“Qué poco dura la dicha en la casa del pobre” se lamenta el refranero popular. Cuando parecía que todo iba en calma y la cordura se imponía, de repente la Sala Constitucional sorprende para alborotar lo que estaba tranquilo. La provocación del Tribunal Supremo de Justicia con la sentencia que da vigencia al Decreto de Emergencia Económica presentado por el Presidente Nicolás Maduro, a pesar de haber sido negado por la Asamblea Nacional, es sin duda un desafío, un reto institucional y político de riesgosas e incalculables consecuencias. El dictamen puede calificarse como lo más delicado y comprometido que haya emitido el máximo tribunal.
La Sala Constitucional, en un fallo largo, complejo, lleno de citas, repleto de jurisprudencia y muchos otros etcéteras, hace engorroso para la gran mayoría de los ciudadanos comprender el alcance de la decisión. Sin pretender de jurisconsulto –que no soy- trataré de aclarar el asunto.
Según el criterio de la Sala, la vigilancia y control que ejerce la Asamblea Nacional es simplemente político, y en consecuencia, no afecta la legitimidad, validez, vigencia y eficacia del Decreto. Para decirlo en lenguaje llano, sencillo: para la Sala Constitucional, la decisión de la Asamblea Nacional de no aprobar el Decreto es jurídicamente irrelevante. Es decir no tiene ni reviste mayor importancia. Como consecuencia de lo anterior el Presidente de la República podrá dictar y promulgar cualquiera de las medidas que contiene el Decreto negado por 109 diputados. Y para remachar, la sentencia pretende incluso imposibilitar a la Asamblea el control posterior. Lo que en palabras más o menos, y ruego perdonen la expresión, “se jodió esta vaina, así de simple”.
La sentencia que un sinnúmero de expertos y no conocedores tachan de trucada, pre elaborada, pero por sobre todo que viola el Estado de Derecho y el Sistema de Justicia, hacía predecible y lógico suponer que el oficialismo utilice el control que posee en la Sala Constitucional que, abusando y extralimitándose en sus funciones, anularía las decisiones del Parlamento que resulten inconvenientes y contradictorias al gobierno revolucionario. Lo que llama la atención –al menos a quien suscribe- es que de los sesenta días de vigencia ya han transcurrido casi treinta, quedando el presidente sólo con un mes para adoptar las medidas o solicitar una prórroga de sesenta días adicionales. O quizás el gobierno solo quiso demostrarle a la oposición y a la mayoría de la Asamblea Nacional hasta donde están dispuestos a ceder y marcó territorio. Es decir: sepan que lo que no me guste o no me dé la gana que pase, no pasará.
Pues bien, se ha plasmado y consumado la duda. La representación política y popular que ejerce la Asamblea Nacional no genera efecto jurídico alguno, según la descarada jurisprudencia progubernamental de la Sala Constitucional, lo cual corresponde, ni más ni menos, a desconocer el Poder Legislativo, y con ello, a la propia esencia democrática. El dictamen, además, reivindica la tesis según la cual la sala está por encima de cualquier poder en su condición de intérprete único de la Constitución. Por derivación, sus votos quieren valer más que los votos de la mayoría democrática representada en la casa del pueblo, lo más genuino y representativo de la población venezolana.
A la Asamblea Nacional, le quedan algunas opciones. Una de ellas declararse en rebeldía, que no lo hará. Otra denunciar mediante un acuerdo y solicitar se aplique la Carta Interamericana, que lo hará, pero sólo será un mero trámite, quedará en visitas y declaraciones como muchas otras denuncias. Seguir legislando a sabiendas de que cualquier decisión perturbadora al régimen será anulada y eso precisamente es lo que hará el Gobierno. Otras posibilidades como el revocatorio, la constituyente y la enmienda están en la fase de estudio. Y una alternativa remota, porque es evidente que hasta ahora no existe consenso, es la antigua denuncia sobre la nacionalidad de Maduro, pues de llegarse a comprobar que no es de origen venezolano, la destitución seria inmediata. Es lo muy poco que hay. En la oposición representada en la MUD no hay voluntad política ni interés ni planes distintos que no sea la salida constitucional y electoral, que podrá ser criticada por numerosos políticos o no como inviable y a juicio de muchos otros de ilusoria.
Ahora bien, expresado lo anterior, hay que preguntarse ¿qué espera la ciudadanía de los diputados opositores? Es innegable que las declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, son impecables, mordaces, picantes, irónicas, satíricas, de alertas y denuncias y en algún momento hasta amenazantes. Tampoco se reservó muchos calificativos al hacer referencia al Tribunal y sus miembros. Muy bien, felicitaciones Ramos Allup, pero entonces ¿qué hacemos, cómo seguimos, qué mensaje nos da, que sucederá con las demás leyes como la de amnistía, por ejemplo, cuando sean declaradas inconstitucionales, seguiremos con nuestros presos a cuestas, la impunidad continuará a la espera de qué, cuándo será suficiente?
Si la estrategia de la MUD es concebir leyes para que luego el oficialismo las invalide con cualquier subterfugio legal, en la espera del deterioro nacional que seguirá profundizándose hasta que llegue el límite de tolerancia, hambre o necesidad, díganlo por favor para que los ciudadanos estemos claros en qué debemos hacer y qué esperar. En lo que no se puede continuar y resulta por demás injusto, es que a pesar de los males que nos atormentan se agregue la incertidumbre institucional e incluso constitucional.
Es menester reiterarles e importante recordarles que sin el concurso de las mayorías ciudadanas no podrán acometer ningún propósito. Así pues, actuar con la verdad como norma debe ser siempre el norte de sus decisiones. De lo contrario con el engaño y la mentira corren el inequívoco riesgo de ser abandonados y excluidos.
Y quien sabe, hasta podrían confundirse con maduristas de oposición.
@ArmandoMartini