Venezuela se convirtió desde hace diecisiete años en el país de las paradojas y las extravagancias. En medio de la mayor bonanza petrolera en la historia nacional, el gobierno revolucionario se endeudó y derrochó la inmensa riqueza. Resultado: tenemos un país arruinado, insolvente y desacreditado. Nadie quiere prestarles dinero a los rojos por maulas. Con gente pasando hambre, sin agua, ni electricidad, y la población sometida a largas horas de cola para conseguir las migajas que llegan a los mercados y supermercados, Nicolás Maduro celebra un nuevo aniversario de haber llegado Chávez a Miraflores y los 24 años del aciago 4-F de 1992.
En esta marcha hacia el suicidio emprendida por el régimen, aparece una nueva excentricidad: oponerse a la Ley de Títulos de Propiedad de la Misión Vivienda. Hasta 1999, e incluso durante la etapa inicial de la era de Chávez, los distintos gobiernos construían viviendas acompañando su otorgamiento a los beneficiarios con el título que los acreditaba como legítimos propietarios. Es lo racional. La propiedad solo existe si quien la usa, goza y disfruta, también puede disponer de ella (artículo 115 de la Constitución). La propiedad social, comunitaria, pública, estatal o familiar, son todas formas de esconder al verdadero propietario: el Gobierno y la burocracia arrogante que lo dirige. Quien carece de las competencias para vender, alquilar, hipotecar o dejar como herencia un bien que usufructúa, no es propietario, sino solo beneficiario en los términos y condiciones fijados por el verdadero dueño, que en el caso de las viviendas es el Gobierno.
Para negar la proposición presentada por la alternativa democrática de la Asamblea Nacional, Nicolás Maduro y los diputados oficialistas han esgrimido los argumentos más insólitos. Han dicho que las casas y apartamentos van a convertirse en mercancías que circularán en mercado capitalista, contaminado y putrefacto. Han señalado que los beneficiarios de la Misión Vivienda rechazan la propiedad privada. Han llamado a movilizarse contra la pretensión de mercantilizar las viviendas. Ni Proudhon, el distraído socialista utópico, autor del opúsculo ¿Qué es la propiedad?, en el que afirma que la propiedad es un robo, habría apelado a tal clase de argumentos. Marx estaría sorprendido y desconcertado. La socialización de la que hablaba era la de los medios de producción. Jamás habló de socializar o colectivizar los bienes particulares. Nunca dijo que las viviendas familiares deberían ser controladas por el Estado.
Los chavistas se quedaron en la fase anterior a Marx. En el siglo XXI pregonan el comunismo primitivo, del cual el autor de El Capital hablaba con sarcasmo. ¿Por qué lo hacen? No todo forma parte de la telaraña ideológica. Hay poderosas razones prácticas para apelar a los excesos. La propaganda oficial habla de una cantidad de viviendas inexistente. La cúpula roja sabe que el número de soluciones habitacionales está muy lejos del millón que vociferan y de la comodidad que proclaman. El registro de los títulos revelará que esa cifra es fraudulenta y que numerosas casas se encuentran en condiciones deplorables. La verdad es que se han construido bastante menos viviendas de las prometidas y el monto de la inversión, o es menor o no ha sido utilizado para la edificación de casas confortables, sino para engordar los bolsillos de los empresarios cercanos al gobierno y de los funcionarios que tramitaron las órdenes de pago.
Otra razón para lanzar tantos fuegos artificiales es que mientras el Gobierno sea el propietario legítimo de las viviendas, los beneficiarios son presas fáciles del chantaje, la amenaza y la extorsión por parte del PSUV y de la burocracia gubernamental. La falta de títulos de propiedad transforma a los beneficiarios de las viviendas en inquilinos transeúntes. En personas que pueden ser desalojadas del recinto cuando la ira del mandatario lo disponga. Maduro ya ha dado muestras de cómo entiende el poder y la inversión pública. Amenazó a los taxistas favorecidos con la Misión Transporte con despojarlos del vehículo otorgado. Encolerizado por la derrota del 6-D amenazó con parar la construcción de viviendas populares.
A Maduro y al PSUV hay que quitarles la capacidad de extorsionar, siempre inaceptable. Las viviendas fueron construidas con el presupuesto público para favorecer a los más necesitados. Ahora hay que convertirlas en un patrimonio inalienable de las familias pobres. El empoderamiento vendrá con el Título de Propiedad.
@trinomarquezc