No hay afiches colgados en los postes o volantes desperdigados por el suelo. Ni rastro de los tarantines que monta el chavismo para mercados populares, ni eco de los altavoces que piden votar por la oposición.
AFP
A escasos días de las elecciones legislativas de Venezuela, ningún candidato había visitado La Invasión, primer barrio que allanaron los militares venezolanos en el estado Táchira (oeste) después de que el presidente Nicolás Maduro ordenó el cierre de la frontera con Colombia, el 21 de agosto.
La favela quedó militarizada desde entonces, así que los vecinos se recogen en sus casas y evitan cruzarse con las patrullas para que no les pidan identificación o facturas de cualquier producto que trasluzca en una bolsa de plástico.
“La revolución va para atrás en Táchira porque no se consigue nada desde que cerraron el paso hacia Colombia”, dice a la AFP Amanda, una cuarentona robusta que reserva su identidad bajo un nombre ficticio.
Henry Álvarez, vocero del consejo comunal Ernesto Guevara en La Invasión, la contradice. Asegura que hay menos escasez y defiende al oficialismo porque teme que si la oposición gana, los programas sociales desaparecerán.
Maduro bloqueó la frontera con la promesa de acabar con el paramilitarismo y el contrabando de gasolina y alimentos altamente subsidiados en Venezuela, pero que disparan su precio si pasan a territorio colombiano y se venden en pesos.
El cierre, que crispó la relación con Colombia tras la deportación y éxodo de miles de colombianos, polariza los comicios del domingo en los 23 municipios en estado de excepción, especialmente en el circuito electoral uno de Táchira, un estado históricamente convulso, donde estallaron las protestas de 2014 que dejaron 43 muertos en todo el país.
En el circuito uno están los primeros distritos donde fueron limitadas las reuniones públicas, manifestaciones, el libre tránsito, la privacidad de las comunicaciones y la actividad económica.
1×10 versus vigilancia electoral
Néstor Sayago, candidato del chavismo en el circuito uno, hace un recorrido casa por casa en Rubio, a 40 km de Colombia: posa para los selfis con sus seguidores y les pide cumplir con el 1×10: cada militante debe movilizar a diez electores en las votaciones.
Cuando un locutor comunitario le pregunta qué ofrece a la frontera, Sayago enumera: “Cuatro mil nuevas viviendas que vamos a arreglar, pensiones, canaimitas (laptops de uso escolar), tablets y taxis”.
La oposición reprocha al oficialismo el uso de fondos públicos para financiar a sus candidatos, a lo que Sayago responde que los disidentes cuentan con la prensa internacional. “Cuando hablamos de una maquinaria de telecomunicaciones por parte de la derecha, estamos en desventaja”, dice a la AFP.
Casi en paralelo, la candidata opositora Laidy Gómez recorre Peracal, una de las principales alcabalas de la frontera. Mientras apresura el paso para sacarle distancia a la lluvia, pregunta a las mujeres si consiguen toallas sanitarias; a los hombres, repuestos para sus vehículos.
Gómez aclara que el estado de excepción no ha afectado mucho su campaña, aunque señala que los cuerpos de inteligencia suelen grabar y fotografiar sus movimientos. Frente al 1×10, replica que la oposición dispone de una maquinaria “plenamente capacitada y preparada” para la “defensa del voto”.
Para el candidato chavista, el cierre de la frontera ha impedido la fuga de “180 millones de litros de gasolina por contrabando”. Según su rival, perjudicó al sector privado porque bloqueó el acceso a los insumos importados.
El taxista Luis Meléndez se alegra de que a los traficantes “se les haya caído el negocio”. Antes una pimpina de 20 litros de gasolina venezolana -la más barata del mundo y que cuesta 0,015 dólares por litro- se revendía ilegalmente mil veces más cara en la ciudad colombiana de Cucúta, fronteriza con Venezuela.
Pero Amanda se pone de ejemplo para demostrar que el cierre no evita el “bachaqueo”, como se refieren los venezolanos a la compra de productos subsiados para luego revenderlos a precios muy superiores.
“Hago dos horas de cola cada día para comprar harina o aceite y luego revendo en el barrio”, revela esta madre de cuatro hijos. “Si no lo hago, mi familia no come”, sentencia.
Mientras los aspirantes a diputados preparan el cierre de campaña para este jueves, los habitantes de la frontera sacan cuentas a futuro.
Meléndez hacía unos 18 viajes diarios cuando los colombianos cruzaban la frontera. Ahora apenas llega a una decena. Por eso piensa “buscar otro trabajo si la situación no cambia”.
El jubilado José Luis Sandoval lo ve en blanco y negro: “Si el gobierno se roba las elecciones, tendremos que protestar como el año pasado”.
Casi en susurro, Amanda confiesa que no irá a votar el domingo. “Ya no creo en nadie”, zanja.