Este sábado se cumplen 27 años del “El Caracazo”, evento que manchó la historia del país, cuando lo que en principio eran unas protestas espontáneas, se convirtieron en destrozos y saqueos en gran escala, primero en la ciudad de Caracas que se propagaron, con menor esacala, a algunas poblaciones del interior del país.
Desbordadas las policías locales, el gobierno de entonces ordenó la activación del Plan Ávila -el reestablecimiento por parte del ejército- del orden público. Los destrozos causados por los robos y saqueos en comercios y edificaciones fueron enormes. Los dueños de esos negocios, pequeños y medianos, nunca fueron indemnizados. Se había dado el improbable de pueblo robando a pueblo. La fuerza militar impuso el orden con la pérdida de muchas vidas humanas. El saldo oficial, anunciado por el Ministerio Público, fue de 600 personas muertas durante estos sucesos.
Muchos de esas casos, se llevaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1991 por organizaciones de defensa de los derechos humanos.
El sistema de propaganda chavista, en su intento de reescribir la historia, presenta la delincuencia desatada durante esos días como una “rebelión popular” en la cual ellos asumen el protagonismo de la acción. La cierto es que los eventos fueron desatados por una confluencia de factores y de errores en la contención temprana de los primeros actos vandálicos.
A raíz de esos sucesos nació el Comité de Familiares de las Víctimas (COFAVIC), organización no gubernamental, que con el paso del tiempo se ha convertido en una de las más respetables y sólidas del país en la defensa de los derechos humanos.
De su página web extraemos su versión de los hechos conocidos como el “Caracazao”
Corrían los primeros meses del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. El anuncio del aumento de la gasolina y la aplicación de un duro paquete de medidas económicas, fue el antecedente a la protesta popular que tomó cuerpo durante la mañana del lunes 27 de febrero de 1989 en las principales ciudades satélites de Caracas –Guatire y Los Teques-, cuando el servicio de autobuses y por puesto despertó a los trabajadores con nuevas tarifas para el transporte público.
COFAVIC nació de la organización de las familiares de las víctimas y de las propias víctimas de los hechos conocidos coloquialmente como El Caracazo. La protesta, en sus inicios espontánea, empezó a replicarse en otras ciudades del país a medida que se transmitían imágenes en los noticieros. Era una anarquía en la que multitudes de personas saquearon centros comerciales y supermercados. La ausencia de la Policía Metropolitana, debido a la huelga que en ese entonces vivía el cuerpo policial, contribuyó con el incremento de la anarquía, al no frenarse la protesta desde sus inicios.
El 28 de febrero el Gobierno Nacional reaccionó con un decreto que suspendió las garantías constitucionales de libertad individual, inviolabilidad de hogar, libre tránsito, de expresión y los derechos de manifestación pacífica y reunión pública. Los cuerpos de seguridad del Estado, principalmente el Ejército, iniciaron una serie de operativos para reprimir los actos de violencia. Esta acción resultó desproporcionada porque miles de soldados y policías, sin la debida preparación para enfrentar éste tipo de hechos, dispararon indiscriminadamente contra las casas y los habitantes de las zonas más populares de la ciudad en momentos en que los saqueos y desórdenes ya habían cesado.
Durante la primera semana de marzo de 1989, un río de gente se agolpó a las puertas de la Morgue de Bello Monte. Eran los familiares de todas estas personas muertas o desaparecidas que buscaban noticias de sus allegados. Muchos cuerpos nunca fueron entregados, porque se sepultaron en fosas comunes sin el consentimiento de sus seres queridos.
Luego de estos hechos, el Estado no presentó información sobre los cadáveres de las personas de las que se tenía certeza del fallecimiento ni del paradero de las personas que se encontraban desaparecidas. Los familiares estuvieron meses frente a la Morgue de Bello Monte intentando encontrar alguna noticia sobre las víctimas. De este encuentro nació COFAVIC. Los familiares de 42 víctimas así como 3 víctimas directas se unieron para exigir justicia ante las instancias del Estado.
El 27 de febrero del año 2015, hace apenas un año atrás, COFAVIC publicó un comunicado que en este nuevo aniversario tiene todavía vigencia.
A 26 años del Caracazo COFAVIC se pronuncia sobre la impunidad que ha prevalecido en los casos de los sucesos de febrero y marzo de 1989 y solicita el cese de la represión, la violencia política y de la impunidad que existe hoy en Venezuela.
Como sociedad estamos obligados a tomar lecciones del pasado para no repetirlo, por ello el Gobierno, las instituciones públicas, los sectores productivos, los partidos políticos, los medios de comunicación, entre otros, debemos actuar con responsabilidad y no contribuir a la escalada de violencia política que está en desarrollo en el país en la actualidad.
Luego del Caracazo, el país tuvo la oportunidad de analizar en profundidad los hechos que le dieron origen y de ampliar la exigibilidad y el reconocimiento de los derechos humanos, por ello no es aceptable, que hoy día, la represión y las victimas vayan en ascenso al igual que la violencia.A 26 años del Caracazo nuestras fuerzas de seguridad deben tener muy presente aquellos hechos donde sus actuaciones dejaron centenares de hogares rotos. Las instituciones quedaron impactadas negativamente por décadas en nuestra memoria colectiva. Por más difíciles que sean las circunstancias actuales, los derechos humanos no deben transarse.
Cabe recordar que en el Caracazo existió un patrón común caracterizado por el uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes estatales, acompañado del ocultamiento y destrucción de evidencia, así como el empleo de mecanismos institucionales para asegurar la impunidad de los hechos.
