En su primera conferencia de prensa tras ser electo presidente de la Argentina, Mauricio Macri se refirió a “los abusos que está cometiendo en la persecución de opositores” el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, país contra el que el flamante mandatario argentino pretende invocar la “cláusula democrática” del Mercosur.
“Lo que está pasando en Venezuela no tiene que ver con el compromiso democrático que hemos asumido todos los argentinos”, agregó Macri.
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Creada en 1998 con la firma del Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el Mercosur, la cláusula democrática del Mercosur prevé la posibilidad de suspender a un país socio en el bloque y hasta aplicarle sanciones comerciales o el cierre de fronteras en caso de ruptura del orden democrático, reseña Infobae.
Esta medida probablemente chocará probablemente con la negativa de los países de la región y, dado que esta medida sólo puede aplicarse por consenso entre los Estados que integran el bloque, difícilmente prospere.
“La plena vigencia de las instituciones democráticas es condición esencial para el desarrollo de los procesos de integración entre los Estados Partes del presente Protocolo”, asegura el texto firmado en 1998. Ese será uno de los argumentos que intentará presentar Macri contra el régimen chavista, que mantiene encarcelados a varios dirigentes políticos, entre ellos, el líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, preso en Ramo Verde.
Firmado en el sur de la Argentina el 24 de julio de 1998, el Protocolo asegura que se la cláusula se puede aplicar “en caso de ruptura del orden democrático en alguno” de los países miembro del bloque regional.
La aplicación de la norma prevé medidas que van desde la “suspensión del derecho a participar en los distintos órganos” del Mercosur hasta la cesación de los “derechos y obligaciones emergentes de esos procesos”.
El documento explica que en caso de una ruptura del orden democrático, los demás miembros del bloque “promoverán las consultas pertinentes entre sí y con el Estado afectado” aunque, en caso de que esas conversaciones fracasen, los países “considerarán la naturaleza y el alcance de las medidas a aplicar, teniendo en cuenta la gravedad de la situación existente”.
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