Aunque no existe una lista de nombres en el proyecto de Ley de Amnistía, este instrumento legal que hoy se discute en la Comsión encargada de la Asamblea Nacional (AN) beneficiará a todas aquellas personas que son consideradas presos, perseguidos y exiliados políticos, que estuvieron involucrados en protestas antigubernamentales; además se busca acabar con el acoso laboral por pensar distinto. Así lo explicó Gonzalo Himiob, miembro de la directiva de la ONG Foro Penal Venezolano (FPV).
Durante un foro denominado: Amnistía y Reconciliación Nacional, celebrado este jueves en la sede de El Nacional en Caracas, Himiob junto a su colega, el abogado defensor de Derechos Humanos, Nizar El Fakih, aclaran que “Las amnistías no son indultos, ni cheques en blanco y tampoco son impunes. Se refieren a hechos o sucesos, no a individuos. Pero quedan excluidas todas aquellas personas que hayan incurrido en tratos crueles, graves violaciones de Derechos Humanos, actos de guerra e incluso casos de corrupción, y tampoco a los que tengan sentencia definitivamente firme”, precisó Himiob.
Tal como está planteado en el proyecto, para calificar como beneficiario de la amnistía es necesaria la concurrencia de tres requisitos: 1) ser preso o perseguido político en los 19 términos específicos establecidos en la ley, 2) que en el encarcelamiento o persecución correspondan a los 41 sucesos cuyas consecuencias jurídicas han de olvidarse; y 3) no haber incurrido en violaciones graves de derechos humanos, delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, en concordancia con la prohibición de amnistía para estos tres casos consagrada en el artículo 29 de la Constitución.
“La Ley de Amnistía es el mecanismo idóneo para cerrar el capítulo oscuro, triste, verdaderamente lamentable, de la persecución política, no únicamente desde el 2014 hasta acá sino desde hace más de 15 años, en los que, definitivamente, el sistema de justicia, la Fiscalía, e, incluso, los cuerpos de seguridad han sido utilizados como herramientas, como armas de la intolerancia y la persecución política”, dijo Himiob durante su intervención.
En la actividad, que se extenderá a otros estados del país, la directiva y miembros de Foro Penal tienen como finalidad informar a la ciudadanía el contexto del proyecto que reposa en el Palacio Federal Legislativo. En esta ocasión, familiares de algunos presos políticos asistieron al foro e interactuaron con los foristas, allí despejaron dudas sobres sus casos.
Batalla para hacer justicia.
Por su parte, Nizar El Fakih alerta que la Amnistía constituye solo un primer paso. “Una vez promulgada la ley, tenemos también que contar con jueces, con fiscales, con operadores de justicia que estén dispuestos a aplicarla. La Amnistía es una lucha dificíl. Una Batalla que se está dando para hacer justicia”, expresó.
El Fakih recordó que la Amnistía data en Venezuela desde el año 1830. “Es un instrumento jurídico enmarcado en nuestra Constitución durante muchos años, y solo en 1904 y 1909 quedó bajo potestad del Ejecutivo; luego volvió a manos del Congreso. No es incostitucional como lo quieren hacer ver desde el Gobierno con la campaña mediática que tienen. Son más de 5 mil personas que pueden resultar beneficiadas. La mayoría son rostros que nadie conoce, muchos de ellos involucrados en hechos como el paro petrolero de 2002, la manifestaciones de 2007 y 2014”, puntualizó.
El proyecto de Ley presentado ante la Asamblea Nacional el 11 de enero es el resultado de la articulación de varias iniciativas emprendidas por organizaciones de la sociedad civil, algunas de las cuales han trabajado en el asunto desde 2007. Se utilizó como documento base el elaborado por el Foro Penal Venezolano, por ser el más amplio de todos, y se fusionó con los de las ONG Justicia y Proceso Venezuela, Justicia Venezolana y Centro Popular de Formación Ciudadana, además de los redactados por los equipos jurídicos de los partidos Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo y el presentado por el constitucionalista Jesús María Casal antes de ser designado consultor jurídico del Parlamento.
El proyecto en muy amplio. Incluye 41 hechos ocurridos desde el 1 de enero de 1999, sobre los cuales se abrieron investigaciones, se desarrollaron juicios y se aplicaron sanciones por motivaciones políticas.Además de la variedad de sucesos, la incorporación de la categoría “perseguido político” extiende el ámbito de aplicación de la ley. Alfredo Romero, director general del Foro Penal Venezolano, explicó que las definiciones corresponden a un trabajo realizado por un equipo de personas que él dirige en la universidad de Harvard, Estados Unidos.
“Es un trabajo que comenzó en junio del año pasado (2015) y que concluyó en diciembre con la presentación de un artículo de mi autoría titulado “El uso del Estado de Derecho como máscara para la persecución política”. Se analizaron todas las definiciones de presos y perseguidos políticos en el mundo con el propósito de elaborar las que mejor se adaptaran a la sui generis realidad venezolana. Finalmente, utilizamos la noción ‘políticamente inconveniente’, para poder abarcar la variada gama de perseguidos políticos en Venezuela, que va desde el vecino acosado por un colectivo oficialista hasta el empresario acusado de ser responsable de la supuesta guerra económica”, indicó Romero.
En manos de la Comisión de Amnistías de la Asamblea Nacional queda la aprobación o rechazo del instrumento legal, así como también los cambios que se produzcan en el texto definitivo. Himiob en particular, espera que “los diputados tomen la mejor decisión en cuanto al contenido final de la ley”.
Está previsto que el proyecto, hasta ahora de 27 artículos, sea presentado en plenaria de la AN dentro de 10 días aproximadamente. Romero y Himiob se comprometieron a estar presentes en los debates y defender hasta lo último el documento legal.
