El decreto de Simón Bolívar en 1813 fue: “Nuestro odio será implacable, y los que no conspiren contra la tiranía y en favor de nuestra independencia, se les considerará enemigos y traidores a la patria, y se les ejecutará, aunque sean indiferentes”. Este se concibió a manera de justificación por “crímenes infligidos por los bárbaros soldados españoles, que habían reducido la República de Venezuela a la más horrible desolación”.
Por fortuna para Bolívar, la Corte Penal Internacional no existía en ese momento, de lo contrario lo habrían enjuiciado por genocidio por actuar deliberadamente con la intención de un grupo nacional. Siendo ese el caso es sorprendente que 202 años después Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, haya celebrado en público el decreto de manera que todos los miembros de las Fuerzas Armadas y los estudiantes de nivel secundario y universitarios tienen que leerlo y descubrir “sus valores”.
¿Por qué un jefe de Estado alaba hoy tal acto y lo considera tan importante que debe ser lectura obligatoria para todos los venezolanos, principalmente los militares? “Porque”, en sus propias palabras, “cualquier similitud entre la guerra de independencia y la situación política actual no es accidental. Es la misma batalla entre el imperio y la patria, entre traidores y patriotas”. En suma, dice que Estados Unidos es el imperio que ataca a su régimen y, ellos, los patriotas, luchan contra los traidores, que son los disidentes, la gran mayoría de los venezolanos.
Este falso paralelismo entre el pasado y el presente es un un intento peligroso y alarmante para intimidar a la oposición venezolana. Precisamente, esa abominable división entre nuestro pueblo, promovida por la política de odio, racismo y violencia del Estado, iniciada por Hugo Chávez y fortalecida por Maduro, quien, como verdadero líder pandillero, se apega al “Odio Implacable” de Simón Bolívar en 1813.
Pero las razones reales –los valores– que inspiran el odio de Maduro contra la oposición venezolana es que el país celebrará elecciones legislativas el 6 de diciembre y las encuestas de opinión proyectan una gran derrota para el régimen. Una pérdida así significaría el fin del monopolio de los poderes del Estado que los acólitos de Chávez y Maduro han ejercido sin cortapisa durante los últimos 16 años.
Enfrentados a tal escenario, las intenciones de Maduro no pudieran quedan mejor documentadas que con sus propias declaraciones públicas: “Si los grupos de derecha “se roban” (no dice “ganan”) las elecciones, ocurrirían cosas muy graves, como enfrentamientos en las calles. En ese caso, yo sería la primera persona en lanzarme a la calle para defender, con el pueblo, nuestra Revolución. La oposición debe orar y encender velas a sus santos para que nosotros ganemos las elecciones, porque de lo contrario el caos sería total”.
Quizás pensando que no fue lo suficientemente claro, Maduro agregó: “Juro que mientras esté vivo, no voy a rendir la revolución bajo ninguna circunstancia. Preparémonos para la sangre y la masacre, y para defender nuestra patria y ganar, sin importar el costo”. Pero esta declaración debe tomarse muy en serio: “Si perdemos, algo que pienso es inimaginable, gobernaré con el pueblo en una alianza cívico-militar”.
Maduro reveló sus planes después de una pérdida electoral: recurrir a la Ley Nacional del Poder Popular aprobada en el 2010 como la instancia suprema del poder del Estado que pudiera reemplazar a la Asamblea Nacional por una Asamblea Popular, con autoridad para “obligar a los órganos del Estado a gobernar bajo los dictados de los Consejos del Poder Popular”.
El régimen ha creado unos 18,000 Consejos Comunales, controlados por el gobierno, de manera que puedan elegir a los miembros de los consejos regionales, que a su vez elegirían a los miembros de la Asamblea del Poder Popular. La nueva asamblea tendría autoridad para implementar órdenes e instrucciones a la Asamblea Nacional en vigor, lo que comenzaría por desplazarla de su sede legislativa física.
Ya no habría más elecciones directas en Venezuela. La Asamblea del Poder Popular elegiría al presidente. Un jaque mate que, de hecho, significaría el fin de lo que queda de una democracia representativa. En esencia, Venezuela adoptaría el modelo cubano.
La postura política del régimen venezolano sobre las próximas elecciones no puede ser más obvia. Pero, parece, no es lo suficientemente clara para los gobiernos de las Américas. Hasta el momento, no se han mostrado dispuestos a exigir un proceso creíble de supervisión electoral a la Organización de Estados Americanos, declarar que el régimen venezolano infringe groseramente la Carta Democrática de las Américas, ni ha advertido que pudiera suspender a Venezuela en la OEA por su campaña de sembrar temor e intimidación.
Es una verdadera tragedia ver cómo una nación de gente libre, un pueblo al que tuve el privilegio y el orgullo de representar en las Naciones Unidas, se haya convertido en una pandilla criminal, que en este momento está al servicio y bajo el control militar, político y policial del decrépito régimen de Castro.
Que nadie se engañe: el gobierno de Venezuela es un régimen fallido, asociado con narcotraficantes y grupos terroristas, con un historial abominable, de violaciones a los derechos humanos. Un país donde el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, es objeto de una investigación internacional por narcotráfico y lavado de dinero, así como dos de los gobernadores y 10 generales del régimen.
La comunidad internacional tiene que comprender que en Venezuela vivimos bajo un régimen militarizado decidido a transformar nuestro país en el estado socialista a cualquier costo y que le es absolutamente impensable aceptar una derrota electoral y entregar el poder pacíficamente.
Ex embajador de Venezuela ante la ONU y ex presidente del Consejo de Seguridad de la ONU, ex gobernador de Caracas.