El artículo 200 de la Constitución es claro: “Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o la renuncia del mismo”. Y el último párrafo de la norma indica: “Los funcionarios públicos o funcionarias públicas que violen la inmunidad de los y las integrantes de la Asamblea Nacional, incurrirán en responsabilidad penal y serán castigados o castigadas de conformidad con la ley”, publica El Nacional.
EDGAR LÓPEZ
Con lo dispuesto en la carta magna, el secretario del Bloque Constitucional de Venezuela, Miguel Ángel Martín, terció en la controversia causada por la decisión de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia mediante la cual se ordenó la suspensión de los efectos de la proclamación de los cuatro diputados por el estado Amazonas electos el 6-D.
“El Tribunal Supremo viola la inmunidad de los diputados proclamados. Consumado el acto de proclamación no tiene cabida proceso judicial alguno que impida el cabal ejercicio de las funciones de un parlamentario y, mucho menos, una medida como la dictada por la Sala Electoral que, en la práctica, anula la voluntad popular expresada a través del sufragio”, insistió Martín.
Para restar tres diputados a la Mesa de la Unidad Democrática y tratar de anular la mayoría calificada de dos tercios de la Asamblea Nacional que la oposición obtuvo el 6-D, la Sala Electoral avaló las denuncias inicialmente formuladas por el jefe del comando de campaña Bolívar-Chávez, Jorge Rodríguez, sobre la supuesta compra de votos por parte de la secretaria de la Gobernación del estado Amazonas, Victoria Franchi.
El Bloque Constitucional de Venezuela se dio a conocer ayer. Reúne a magistrados eméritos, académicos, juristas y representantes de colegios de abogados, con el propósito de restablecer la independencia judicial y el Estado de Derecho en el país. La coordinación nacional está a cargo de la ex presidente de la Corte Suprema de Justicia Cecilia Sosa Gómez, secundada por los juristas Román Duque Corredor, Jorge Rosell, Blanca Rosa Mármol de León y Alberto Arteaga Sánchez.
Entre las primeras acciones que emprenderá la nueva organización destaca la solicitud de revocatoria de la designación de los 13 magistrados del TSJ por parte de la legislatura saliente. Martín aseguró que formalizarán el requerimiento ante la Asamblea Nacional esta semana.