La historia de los jóvenes de nuestras fuerzas de seguridad que dispararon hace 26 años contra el pueblo, no puede seguir repitiéndose con los jóvenes policías o militares de hoy reprimiendo a otros jóvenes de nuestro pueblo. Nuestro país merece que a 26 años del Caracazo no se repita la historia de violencia y de impunidad y esa tarea principalmente está ahora en manos del Gobierno y de las autoridades con competencia en materia de derechos humanos. A esa tarea debemos sumarnos todos sin dilaciones.
Por todo lo anterior, exhortamos al Estado venezolano a:
1. Cesar la represión en contra de los estudiantes, líderes sociales, defensores de derechos humanos y factores políticos y realizar investigaciones de oficio, que sean totalmente independientes, imparciales, transparentes y efectivas sobre las violaciones de los derechos humanos denunciadas.
2. Adecuar sus mecanismos de control del orden público con los principales estándares de respeto y garantía de los derechos humanos. El Estado venezolano está en la obligación constitucional de armonizar sus planes operativos de control del orden público, disponiendo de diversos medios para el uso diferenciado de la fuerza, respetando el debido proceso y las garantías judiciales de todas las personas. El Estado debe dar preeminencia al empleo de técnicas de persuasión, mediación y negociación; así como cumpliendo la prohibición constitucional del uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas, tal y como está consagrado en el artículo 68 de nuestra Constitución.
3. Instamos al Poder Ejecutivo a derogar la Resolución 008610 que autoriza inconstitucionalmente el uso de armas de fuego para reprimir manifestaciones públicas. Todas las medidas de restablecimiento del orden deben ser compatibles con los derechos humanos y los principios de una sociedad democrática. Tal y como lo establecen, los artículos 68 y 332 de nuestra Constitución.
4. Tomar medidas de pacificación y de carácter humanitario para disminuir los niveles de polarización y de violencia política. Las instituciones con competencia en materia de derechos humanos deben actuar de manera independiente, sin prejuicios políticos o de otra índole.
5. La justicia no puede convertirse en una herramienta de venganza política, porque deja de ser justicia y resulta un potenciador de la violencia y la exclusión. Las personas sometidas a juicio deben contar con todas las garantías judiciales y el debido proceso en todo estado de su investigación.
6. Cumplir con el Informe del Comité contra la Tortura de la ONU, las resoluciones del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU y dar seguimiento y atender las preocupaciones expresadas por el Alto Comisionado al respecto, en los casos de Leopoldo López, Daniel Ceballos y del Alcalde Antonio Ledezma.
7. También, vemos con profunda preocupación el aumento del riesgo y la vulnerabilidad de la situación de los defensores de derechos humanos en Venezuela. Debe cesar por parte del Estado la sistemática política de criminalización en contra de quienes ejercen la defensa de los derechos humanos. Las ONGs son críticas por esencia y los Estados deben respetar su actuación y su independencia como parte de las garantías mínimas de todo sistema democrático.
Con relación al caso del Caracazo:
1. Luego de 26 años del Caracazo, el Estado venezolano, en los últimos 11 años, durante cada aniversario intenta generar una matriz de opinión en la que predomina la idea de que se está haciendo justicia en estos hechos, invisibilizando una vez más lo que viven las víctimas y la impunidad que ha prevalecido.
2. Altos funcionarios del Estado durante cada aniversario, señalan una cifra diferente de asesinatos y heridos correspondientes a esa época. Las autoridades indican de manera indistinta de 3000 a 6000 personas asesinadas. Sin embargo, luego de 26 años, no se ha publicado una lista oficial de fallecidos, desaparecidos y heridos. Como parte del establecimiento de la verdad de lo ocurrido y de la ejecución de garantías de no repetición de estos hechos, el Estado está obligado a hacer públicos los nombres de las víctimas del Caracazo y no hay motivos para seguir ocultando esto.
3. En los casos del Caracazo ha prevalecido un grave esquema de impunidad, que irrefutablemente demuestra que luego de 26 años, no se ha establecido una sola condena en contra de los responsables, ni se sabe quiénes dispararon en Catia, El Valle, Petare o La Vega en contra de humildes viviendas, ni quién dio la orden de enterrar los cadáveres en fosas clandestinas y quiénes ejecutaron esa orden. Esas preguntas pareciera que no estuvieron ni están actualmente en la línea de investigación de las autoridades. Esa deuda de la justicia venezolana sigue pendiente por falta de voluntad política, para buscar una respuesta despolitizada que toque todos los intereses que sean necesarios y de satisfacción a la verdad.
4. El proceso de exhumación e identificación de los restos de las víctimas del Caracazo que se encontraban en el sector La Peste del Cementerio General del Sur, iniciado el 21 de septiembre de 2009, luego de más de seis años, no ha logrado resultados que permitan identificar plenamente los restos hallados en la fosas clandestinas, ni mucho menos la entrega a los familiares de las víctimas. Seis años después de esta segunda exhumación, a pesar de las múltiples expectativas que se sembraron en las víctimas, los familiares del Caracazo carecen de información técnica y precisa de los resultados de este proceso de identificación y aún continúan sin poder participar directamente en el mismo.
COFAVIC ratifica su firme voluntad de continuar trabajando al lado de las víctimas y fortaleciendo las capacidades de mujeres y hombres en Venezuela en el ejercicio de sus derechos humanos, promoviendo el Estado de Derecho y a favor de los principios de la democracia.