El actual embajador de Venezuela en Italia, constituyente Isaías Rodríguez, advierte que el 6 de diciembre el pueblo votó para elegir uno de los cinco poderes públicos, es decir, un parlamento y no una “dictadura parlamentaria”.
Motivado por las recientes declaraciones de los más conspicuos dirigentes opositores, Rodríguez acepta conversar sobre algo que él conoce mucho porque ayudó a “parirla”: la Constitución Bolivariana, aprobada en referendo consultivo el 15 de diciembre de 1999. Pareciera, a juzgar por ciertas amenazas, que no solo algunas leyes están en la mira de la “nueva mayoría” electa sino que también la Carta Magna corre el peligro de desaparecer. Además, se atribuye a la Asamblea Nacional, y así ha sido difundido, más poder que el que le consagra el texto constitucional y qe trascendería al del propio Presidente de la República. La desinformación huelga y la confusión está a la orden del día.
¿Hasta dónde llega el poder de una mayoría calificada en el actual escenario? ¿Realmente pueden hacer lo que les venga en gana?
– La oposición puede tener no solo mayoría calificada, sino los 167 asientos de la Asamblea Nacional y no puede hacer sino lo que le está permitido. De lo contrario sus actos son nulos. Dentro de las facultades que le otorga el artículo 187 de la Constitución puede a través del voto de censura, ajustándose al procedimiento establecido destituir ministros y hasta al Vicepresidente Ejecutivo. Puede dictar una Ley de Amnistía, autorizar el nombramiento del Procurador (si aún no ha sido designado) y a los jefes de las Misiones Diplomáticas (si no han sido designados) autorizar la salida del Presidente cuando su ausencia fuere mayor de cinco días consecutivos, pero aunque quiera no puede destituirlo. Un sistema político constitucional implica la interacción del conjunto de instituciones y procesos que permitan en forma coordinada tomar las decisiones del Estado a través de sus Poderes Públicos sin que ninguno de ellos prevalezca u obstaculice el desarrollo o funciones de los otros. No solo no pueden hacer lo que les dé la gana sino que están sujetos al control de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y al famoso 350 de la Constitución tan invocado por la oposición contra el Presidente Chávez.
Henry Ramos Allup ya asomó volver a la Constitución de 1961 porque la considera “más decente”
– La reforma de la Constitución de 1999 bien pudiera iniciarla el Parlamento que acaba de ser elegido. Tiene los votos para ello, pero luego deberá someterla a un referéndum aprobatorio por parte del pueblo venezolano. Entiendo, sin embargo, que la pregunta va más allá de la reforma de la Constitución. Entiendo que lo que se quiere es ir a la Constitución de 1961. Para ello tienen los votos correspondientes a “la iniciativa de convocar la Asamblea Nacional Constituyente”, óigase bien “la iniciativa”, pero el “depositario del poder constituyente originario” es el pueblo de Venezuela y no la Asamblea Nacional. Por esta razón aprobada la Constitución “más decente” tendrá que ser sometida a un referendo aprobatorio y será el pueblo quien tome la decisión definitiva. En caso de que al pueblo le dé vergüenza lo que ha aprobado esta Asamblea Nacional no les quedará más remedio que aceptar con recato y modestia el “impudor” de la Constitución de 1999.
Derogar, reformar, modificar, pulverizar leyes
¿Cómo puede el Presidente de la República blindar las leyes que ya fueron sancionadas y promulgadas como la Ley Orgánica del Trabajo o la Ley de precios justos?
– El Presidente no tiene competencia constitucional para blindar ninguna ley. Esta competencia es de la Asamblea Nacional quien podrá modificarla porque legislar es una de sus funciones. En el caso de la LOTTT la situación es más compleja para el Parlamento, porque la Asamblea Constituyente de 1999 cuando aprobó la Constitución previó esta circunstancia y la blindó. ¿De qué manera? Colocó en la Constitución la mayoría de las disposiciones contenidas en dicha ley y, en este caso, si se pretenden dejar sin efecto normas de ella que están presentes en la Constitución y que la LOTTT solo reproduce, tendría la Asamblea Nacional que modificar la Constitución y someter a referendo popular la aprobación de la nueva ley que fuere sancionada por el neoliberalismo.
Sobre el tema de la frontera y del estado de excepción decretado por el presidente Maduro, el diplomático venezolano considera que la decisión será de carácter político aunque admite que prolongar la medida en el tiempo restringe derechos. En su opinión, los parlamentarios opositores tendrán la oportunidad de demostrar si están o no dispuestos a resolver los problemas fronterizos que han afectado al país desde el punto de vista económico, social y de seguridad ciudadana.
Más información en Aporrea