Un viejo adagio popular reza: “todos los caminos conducen a Roma”, pero en Venezuela conducen hacia La Salida del Presidente Nicolás Maduro, del poder, claro está, constitucionalmente.
Tener una inflación histórica de 180,9 %, según el Banco Central de Venezuela; pasar más de doce horas en una cola para comprar dos paquetes de arroz, si es que alcanza; recorrer una veintena de farmacias buscando un antigripal, que te maten para robarte teléfono, que en año y medio se hayan ido del país casi dos millones de venezolanos; entre otros problemas, sin duda marcan el camino de un cambio urgente de Gobierno.
La propuesta que Leopoldo López y desde Voluntad Popular planteamos en el 2014 al país, era precisamente para evitar la crisis y el colapso que estamos viviendo en estos momentos.
Hace dos años alzamos nuestra voz para pedir La Salida de Maduro; en ese momento, tal como hoy, creemos que esa salida debe ser pacífica y estar enmarcada dentro de la Constitución; pero también tiene que ser en la calle y organizados porque sin duda, es la clave para impulsar los mecanismos establecidos en la carta magna.
No será una lucha fácil, pues bien lo decía el padre de la Patria, Simón Bolívar, “nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo a un mismo ciudadano en el Poder. El pueblo se acostumbra a obedecerle; y él a mandarlo; de donde se origina la usurpación y la tiranía”, sin embargo, contra la voluntad de un pueblo unido y aguerrido no puede nadie; y para muestra un botón: obtener mayoría calificada en la Asamblea Nacional el 6-D.
Unidos, organizados, en la calle de manera pacífica, construiremos La Mejor Venezuela; hace casi tres meses dimos el primer paso al elegir 112 diputados; este año continúa el cambio que todos queremos y hemos expresado siempre enmarcados en la Ley.
La Salida hoy está más vigente que nunca. El Cambio es inminente, a este Gobierno se le acabó el tiempo; diecisiete años son más que suficiente para dejar claro en el mundo que Venezuela les quedó grande.
Artículo 233. Serán faltas absolutas del Presidente o Presidenta de la República: su muerte, su renuncia, o su destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, su incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación