La abogada penalista y miembro de la campaña Todos por la Libertad, Theresly Malavé aseveró que la Asamblea Nacional es la única que tiene facultad para decretar la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional.
El presidente Nicolás Maduro tiene hasta el próximo 10 de abril para pronunciarse sobre la Ley, según lo establece el artículo 214 de la Constitución, el cual señala que “el Presidente o Presidenta de la República promulgará la ley dentro de los diez días siguientes a aquél en que la haya recibido”.
“La Constitución establece que una vez que la Asamblea Nacional le remite una copia de la ley sancionada al presidente, éste tiene diez días para promulgarla o remitirla nuevamente a la Asamblea. Si el presidente no cumple ese tiempo, la Asamblea la promulga porque es una facultad exclusiva del Parlamento decretarla”, señaló.
La activista de los DDHH aclaró que la consulta, de la que habla el gobierno sobre la Ley de Amnistía no es la que señala la Constitución porque esa ya la realizó la Asamblea Nacional antes de aprobarla en segunda discusión. “Esto que está haciendo el gobierno es un mecanismo para torpedear la necesidad de pasar el capítulo de los presos políticos y dar un impulso a la paz en el país”.
Malavé aclaró que legalmente el Tribunal Supremo de Justicia lo único que tiene que revisar es si lo hechos que establece la Ley de Amnistía irrespetan el artículo 29 de la Constitución, el cual señala que no se amnistían delitos que atenten contra los DDHH “El único que comete delitos que violan derechos humanos es el Estado y los grupos que trabajan bajo su consentimiento como los colectivos. La Sala Constitucional no puede alegar que la ley es inconstitucional”, puntualizó.
“Ya sabemos cómo trabajan los poderes en Venezuela y es muy posible que encuentren la forma de torpedear la aplicación de la ley y es ahí donde tenemos que hacer presión ciudadana”, señaló y destacó que la Ley de Amnistía establece prisión de dos a cinco años para los jueces que la irrespeten.
La penalista aseguró que si el TSJ califica la ley como inconstitucional, hay que acudir a la presión de calle frente a los tribunales. “Hay que buscar un mecanismo dentro de la Constitución para que no utilicen nuestras expresiones como un llamando a irrespetar la Carta Magna”.
Np