El recorte de presupuestos decidido por el Gobierno brasileño en el marco de la política de austeridad impuesta frente a una aguda crisis económica impedirá que las elecciones municipales de octubre de 2016 se realicen con urnas electrónicas, advirtió hoy el Poder Judicial. EFE
La convicción del Poder Judicial de que el recorte de presupuesto para este año obligará a utilizar urnas manuales y no electrónicas, como es usual en Brasil desde hace más de una década, fue reflejada en una nota publicada hoy en forma conjunta por el Tribunal Supremo, el Tribunal Superior Electoral (TSE) y otros organismos judiciales.
En una segunda nota, el TSE explicó que el recorte de presupuesto decidido por el Gobierno supondrá que ese tribunal dejará de recibir la suma de 428,7 millones de reales (unos 110 millones de dólares), lo cual “hará inviable” la utilización de urnas electrónicas en las municipales de octubre próximo.
“El impacto mayor será en el proceso de adquisición de las urnas electrónicas, cuya licitación ya está en curso” y que demandará unos 200 millones de reales en los próximos meses, indicó el TSE.
“La demora o no conclusión de ese proceso de licitación causará un daño irreparable a la justicia electoral”, pues “las urnas que serán adquiridas tienen un plazo improrrogable” para poder estar en condiciones de operar en las municipales, agrega el comunicado.
“En ese caso, no hay dudas de que el interés público implicado debería prevalecer ante esa inminente amenaza de una grave lesión al orden” que pudiera “comprometer las elecciones municipales de 2016”, dice la nota.
También asegura que el presidente del TSE, José Antonio Dias Toffoli, se propone buscar apoyo en el Congreso Nacional a fin de que el dinero necesario para la adquisición de urnas electrónicas “sea autorizado, para garantizar la normalidad de las elecciones del año próximo”.
La nota fue publicada el mismo día que el Gobierno anunció un nuevo recorte del gasto público, que reduce en unos 11.000 millones de reales (2.820 millones de dólares) su presupuesto para lo que resta de este año.
Esa decisión se sumó a otras similares y acentúa un fuerte recorte de presupuestos ya decidido a lo largo del año.
La intención del Gobierno es ajustar sus gastos a la meta de déficit fiscal equivalente al 1 % del Producto Interior Bruto (PIB) que se trazó en la última revisión de sus presupuestos, que aún con este nuevo recorte ha sido puesta en duda por la mayoría de los economistas.