Consecomercio advirtió que poco a poco comenzarían a desaparecer algunos establecimientos “no podrán afrontar las obligaciones de pago con proveedores y entidades financieras, como consecuencia de las medidas de decomiso o ventas a precios de fiscalización”.
Denunciaron que “la administración de la ley de Precios Justos se ha convertido en una especie de acción discrecional contra los comerciantes y expendedores de servicios a nivel nacional”.
El gremio indicó, a través de un comunicado de prensa que el procedimiento se está siguiendo a partir del desconocimiento del Estado de Derecho. Afirmaron que los empresarios no son atendidos ni respetados cuando presentan las facturas que demuestran que están actuando apegados a la ley. Además, a los bienes objeto de las inspecciones les fijan precios a capricho por debajo de los costos de compra, y “se obliga a venderlos de acuerdo con la voluntad de los inspectores porque, supuestamente, así lo determina la ley”.
Consecomercio alertó que con la desaparición de los comercios “las opciones de compra de productos de los consumidores ya no será haciendo colas sino negociando con verdaderas mafias que han ido promoviendo mercados negros a precios de oportunidad, en un país donde los niveles de escasez de productos básicos supera 70%”.