El 21 de febrero en los calabozos de la sede de la Policia Municipal de Chacao, en el distrito metropolitano de Caracas, un motín encendió todas las alarmas del organismo. Los presos hacinados en los calabozos se amotinaron y agredieron a cuatro funcionarios que estaban de guardia. Los reos exigían ser trasladados de penal y se quejaban por la falta de espacio y los continuos retrasos en sus procesos. Según medios locales, el incidente violento provocó que ocho presos y dos funcionarios resultaran, uno de ellos con politraumatismos debido a los golpes que recibió y otro con heridas de arma blanca en el pie.
De acuerdo con la organización Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), en 23 centros de reclusión preventiva venezolanos hubo en 2015 ocho motines, diez intentos de fuga, siete incidentes de fugas exitosas y siete secuestros a funcionarios.
Un centro de reclusión preventiva debería ser, como su nombre indica, un centro para el encierro temporal de presuntos transgresores de la ley; pero en Venezuela se han convertido en prisiones de estancia indefinida en las que nadie sabe cuándo será trasladado o liberado. Un detenido no tendría que estar más de 45 días en un calabozo policial. Sin embargo, la realidad es muy distinta en Venezuela, donde hay detenidos en centros preventivos con más de tres años sin obtener por ello ningún tipo de reducción de pena. ABC tuvo acceso a los calabozos de la Policía de Chacao, y pudo constatar las duras condiciones.
Nos acompañan varios funcionarios policiales para llegar hasta las celdas. Parecería exagerada la seguridad y las advertencias minutos antes de pasar junto a las primeras celdas. «Estos calabozos son un infierno» señala uno de los policías a mi lado. Se oye un murmullo masivo, como si estuviesen rezando. En un área de 48 metros que fue construida para albergar a 36 personas, actualmente hay 133. Los espacios que antes eran zonas de visita se han transformado en lugares de reclusión «provisional» para reclusos enfermos o heridos.
La hediondez es penetrante, el calor insoportable. Casi no se puede respirar. No existen condiciones sanitarias para tantas personas. Para asearse solo hay una regadera cercana a las celdas que sirve de ducha. Cada uno tiene que improvisar y guardar un recipiente de plástico y bolsas para depositar su orina y defecar. A simple vista a todos se les ve la piel amarillenta con manchas y grandes marcas; los pies hinchados. «Hermano, ayúdenos para que nos trasladen rápido, acá la sarna y otras enfermedades están acabando con nosotros», nos grita Jonathan un hombre de 37 años ingresado por robo que saca sus brazos con desesperación por entre los barrotes.
Los prisioneros pasan las horas en este sitio concentrados en una sola actividad: levantarse y acostarse. Amarran sábanas que les llevan sus familiares y las convierten en hamacas, ya que es la única forma de conseguir dormir un rato.
Los familiares acuden a diario para llevarles comida y ropa, ya que en el centro policial no tienen presupuesto para esos «lujos». Fuera del centro nos encontramos con Isabel, una madre abnegada que, puntualmente, a las cinco de cada tarde, espera su turno junto a los portones. Su hijo, un chico de 21 años, lleva más de 5 meses recluido por intentar robar una panadería. « Esta situación no se la deseamos a nadie. Se están violando los derechos humanos de toda esta gente sin que importe lo que hicieron. Vamos cada semana a los tribunales y nunca nos dan respuesta».
El alcalde del municipio, Ramón Muchacho, considera que la situación de hacinamiento que se vive en los calabozos de Polichacao «es el reflejo de la realidad judicial que padecen todos los organismos policiales del país» . Muchacho está convencido de que la ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela, no quiere reconocer que hay una crisis carcelaria y de hacinamiento.