El Comité por una Radiotelevisión de Servicio Público (RTSP), miembro de la Alianza por la Libertad de Expresión, contó 26 procedimientos judiciales incoados por el Ejecutivo en los últimos 22 meses contra medios y periodistas.
“El gobierno de la hegemonía comunicacional y su cómplice poder judicial establecieron un infausto precedente más, ya que otros medios impresos y electrónicos andan igualmente sometidos a juicio por difamación e injuria tras haber reproducido en sus columnas una información internacional de interés local”, alertó ayer RTSP, en un comunicado.
El comité, presidido por Antonio Pasquali, denunció “el nuevo deplorable intento gubernamental de silenciar los medios insumisos al régimen que ventilan con coraje las corruptelas del sector público” que se adelanta contra el Correo del Caroní; por lo que exige al gobierno el cese de “su prepotente e ilegal ensañamiento contra la libertad de comunicar”.
Exhortan a la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional a velar por que se apliquen en el país los estándares legales, nacionales e internacionales, sobre derechos humanos.
Igualmente sugieren al Parlamento que revise con urgencia el Código Penal vigente y elimine los artículos que establecen sanciones penales y prisión por difamación e injuria.
“Se trata de imputaciones decimonónicas y tan discrecionales que vuelven intangible al funcionario público y sólo se aplican para cercenar el derecho de mirada y la libertad de expresión de la disidencia, cuando una justicia imparcial debiera más bien aplicarlas al libertinaje comunicacional de voceros, altos y altísimos funcionarios públicos que a través de los medios insultan, denuncian sin pruebas ni límites, emplean abiertamente el espionaje ilegal e incitan al odio contra sus opositores políticos”, señalaron.