Como “derrochadores”, “despilfarradores” y “desmedidos” se ha querido llamar a los venezolanos, por los altos consumos de bienes de servicio como electricidad, agua o gasolina, reseñó El Impulso.
Por Rosmir Sivira
Múltiples campañas públicas y privadas se han realizado al respecto, las cuales han estado relacionadas con los aumentos de las tarifas, costos de producción y consumo consciente. No obstante, ese gasto desmedido ha sido señalado como el culpable de racionamientos como eléctrico.
Al respecto, el economista y bloguero Víctor Álvarez, responsable del portal web La Pupila Insomne, comenta en su artículo “Soy consciente, consumo eficiente”, que “no habrá consumo eficiente de gasolina, ni de electricidad, ni de agua, ni de gas mientras el precio o tarifa de estos bienes y servicios esté irracionalmente subsidiado. Las personas están conscientes de que su costo no pesa prácticamente nada en los presupuestos familiares y por eso derrochan y despilfarran estos servicios”.
El también exministro de Industrias Básicas y Minería y exdirector de Pdvsa califica estas subvenciones como “perversas” y apunta que mientras más se prolonguen mayor daño causarán a la economía.
Sobre este punto, el también economista y docente de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Ronald Balza Guanipa, comenta que cuando se trata de subsidios que no cambian en el tiempo, a pesar de marcadas condiciones de inflación, se genera un desbalance y una distorsión en los precios relativos, que termina siendo peligrosa, porque en muchos casos esos productos subvencionados son de importante consumo para las familias.
En contraste con su importancia representan un bajo costo para estas, que no dan el valor que merecen. Sin embargo, cuando se corrigen dichas distorsiones son estas las más afectadas.
Agregó que en situaciones como la de Venezuela, con procesos inflacionarios tan acelerados, las familias ya están empobrecidas, sin que se les hayan retirado dichos subsidios, lo cual empeoraría aún más su condición.
Los economistas coinciden en afirmar que cuando los precios reflejan lo que realmente cuesta un producto o servicio, estos son debidamente valorados por la persona y la demanda tiende a regularse, con base en la capacidad de pago del usuario, lo que a su vez corrige el derroche desmedido.
Se destruyen posibilidades
Balza Guanipa apuntó que muchos de estos subsidios son costeados por el Gobierno nacional, que destina una cantidad importante de recursos, los cuales podrían ser empleados para otros fines.
Expresó que mientras existe dicha subvención, se destruyen posibilidades de producción alternativas, como ocurre con los alimentos y otros productos de primera necesidad.
Se trata de ayudas que se otorgan directamente sobre las importaciones y no al productor, lo que genera que la competencia externa no pueda ser enfrentada por el fabricante nacional.
En tal sentido, recordó que años atrás existía un vaso de leche escolar, que era otorgado a los niños y pagado a quien producía la leche, con lo cual no sería el productor quien costea la ayuda, como ha ocurrido en casos recientes. A esto sumó que se distribuyó con un criterio socieconómico, previamente estudiado.
Criticó entonces que el gobierno en la actualidad subsidie productos como la gasolina, a quien la requiere y puede pagar por esta un precio más elevado.
“Para focalizar los recursos, es necesario que los subsidios no sean generales, que no destruyan capacidades de producción y que realmente sean necesarios y prioritarios”, comentó.
Vale destacar que Álvarez señala que “al no expresar el verdadero valor de los bienes y servicios, los rígidos controles de precios y exagerados subsidios no solo estimulan un consumo irracional… sino que también estimulan las nefastas prácticas del contrabando de extracción que agravan los problemas de escasez, acaparamiento y especulación en un país azotado por una sostenida caída de la producción y desmesuradas inyecciones de dinero sin respaldo que atizan la inflación”.
Límites y parámetros
El docente de la UCAB comenta que esto no significa que todo subsidio sea malo, sino que se debe ser cuidadosos con la aplicación del mismo, ya que su efecto depende de la magnitud, duración, motivo y población beneficiada.
