La Justicia argentina procesó hoy al exsecretario de Transporte del kirchnerismo Ricardo Jaime (2003-2008) por el delito de “malversación de caudales públicos” en una causa que investiga supuestas irregularidades en la reparación de coches de una línea ferroviaria de Buenos Aires.
EFE
El juez federal Norberto Oyarbide dictó hoy el procesamiento, tras el pedido del fiscal Carlos Stornelli, e impuso un embargo por 1.001.000 pesos (unos 64.166 dólares), según publicó hoy la agencia oficial Télam.
El anterior juez del caso, Luis Rodríguez, había dictado falta de mérito para Jaime, pero tras el cambio de magistrado, la situación del exjefe de Transporte ha cambiado.
Jaime, titular del área de transporte durante el Gobierno de Néstor Kirchner y los comienzos del primer mandato de Cristina Fernández, fue procesado en la causa que la Justicia sigue por presuntas irregularidades en la reparación de coches del ferrocarril Belgrano Norte, que une la ciudad de Buenos Aires con el norte del cinturón urbano bonaerense.
Según la denuncia, la Secretaría de Transporte que encabezaba Jaime dio la orden para pagar la reparación de 120 vagones que en ese momento se encontraban en concesión a la empresa Ferrovías.
Sin embargo, algunas reparaciones estaban relacionadas con el mantenimiento de los coches y no debían ser costeadas por el Estado, sino por la compañía privada.
La denuncia, realizada por el exdiputado de centroizquierda Manuel Garrido, apunta a que una resolución oficial autorizaba solo los pagos para la reparación de 80 vagones y que el arreglo de los 40 restantes violaba el contrato de concesión.
El nuevo problema judicial para Jaime se suma a la condena que ya tiene tras la sentencia en el juicio por la llamada tragedia de Once, un choque ferroviario sucedido en 2012 que dejó 51 muertos y centenares de heridos.
En diciembre pasado, la Justicia argentina consideró a Jaime penalmente responsable del choque ferroviario en la concurrida estación porteña de Once y resolvió una pena de cinco años de prisión.
Debido a que Jaime también tenía una condena en una causa por dádivas recibidas de las empresas de transporte que debía controlar, la Justicia decidió unificar ambas penas en un total de seis años de cárcel.