La impugnación por parte de excandidatos oficialistas venezolanos de la elección de ocho diputados opositores que ganaron un escaño en los comicios del 6 de diciembre, en los que la oposición obtuvo la mayoría en el Legislativo, avivó la tensión política a pocos días de que se instalé el nuevo Parlamento. EFE
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela confirmó que recibió varios recursos contra ocho diputados electos de la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), una acción que la coalición adversa al chavismo calificó como la continuación de un supuesto “golpe judicial” que ya habían denunciado.
El órgano judicial difundió a los medios el acta de la impugnación entregada como “nuevo asunto ingresado” ante la Sala Electoral del TSJ con solicitudes de seis medidas cautelares para suspender los efectos de las elecciones de seis circuitos en tres estados del país.
“Esta es la continuidad del golpe judicial denunciado el pasado 22 de diciembre, en esa oportunidad hubo una intensa movilización de la opinión pública nacional e internacional que paralizó en primera instancia aquella maniobra”, dijo el secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba.
El portavoz de la coalición opositora se refirió a la acusación hecha por la MUD hace una semana, cuando aseguró que el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) había introducido un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra la proclamación de 22 diputados electos en los comicios parlamentarios.
El Tribunal Supremo negó ese día a través de un comunicado haber recibido solicitudes de impugnación de diputados opositores y añadió que la Sala Electoral no había trabajado esa semana ni se habían recibido amparos.
“Hoy cree el oficialismo, la cúpula corrupta y derrotada que por estar más cerca del 31 de diciembre, del año nuevo, pueden pasar este contrabando, pues les informamos que no va ser así, el Gobierno es el primer afectado por esta situación, el primer deslegitimado por esta situación”, subrayó Torrealba.
El vocero opositor hizo un llamado a los seguidores de esta alianza a acompañar a sus candidatos electos a la instalación de la nueva Asamblea Nacional (AN, parlamento) el próximo 5 de enero, día en el que grupos de colectivos chavistas han manifestado su intención de acudir a las proximidades del palacio legislativo en apoyo al oficialismo.
Torrealba dio estas declaraciones en una rueda de prensa luego de que la que coalición discutiera a puerta cerrada “la oferta legislativa urgente”, en el que se definió que el próximo presidente del Parlamento será elegido el 3 de enero “por votación secreta”.
Por su parte, y tras varios días de ausencia en los medios, Nicolás Maduro, reapareció en su programa de televisión semanal, desde donde convocó a los diferentes sectores de la sociedad venezolana a participar en un “gran congreso nacional”, con el objetivo de lograr el “renacimiento del bolivarianismo” en el país caribeño.
“Yo creo que ha llegado un momento para convocar un gran congreso de la patria, el congreso de la patria, que convoque a elaborar las líneas maestras de la contraofensiva revolucionaria y del renacimiento del bolivarianismo a todos los hombres y mujeres de este país”, dijo Maduro.
El mandatario venezolano aseguró que “viene un gran renacimiento que va a sacudir el año 2016”, tras la derrota del oficialismo en las elecciones legislativas.
Maduro sostuvo que “todos están convocados”, entre ellos la “corrientes populares, movimiento de intelectuales, movimiento de la cultura, partidos políticos, grupos de opinión, fuerzas sindicales, fuerza de la clase obrera, fuerza campesinas, (y) movimiento de la sexodiversidad”.
El jefe del Ejecutivo venezolano dijo que este congreso, que se convocará para la segunda quincena de enero próximo, fue una decisión que tomó tras recibir varias propuestas por parte del chavismo.
“El mejor regalo que me dieron, ustedes, mujeres y hombres del pueblo, es el conjunto de propuestas que me llegaron y que con algunos equipos de colaboradores de compatriotas hemos venido ordenando”, expresó.
El mandatario anunció la aprobación de un conjunto de leyes para “proteger al pueblo”, entre ellas la prórroga por tres años más de “Ley de Inamovilidad laboral” un decreto que prohíbe los despidos de empleados, justo cuando el país se encuentra a la expectativas de las medidas anunciadas por el Ejecutivo para reflotar la economía, que prevé una inflación por encima del 100 % al cierre de 2015.
Venezuela cuenta desde hace más de tres años con una Ley de Trabajo que establece el pago doble en caso de despidos injustificados y el cálculo de las prestaciones con base en el último salario.