El Foro Penal venezolano emitió un comunicado este martes en el que propone siete acciones urgentes para deslegalizar la represión y legalización de libertades a la nueva Asamblea Nacional.
A continuación el texto íntegro del documento:
Desde el Foro Penal proponemos a la nueva Asamblea Nacional venezolana diferentes iniciativas legislativas dirigidas al respeto de los Derechos Humanos, a la libertad de los presos, perseguidos y exiliados por motivos políticos, al cese de la impunidad en materia de violación a los Derechos Humanos y a la derogatoria, reforma y actualización de las normas penales, a manera de hacerlas más efectivas, modernas, cónsonas con los parámetros constitucionales y absolutamente apegadas a los Tratados Internacionales sobre derechos humanos vigentes en Venezuela.
En este sentido hemos constituido con el equipo de abogados del Foro Penal y concertado con catedráticos y expertos del mundo del derecho en Venezuela y a nivel internacional para realizar los siguientes planteamientos puntuales:
1.- Restablecimiento de la plena vigencia en Venezuela de la Convención Americana de Derechos Humanos y de sus instituciones de protección de derechos humanos.
2.- Inmediata discusión y aprobación de una Ley de Amnistía General y Reconciliación Política que haga cesar de inmediato todos los procesos en curso contra personas que hayan sido sometidas a investigaciones o a juicios penales, o que hayan sido condenadas o forzadas al exilio, por motivos políticos o por ejercer, en paz y respetando las normas vigentes, sus derechos Constitucionales.
3.- Discusión y aprobación de una Ley para la Constitución de una Comisión de la Verdad, con recursos y amplias facultades investigativas, para que sean analizados todos y cada uno de los casos en los que puedan haberse materializado violaciones graves a los derechos humanos a los efectos de que los responsables sean procesados por los organismos competentes y, de ser el caso, condenados, respetando siempre el debido proceso y garantizándoles siempre su derecho a la defensa ante una justicia imparcial y objetiva, con la mira puesta en el cese de toda impunidad en los casos de violaciones a los derechos humanos.
4. Discusión y aprobación de una Ley contra la intimidación ciudadana mediante el uso ilegítimo del poder político, la cual reglamentará, conjuntamente con la Ley Sobre Protección Penal a las Comunicaciones Privadas, que será también revisada, el derecho constitucional y humano a la protección del honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación, establecido en el artículo 60 de la Constitución.
5. En lugar de una Ley Sobre Cooperación Internacional que limite el desempeño de las ONG y de los activistas de derechos, propondremos la discusión y aprobación de una Ley de protección y promoción de los Derechos Humanos, que incluya entre otras cosas: a) la estricta protección de las minorías, b) la garantía a la diversidad sexual, c) la actividad libre y amplia de los defensores y activistas de derechos humanos como parte integrante del sistema de justicia. d) la protección a la vida privada.
6. Discusión y aprobación de un plan por la democratización del Estado de Derecho y el sistema de justicia (que la justicia llegue al ciudadano en forma fácil, plenamente accesible y directa). Esto implica la aprobación de normas claras que garanticen el los recursos, el acceso, la transparencia y la materialización formal y física de la justicia independiente y para todos los ciudadanos y la reactivación de concursos formales de oposición para la designación de jueces y fiscales titulares, en cumplimiento del artículo 255 de la Constitución.
7. Luego de un proceso previo de discusión análisis y debate con catedráticos, expertos y personalidades internacionales destacadas, y de un esquema de consulta con todo el pueblo venezolano que coordinará el Foro Penal Venezolano desde enero 2016, de forma amplia e inclusiva, se presentará a la Asamblea Nacional un proyecto de reforma parcial o integral, sea cual sea el caso: a) del esquema legal punitivo venezolano, y b) del esquema procesal penal. Este proyecto comprenderá normas penales y administrativas sustantivas y adjetivas, y los tipos penales, a los efectos de que se reformen, modifiquen o sean derogados, si corresponde, para hacer de nuestra legislación penal un modelo moderno y eficiente y con garantía absoluta de los derechos humanos.
El Foro Penal, ya cuenta con un equipo de expertos que se está encargando de redactar y preparar los proyectos de ley necesarios a la deslegalización de la represión y legalización de la libertad. En este sentido, ya está virtualmente terminado el proyecto de Ley de Amnistía y Reconciliación Política y se están adelantando los análisis normativos (tanto en la esfera local como a nivel del derecho comparado) para proponer tanto la Ley para la Creación de una Comisión de la Verdad como para las reformas indispensables y necesarias tanto a la normativa penal sustantiva como a las normas procesales penales venezolanas.
Sin embargo, con el mejor ánimo de hacer que en estas propuestas participe la mayor cantidad de personas e instituciones posible, ya hemos iniciado el proceso de consultas con los académicos y estudiosos más reconocidos de todas las universidades de Venezuela, e incluso abriremos en nuestra página web un enlace especial dirigido a recoger, sin distinciones de ningún tipo, las propuestas y sugerencias de cualquier ciudadano que esté dispuesto a colaborar con estas iniciativas.
Una vez redactados los proyectos iniciales serán puestos a disposición de toda la ciudadanía, especialmente de los catedráticos de todo el país, para que en un periodo prudencial nos formulen sus observaciones y comentarios, todos los cuales serán debidamente analizados, y si corresponde, incorporados a las propuestas a ser consignadas ante la nueva Asamblea Nacional.
Con posterioridad, los textos normativos también serán remitidos para recibir, analizar e incorporar, si así corresponde también, las propuestas que nos sean formuladas, desde las instituciones formales del Estado Venezolano, tales como la Fiscalía General, el Tribunal Supremo de Justicia, el Ministerio de Interior y Justicia e incluso la propia Presidencia de la República.
Finalizados los plazos de consulta general, se terminarán de elaborar los proyectos definitivos de ley y serán entregados, suscritos por todos los que hayan participado en su elaboración, a la nueva Asamblea Nacional.
Alfredo Romero, Director Ejecutivo
Gonzalo Himiob Santomé, Director
Alonso Medina R., Director
Robiro Terán, Director, Coordinador Defensores Activos
Tamara Sujú, Coordinadora internacional
Luis Armando Betancourt, Coordinador Estado Carabobo
Celia Dao, Coordinadora Estado Zulia
María Angélica Lezama, Coordinadora Estado Bolívar
Raquel Sánchez, Coordinadora Estado Táchira
José Armando Sosa, Coordinador Estado Monagas
Dimas Rivas, Coordinador Estado Aragua
Lucía Quintero, Coordinadora Estado Barinas
Fernando Ovalles, Coordinador Area Metropolitana de Caracas
Jesús Dicurú, Coordinador Estado Falcón
Pedro Troconis, Coordinador Estado Lara
Genis Navarro, Coordinador Estado Mérida
Alberto Iturbe, Coordinador Miranda (Altos Mirandinos)
Adriana Nápoles, Coordinador Miranda (Valles del Tuy)
Pedro Arévalo, Coordinador Estado Nueva Esparta
José Torres Leal. Coordinador Estado Portuguesa
Carlos Zerpa, Coordinador Estado Sucre
Rafael Maldonado, Coordinador Estado Trujillo
Gabriel Gallo, Coordinador Estado Yaracuy