Al ser focalizado y temporal este puede resolver muchos problemas, pero cuando es permanente y se generan retrasos en la revisión de los mismos, ocurren problemas como los actuales.
Al consultarle cuál podría ser el límite para el otorgamiento de subsidios por parte del gobierno, Balza Guanipa, subrayó que este debería estar determinado por la capacidad del gobierno para mantenerlos, sin genera destrucción de posibilidades alternativas.
Si un gobierno aplica subsidios implícitamente dice a los ciudadanos que está en capacidad de costearlo. Si el gobierno pierde esta, la familia debe asumir un gastos para el cual, probablemente, no estaba preparada.
Porcentajes de subvención
Sobre si resulta operativo para las empresas públicas aplicar subsidios de hasta el 80%, recordó que existen subsidios cruzados de sistemas tarifarios diferenciados en los que se cobra menos a unas zonas de la ciudad, pero se compensa la pérdida con la facturación en lugares de mayores niveles o ingresos.
Manifestó que hay maneras de diferenciar los productos y servicios ofrecidos, a fin de mantener subsidios sin causar perjuicios a la empresa o a otras que pudieran ser competencia. “Pudiera ser destructivo de la actividad productiva y de la soberanía alimentaria, en el caso de la importación y posterior venta subvencionada de dichos alimentos”.
No obstante, demarcó que debido a los niveles de inflación y empobrecimiento, la eliminación de dichos subsidios debe realizarse de manera progresiva, gradual y con decisión, de lo contrario podría agudizarse aceleradamente el empobrecimiento de esa población, lo que generaría una inestabilidad política importante, así como problemas de magnitudes superiores.
El venezolano como culpable
Para Balza Guanipa, es injustificable que se culpe a los venezolanos o a su cultura ciudadana de un supuesto consumo inconsciente, mientras que se niegan los costos de producción a través de los precios cobrados. Calificó tal posición como “contradictoria”.
Recordó que en muchos casos el venezolano desconoce el costo real del producto y que el único informante en este proceso son los precios de venta al público. “El Gobierno puede ayudar por distintas vías, pero la idea es que de alguna manera se pague lo que cuesta producir ese servicio”.
En opinión de Balza el mecanismo de precios es más efectivo que el sistema de racionamiento, porque en función de estos se puede determinar cuánto se está dispuesto a consumir.
Por el contrario, cree conveniente que el Gobierno genere condiciones para que el ciudadano pueda pagar el verdadero valor de esos bienes.
Sistema de precios como vía
En el citado texto, Víctor Álvarez comenta que el “precio es un factor clave en la demanda de un bien o servicio” y que cuando estos expresan el valor real, sin distorsión ocasionada por controles o ganancias especulativas informan acerca de lo que realmente cuesta a la sociedad producirlo. Por tanto, “el adecuado funcionamiento del sistema de precios es un mecanismo regulador de todo el sistema económico y repercute en la correcta asignación y uso de los factores de producción”.
Al respecto Balza indicó que esto dependería del funcionamiento mismo del sistema, puesto que en situaciones como la actual dichos los mismos deben crearse a fin de evitar que sea difícil modificar las distorsiones a los precio relativos.
La eliminación del subsidio, requiere de la elaboración de un presupuesto que no presione sobre la inflación en general, como ocurre en la actualidad y que permita, por su diseño de gobierno, participación privada en la producción de esos bienes.
Medios de financiamiento
Ronald Balza precisó que existen opciones por medio de las cuales el gobierno puede financiar consumos considerados como prioritarios, con lo que permitiría al sector privado participar en ellos y recibir un pago.
Puede que la empresa no cobre la totalidad del costo, pero debe asegurarse de obtener la diferencia desde alguna parte, sea por vía de impuestos o de subsidios parciales.
Sostuvo que mientras las empresas de servicio presenten pérdidas, difícilmente puedan entregar a la población bienes de consumo de calidad.
Indicó que si el gobierno intenta subsidiar todos productos, tendrá menos recursos para financiar servicios de educación o salud. Si lo hace por vía de inflación, el resultado es mucho peor.