial para expresar que el ciudadano podría, estaría en condiciones de…, etc. Ello por la simple razón de que la lingüística no es una ciencia vinculante para el Derecho y no está facultada para juzgar, pues ella sólo se limita a describir los hechos inherentes al lenguaje, sin emitir juicios de valor.
Ese matiz gramatical, que pareciera inocente es crucial en mi testimonio, tanto así, que en su momento, tuve discrepancias de criterios con el Ministerio Público sobre mi declaración. Al respecto le pregunto al exfiscal Nieves: ¿Cómo hacer un informe pericial “a la medida”, si luego el mismo fue refutado por no ser incisivo y complaciente? La razón de lo no categórico del informe pericial es que el mismo es una valoración “técnica” en strictu sensu y, además, responde a los criterios de un lingüista, y no a la lingüística como ciencia en general.
2.- Es absolutamente falso que yo haya recibido emolumento alguno por mi labor ante el Ministerio Público, prueba de ello pueden darlo mis cuentas bancarias que sólo reflejarán mi sueldo de profesora titular de una universidad autónoma. Los gastos de traslado y alojamiento eran pagados por el Ministerio Público porque en ese momento yo había prestado juramento y estaba a las órdenes de la Fiscalía; lo cual me ponía a la disposición de este órgano del Estado venezolano. No comprendo cuáles son las intenciones del exfiscal Nieves al decir lo que afirmó recientemente, funcionario con quien, de paso, mantuve siempre una relación cordial y respetuosa.
3.- Toda sentencia penal debe darse en función de los testimonios y pruebas, siendo estas mucho más importantes que las primeras porque son las que sustentan lo que se dice sobre algo. El hecho de que la jueza Barreiros haya puesto en su sentencia, (página 263) que yo inculpaba al ciudadano López por la quema de la sede fiscal y de los cuerpos de seguridad, es una interrogante que aún me hago, pues quien haya tenido acceso a la lectura de la sentencia y de mis declaraciones (plagada, por cierto, de numerosos errores de transcripción), jamás leerá que en mi registro de habla yo me refiriera al Ministerio Público como “sede fiscal” ni al CICPC como “cuerpo de seguridad”; además porque, y esto es lo más importante, no tenía yo pruebas para afirmar ello. Quiero pensar en la buena pro de la ciudadana jueza quien, quiso parafrasearme junto al añadido de sus propios juicios.
4.- Finalmente quiero hacer un llamado a la opinión pública y muy especialmente a los medios de comunicación privados de nuestro país, de que no se hagan eco del odio inducido. En el plano personal, he sido víctima de amenazas a mi vida y a la de mi menor hija, así como al escarnio público de amigos y extraños, especialmente por parte de mis colegas del gremio profesional, quien sin un ápice de piedad, han disparado sus misiles contra mí, sin tener las pruebas que me incriminan en sus manos y sin saber, irresponsablemente, lo que realmente sucedió en esa sala de audiencia los días de febrero pasados en los que comparecí ante la ciudadana jueza Susana Barreriro y del cual fueron testigos el mismo ciudadano Leopoldo López y su abogado defensor Juan Carlos Gutiérrez.
Este exhorto lo hago desde la voz de una experta que, por temibles juicios, ha sido difamada, al igual que mi familia, contribuyendo al odio entre venezolanos.