Las conclusiones de las fiscales 56ª y 57ª del Ministerio Público sobre la presunta administración financiera irregular en la estatal Ferrominera Orinoco, en Guayana, son elocuentes. Retumban dentro del PSUV como en Miraflores, en el seno del Poder Judicial y en la Fiscalía General de la República, publica Correo del Caroní.
El eco es más sonoro ahora, sobre todo, porque el juicio contra Correo del Caroní por publicar investigaciones sobre estos señalamientos ha devuelto la atención a una complicada agenda del gobierno: a la escasez, a la impunidad y a la violencia se añade otra gran deuda, la lucha del gobierno contra la corrupción.
Estas preocupaciones, que parten también de algunos sectores del gobierno, han hecho que los expedientes hayan ampliado sus folios con medidas privativas de libertad, condenas y causas sobreseídas. Que el Ministerio Público haga su trabajo no es un crimen. Que Correo del Caroní investigue, corrobore, pregunte y publique, notas de prensa del mismo contenido además que pueden encontrarse en el sitio web de la Fiscalía General de la República- tampoco debe constituir un delito.
La ONG Transparencia Venezuela no sólo rechaza la condena contra el director de Correo del Caroní por informar sobre las irregularidades en la pionera de las empresas básicas de Guayana, sino que razona que en el fallo “se utilizó la legislación para castigar la verdad informativa y silenciar a periodistas y medios de comunicación que cumplen con el deber de llevar a los ciudadanos información veraz y oportuna”.
Es interés de la sociedad conocer qué sucede con las finanzas del peculio nacional. Es punible la administración irregular de los recursos económicos del país. Con o sin socialismo de por medio. En el caso de Ferrominera Orinoco la intermediación contraviene la ley de nacionalización del hierro, por ejemplo. Tal ha sido la preocupación que el Plan Guayana Socialista exigió en mayo de 2013 una investigación “hasta las últimas consecuencias”.
El entonces ministro de Industrias -hoy vicepresidente sectorial y ministro de Planificación-, Ricardo Menéndez, instruyó un reordenamiento del comercio en la extractora de mineral de hierro. ¿Su argumento? La necesidad de un “saneamiento estructural”.
De acuerdo con la medición más reciente de la ONG Transparencia Internacional en 167 países sobre corrupción, Venezuela está entre los 10 países con peor percepción. Sólo la superan: Irak, Libia, Angola, Sudán del Sur, Sudán, Afganistán, Corea del Norte y Somalia. Sin duda una pésima reputación, sobre todo en tiempos de afán en Miraflores por limpiar su imagen en el orbe.
Periodismo primero
“También condenamos que el Estado venezolano, representado en el juez Beltrán Javier Lira, haya dado curso a un juicio que representa la violación de las garantías para el ejercicio legítimo de la libertad de expresión, yendo así en contra de lo que establece la Constitución venezolana y los principios internacionales de derechos humanos”, agrega el comunicado de Transparencia Venezuela.
El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS Venezuela) lamentó este viernes que el tribunal sexto penal de Puerto Ordaz haya concedido un aval judicial a la censura.
“Desde esta organización insistimos en que esta condena -que deriva en censura para la cobertura en materia de corrupción- es regresiva para la libertad de expresión y pone en riesgo el ejercicio del periodismo, como un oficio natural para escrutar el poder y de contraloría social. Reiteramos que la justicia no debe ser utilizada para castigar la labor de medios y de periodistas”, remarca IPYS, no sin antes advertir que “el sistema de justicia debería proteger el derecho de los ciudadanos a estar informados -de manera pertinente adecuada y oportunamente- sobre los asuntos de interés público, y no aplicar penas por difamación”.
Para la ONG Espacio Público se trata de un “hostigamiento judicial contra medios críticos al Gobierno”. Además señala otros dos aspectos: que, a pesar del alegato de la defensa en el juicio, el juez desestimó la prescripción de la demanda tras dos años y ocho meses, como lo estipula los lapsos en el marco jurídico venezolano, primero.
Segundo: de acuerdo con la Declaración Conjunta de 2003 de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos, de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y de la ONU, “los trabajadores de los medios de comunicación que investigan casos de corrupción o actuaciones indebidas no deben ser blanco de acoso judicial u otro tipo de hostigamiento como represalia por su trabajo”.
Necesidad de la información
En el estado Bolívar, donde la realidad es desmentida por el poder y sus medios de comunicación dependientes, se hace vital el ejercicio autónomo del periodismo. El guión simplificado de negar los hechos para luego resultar desmentido por ellos es por demás conocido: masacre en La Paragua, saqueos en San Félix, prohibir las colas en la noche y más recientemente la desaparición de mineros en Tumeremo.
Para este último caso, la Gobernación afinó mejor su lógica: como no hay cuerpos (de mineros) no hay delito (matanza, desaparición forzada). Así lo plantea una ley en criminalística. Así también lo plantean los documentos de los testaferros.
Esta preocupación es compartida por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, que no vaciló en tildar el fallo del juicio a Correo del Caroní como una “condena al periodismo independiente”. El rigor periodístico no tiene por qué pedir permiso al poder para informar, así lo consideró la seccional Guayana del Colegio Nacional de Periodistas este viernes tras la sentencia.
También es el parecer de más de 20 medios nacionales y extranjeros que publicaron textos periodísticos sobre las irregulares en Ferrominera en 2013.
Ante el nefasto precedente que trae consigo este fallo contra la libertad de expresión, el cerco al acceso a la información y la vulneración del derecho de los venezolanos a la verdad: Correo del Caroní recuerda que informar no es un delito. La corrupción sí.