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La Asamblea Nacional debe emprender con celeridad acciones para la restitución de las disposiciones constitucionales que regulan el funcionamiento de la administración pública y sus finanzas. Así lo afirma la vicepresidenta de Proyecto Venezuela, Vestalia Sampedro al revisar las acciones derivadas de la declaratoria de emergencia económica decretada por el presidente Maduro y negada por la Asamblea Nacional.
Una de estas sería el decreto 2.185 de fecha 15 de enero de 2016, que a juicio de la ex parlamentaria y especialista en finanzas públicas, carece de legalidad …”el Presidente de la República pretendiendo una vez más manejar los fondos públicos a su libre albedrío, sin esperar la posición del Poder Legislativo sobre su declaratoria de emergencia económica decretada, dictó éste decreto a través del cual sin planificación, sanción, ni control, acordó manejar todos los saldos líquidos y no líquidos no ejecutados durante el año 2015 y cuya autorización corresponde por ley a la Asamblea Nacional”.
Sobre el particular, recordó que desde el mandato del presidente Chávez bien por vía habilitante o con los votos de la bancada oficialista, se produjeron una serie de instrumentos legislativos a través de los cuales se obviaba el control del Parlamento en la utilización de los recursos públicos y aún más para el endeudamiento, “No hay duda de que la pretensión de Nicolás Maduro es no cumplir la ley y no someter al Poder Legislativo la discusión, sanción y aprobación de los fondos públicos, queda totalmente descubierta al emitir este decreto 2.185”, expresó.
A juicio de Sampedro, no es posible que sin la publicación de la Cuenta General de Hacienda, con un presupuesto totalmente deficitario, un alto nivel de endeudamiento y con la caída abrumadora del precio del petróleo, que lo obliga al reajuste, “el Presidente pretenda raspar la olla para nuevos programas y proyectos que son distintos a los contemplados en el recién aprobado presupuesto 2016 y los cuales en 5 días elaborarían los ministros del poder popular”.
La falta de aprobación por parte de la nueva Asamblea Nacional debe dejarlo sin efecto, se deben exigir los saldos de las reservas que el Ejecutivo pretende disponer saltándose los controles constitucionales, considera la exparlamentaria,
“no puede continuar la repetición de los errores que nos han traído hasta aquí, como la libre disposición de fondos extrapresupuestarios por parte del Presidente como si se trata de su cuenta personal, introducida con esa arquitectura financiera herencia de los exministros Ramírez y Giordani (…) hay que volver al cauce constitucional, que obliga a no hacer ningún gasto que no esté contenido en la ley de presupuesto o a través de modificaciones por créditos adicionales, los cuales tienen que ser revisados para su aprobación o no, por ésta Asamblea Nacional”.
En ese sentido enfatiza la importancia de aplicar lo que ordena la CRBV, “el haberla desacatado ha invertido la ecuación, con la consecuencia de crecimiento de la pobreza, disminución de la clase media y la crisis social que vive nuestro país”.
“Los venezolanos esperamos que la transparencia en el manejo de las finanzas públicas se haga presente cuando hemos entrado en terapia intensiva en lo económico y en lo social”, sentenció.